#AsuntosPúblicos: EL AJUSTE DE YUNES NO SACA LAS FINANZAS DEL HOYO

La propuesta de ajuste al programa financiero de 2017 que presentó el gobernador Miguel Ángel Yunes el pasado jueves a los diputados de la Comisión de Hacienda del Estado por conducto de la secretaria de Finanzas, Clementina Guerrero, no contiene salida para la crisis de las finanzas públicas.

Más allá del diagnóstico –si fuera válido–, que identifica al menos la incapacidad para solventar los gastos, su propuesta carece de realismo y de alternativas viables para enfrentar las inercias presupuestales; no se ve cómo le van a hacer para financiar el “déficit estructural”. La reducción del gasto propuesta, de 1 mil 282.7 millones de pesos es ridícula frente a un faltante reconocido de 22 mil 716 millones de pesos. ¡A rogar para que rescate el Gobierno Federal!

Si a partir de comentarios de los diputados de la Comisión de Hacienda, de Sergio Rodríguez del PRD, que la preside, y Daniela Griego de Morena, que es vocal, se tenía una idea de la raquítica propuesta del gobierno Yunes, la apreciación de que era insuficiente el recorte al gasto, el examen directo del documento no sólo confirma su juicio; además permite constatar la ausencia de salidas a la crisis financiera. No encuentran ni Yunes ni Tula la cuadratura al círculo del déficit. Y ahí se va.

El déficit y La seudo estrategia

Los nuevos funcionarios de la Sefiplan descubrieron el hilo negro, hallaron una crisis de falta de dinero o liquidez y las malas prácticas en el manejo de los recursos a través de la mítica “licuadora”, la caja negra radicada en la Tesorería de la Sefiplan, donde se mezclan los ingresos de todos las fuentes, sean los de uso “etiquetado” o “libre disposición” y se asignan discrecionalmente para el gasto (con el acuerdo del gobernador en turno).

No pueden estar más sorprendidos con que los ingresos son insuficientes para cubrir el gasto y sostienen que tienen un faltante de 22 mil 280 millones de pesos, debido principalmente a que el Presupuesto de Egresos no integra la totalidad de gastos reales. Es decir, históricamente se gasta más de lo que se reconoce presupuestalmente (y también en la contabilidad gubernamental).

Integración del déficit

Enumeran 7 componentes en los que el gasto real es superior al que figura en el presupuesto: gastos heredados de nómina de Educación y Salud que antes se pagaban con recursos federales, por 2 mil 482 millones de pesos; gastos de operación de dependencias, se pagaban sin presupuestos, por 3 mil 462; por mayor costo de la deuda este año, un diferencial de 2 mil 637 (adicional a los 6 mil 358 millones presupuestados); por déficit real del IPE 2 mil 450 millones (adicional a los 750 millones presupuestados); adeudos a municipios por 3 mil 4 97 millones; presión de recursos a organismos y ramos autónomos por 1 mil 744 millones y supuestos refrendos para programas federales por 7 mil 244 millones. La suma total impagable con los ingresos previstos es de 22 mil 716.9 millones de pesos. Una cantidad imposible de cubrir.

Ajustes a ingresos y gastos; superficiales

La falta de dinero no es novedad, pero si su diagnóstico del déficit fuera correcto, no ofrecen como compensarlo.

Los cinco puntos del ramo de ingresos son una vacilada. Aunque están obligados a mejorar la recaudación, los aumentos a los ingresos no ocurren por arte de magia ni por poner las ilusiones en un documento. ¿Cuánto obtendrían y en qué tiempo con una “mayor fiscalización”?, ¿con el reordenamiento del transporte, una ley apenas aprobada?, ¿con cobranza y recuperación de la cartera vencida, o la concentración de ingresos en la Oficina Virtual de Hacienda (OVH)? Dicen que mil millones de pesos adicionales ¿este año?, además de que ese monto sería de poca contribución para acortar el déficit, todas las medidas son de lenta implantación y demorado efecto recaudatorio.

Las medidas para ajustar los egresos son también insuficientes, de efecto diferido o poco factibles, en conjunto inútiles para enfrentar junto con los ajustes de ingresos el desequilibrio financiero.

La más tangible y precaria es la reducción al presupuesto de un grupo de dependencias, organismos públicos descentralizados, fideicomisos, organismos autónomos y para inversión pública. La reducción propuesta es de 1 mil 282.5 millones de pesos sobre un monto autorizado de 33 mil 378 millones, el 3.84% que se ha mencionado con ajuste directo al gasto.

De la reestructuración de la deuda pública por 35 mil millones de pesos, aun sin negociar y quién sabe cuándo se concrete, le calculan un ahorro este año de entre 400 o 700 millones de pesos (no especifican si sobre lo presupuestado o el total que incluyeron como componente del déficit). Otras tres medidas, estas sin cuantificar (cuentificadas, pues son puro cuento), la reducción de estructuras orgánicas y nivelación de salarios en entidades administrativas, principalmente en las descentralizadas; el decreto del programa de reducción del gasto (un típico plan de austeridad de temporada, como otros tantos; y una “declaración de principios”: “Estricto cumplimiento en la aplicación de los recursos etiquetados para el fin que están destinados” (no “cuchareo ni licuadora” en la administración actual), no representa ningún ahorro, está incluida como adorno.

Sin salida

Es evidente que no hay plan de salida, ¿cómo van a cubrir el nivel de gastos que trae la inercia operativa del Gobierno del Estado? Las plazas de educación y salud, el déficit del IPE, el adeudo con ayuntamientos, etc. Calculan el déficit en 22 mil millones y sólo compensan con menos de 3 mil millones, entre los mil de los ingresos extras, 1,200 de recorte al gasto, 400 o 700 millones de liberación de recursos de la reestructura de la deuda, además sin usar la licuadora, es un problema para el que no ofrece alternativas de solución el gobierno de Yunes. No al menos con el documento que entregó al congreso, en respuesta a su obligación establecida en la aprobación del Congreso al paquete fiscal para 2017. Va a la deriva. Sólo espera un rescate milagroso del Gobierno Federal.