#AsuntosPúblicos: BIENES RECUPERADOS, MÁS CACAREO QUE VALOR

Entendible que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares quiera amplificar sus logros de recuperación de bienes obtenidos ilegalmente por el ex gobernador Javier Duarte y su banda en favor del Gobierno del Estado, especialmente cuando estamos cerca de procesos electorales y debe cacarear el huevo, pero en el contexto del monto de los desvíos de recursos públicos determinados oficialmente, se ha quedado muy por debajo de una justicia resarcitoria al daño patrimonial causado en la pasada administración.

Aunque desde su toma de posesión en diciembre pasado, Yunes ha recurrido en varias ocasiones a los anuncios de la recuperación de bienes de presuntos socios o prestanombres de Javier Duarte, ayer finalmente, además de una reunión especial de recuento (otra vez el cuento), presentó el sitio de transparencia en la página de internet de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), aquí se puede observar el listado de bienes y algunos documentos relativos a las operaciones.

Sin considerar la legalidad con la que la mayoría de estos bienes fueron recuperados, en operaciones bajo presión, a cambio de concesiones y negociaciones de la acción penal, cuando aún Yunes no era una autoridad del estado, sino solo gobernador electo, en forma de “donaciones” al Gobierno del Estado, no vinculadas a un proceso legal, el conjunto, aunque su detalle se vea algo acumulativo, su valor es mínimo frente a las cifras determinadas para los desvíos y daño patrimonial al estado, el cual alcanza hasta ahora (sin incluir el informe que hoy entrega el Orfis) un monto de 66 mil millones de pesos, cifra que equivale a más del 60% del presupuesto anual del estado. Ante estas cifras el valor de lo recuperado por Yunes, no pinta.

El vómito negro y la ordeña a Spinoso

El primero de los tres rubros es el efectivo recuperado. En 5 operaciones del sistema financiero –cheques y transferencias– reporta 722 millones 451 mil pesos; de estas, 2 de ellas por 172 millones de pesos se entregaron por conducto de la PGR. Por otro lado, de lo recaudado por el gobierno del Yunes (550 millones) hay una entrega de cheque por 250 millones de pesos, del 29 de noviembre de 2016, antes de que Yunes asumiera como gobernador. No hay identificación de quiénes hicieron la entrega del dinero, supuestamente por protección de datos personales, lo que no tiene justificación legal.

El segundo rubro, relativo a bienes inmuebles, en su mayoría “donaciones”, dado que acompañan la escritura o documento que acredita la transmisión de la propiedad, permite identificar quiénes son las personas involucradas.

De los ya conocidos aparece José Juan Janeiro Martínez, identificado como operador financiero de Duarte y testigo protegido de la PGR, quien otorga la donación a mediados de 2016 –también antes de que Yunes asumiera el gobierno– del 33 % del rancho Las Mesas en Valle de Bravo, Estado de México y el predio El Faunito en Fortín de las Flores.

Figura como recuperada la casa de Tlacotalpan, pese a que el gobierno de Yunes la adquirió a través de expropiación, procedimiento legal que implica el pago de indemnización al propietario afectado, con una nota de que hay juicios de amparo en curso, situación que no garantiza la definitividad de la “recuperación”.

Están también la casa y lote anexo en Costa de Oro, Boca del Río, que devolvió Dominga Xóchitl Tress –la amante de Duarte–, los únicos bienes que proceden de un proceso judicial, en su juicio abreviado por enriquecimiento ilícito, Xochitl a cambio de su liberación aceptó los cargos y entregó su nidito, comprado con dinero presuntamente público.

El resto de bienes inmuebles y muebles procede la ordeña a Edgar Spinoso Carrera, el Oficial Mayor de la SEV de Duarte, actual diputado federal, uno de los intocables que dice Yunes que no hay, pero no han presentado en su contra ninguna solicitud de desafuero en la Cámara de Diputados, como si lo hicieron con Tarek y El Cisne; Edgar ya vomitó una parte, y vaya que engulló.

Edgar Spinoso y sus prestanombres, sus hermanos Astrid y Alfredo y sus varias empresas de blanqueo, son los mayores “donantes “ al Gobierno del Estado. La lista de inmuebles incluye un departamento en Marina-Tajín, 4 lotes en Punta Tiburón en la zona Alvarado-Boca del Río; en la zona de Xalapa-Emiliano Zapata: 4 lotes en el fraccionamiento Pastoresa, 4 lotes en el Club de Golf, 5 lotes en Monte Magno, un local en la Torre Ánimas, algunos a nombre de ellos, otros de las empresas suyas, la constructora ALEDCE e inmobiliaria SICA.

El vómito aéreo de Edgar Spinoso “donó” un helicóptero Robinson facturado en 872 mil 320 dólares y un avión Lear-Jet adquirido en 3 millones 700 mil dólares, el par de aeronaves propiedad de su empresa Transportes Ejecutivos Piza tienen un valor superior a 90 millones de pesos.

El daño patrimonial al Estado

Si el mismo gobernador Yunes estableció un valor estimado de mil 200 millones de pesos al conjunto de bienes recuperados –que se podrá concretar una vez que se vendan, situación no muy factible de realizar en el corto plazo–, lo disponible ha sido el efectivo por 722 millones y medio de pesos.

Esta cantidad es realmente muy pequeña frente al daño patrimonial causado en la administración de Javier Duarte. El monto arriba anotado de 66 mil 067 millones de pesos se integra de la siguiente manera: de acuerdo con las denuncias presentadas en la Fiscalía del Estado por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), el total del daño al patrimonio es de 23 mil 190 millones de pesos (22 mil 053 millones corresponden a la cuenta pública de 2015).

Por su parte la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó un monto de 35 mil 171 millones de pesos entre falta de comprobaciones, reintegros pendientes y denuncias penales, hasta 2014. Aparte las observaciones de desvíos y daño patrimonial por el gasto federalizado de 2015, que ascendió a 7 mil 706 millones de pesos.

Más lo que se acumule por la cuenta pública de 2016, no menos de 10 mil millones de pesos por desvíos y daño patrimonial, imputable todavía a la administración de Javier Duarte.
La recuperación de bienes de Yunes, en ese contexto, suena a alharaca electorera.