#AsuntosPúblicos: ADMINISTRAN LA TEMPORADA DE CAZA

La semana recién concluida marca un nuevo patrón en el montaje del gobierno de Miguel Ángel Yunes de la cacería a los funcionarios del gobierno Javier Duarte.

En esa semana fueron por tres, pero sólo cayeron dos. El miércoles aprehendieron bajo el cargo de coalición de servidores públicos a Mauricio Audirac Murillo, ex contralor y secretario de Finanzas de julio de 2014 a marzo de 2015; el viernes supuestamente iban por un doble play, pero sólo sacaron otro out; atraparon a Francisco Valencia, ex director de la Comisión del Agua del Estado (CAEV) de agosto de 2014 a noviembre de 2015, por desvíos de recursos, abuso de autoridad, incumplimiento del deber, peculado y tráfico de influencia; y buscaron a Carlos Aguirre Morales, subsecretario de Egresos a lo largo de la administración de Duarte, hasta junio de 2015 que fue destituido, catearon su residencia y le fueron a notificar una orden de aprehensión (¿lo alertaron?), pero se fugó. Hay versiones de estuvo planeado este error.

Antes la cuenta iba lenta, tenían recluidos en el penal de Pacho Viejo únicamente a dos. Uno del mes de febrero, el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, acusado de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia y abuso de autoridad, delitos menores para su nivel de involucramiento en la descomposición de los cuerpos de seguridad, el drama de los desaparecidos y las fosas clandestinas descubiertas. Otro de mediados de marzo, cuando ingresó imputado de facilitar la fuga de Duarte, el ex gobernador interino por 40 días, Flavino Ríos Alvarado, antes secretario de Gobierno y de Educación, concedido un tratamiento especial como el de la maestra Elba Esther para residir en un hospital como cárcel.

De los de medio pelo, con proceso, Leonel Bustos, ex director del Seguro Popular, pudo salir con una suspensión de amparo y no han vuelto a ver el polvo; y sigue su juicio por enriquecimiento ilícito, en libertad, Gabriel Deantes, ex secretario de Trabajo y ex funcionario de la Sefiplan, más que nada operador electoral de Duarte.

A la carta

Se observa una calculada administración de las imputaciones a cargo del fiscal Jorge Wincker al servicio del gobernador Yunes; la selectividad toma en cuenta que hay personajes fuera de su alcance, unos por estar en otra esfera –como el ex gobernador prófugo– o los muchos protegidos por el fuero federal o estatal, exceptuado el ex tesorero Tarek Abdalá, para quien solicitaron un juicio de precedencia en la Cámara de Diputados, mismo que va para largo.

Por eso ahora le tiran a todo el que esté al alcance punitivo de la acción penal, seleccionados por accesibilidad e impacto numérico, más que por cercanía al núcleo de la banda y montos del botín.

No es que los que han capturado estén limpios –eso se verá al final de sus procesos– y varios de ellos, como Audirac y Aguirre, habían sido exhibidos reiteradamente en su acumulación patrimonial y excesos, incluso sancionados por el propio gobierno de Duarte para descargar en ellos su responsabilidad.

Pero conocido el esquema implantado por el gobierno de Duarte para extraer ilegalmente recursos públicos, la mira del gobierno de Yunes apunta a operadores complementarios o ejecutores, es decir, segundos, no a las cabezas del saqueo.

Seguramente hay factores de la situación política para esa estrategia de caza. El agotamiento de los montajes de la presunta recuperación de bienes de Duarte –sin que se le haya aprendido a él y al núcleo de su camarilla–, sea por fuero o acuerdos de delación o devolutivos, entre o no a la caja oficial; la necesidad de mostrar al público resultados en el castigo a la corrupción en medio de elecciones y con graves problemas sin resolver en materia de seguridad y finanzas públicas.

Tela de donde cortar

Facilita la persecución penal masiva a ex funcionarios el desorden y la rapacidad del gobierno de Duarte que involucró a todos los mandos superiores, medios y operativos en los desvíos de recursos públicos, cada uno en la responsabilidad que le corresponda y que puedan comprobarle.

Innumerables operaciones irregulares se han expuesto y documentado profusamente. Alcanza ya no para un manual sino para una enciclopedia de delitos de cuello blanco en la administración pública, En la esfera federal están los informes y denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) –el Servicio para la Administración Tributaria (SAT) y las integradas por la Procuraduría General de la República (PGR). En el ámbito local, las denuncias de la Contraloría del Estado y del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) por el daño patrimonial en la cuenta pública de 2015 y de seguimiento a las observaciones de ejercicios anteriores.

Podría haber un reventadero administrado a partir de estas denuncias locales. Falta el tema de las empresas fantasmas, las del SAT y las detectadas en la revisión de 2015, créditos no comprobados, manejo indebido de la reserva técnica del IPE, entre otros. There will be blood.

Habrá show aunque no atrapen a Duarte ni caigan los principales duarpillos.