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En la discusión sobre la reforma para limitar las llamadas pensiones “doradas”, la diputada Montserrat fijó una postura firme: sí a eliminar privilegios excesivos en el servicio público, pero no a costa de violar la Constitución ni de aplicar la ley de manera selectiva. Desde tribuna, la legisladora reconoció que existe una profunda desigualdad en el sistema de pensiones en México, donde mientras algunos exfuncionarios reciben montos millonarios, la mayoría de la población sobrevive con ingresos muy limitados.
“No venimos a defender excesos ni privilegios. Estamos a favor de terminar con abusos que ofenden a millones de mexicanas y mexicanos que trabajan todos los días para salir adelante”, expresó. En ese sentido, respaldó la intención de establecer límites a las pensiones de altos mandos en organismos públicos y de quienes han ocupado cargos en los distintos poderes del Estado. Sin embargo, advirtió que la reforma, tal como está planteada, presenta inconsistencias de fondo que ponen en riesgo el Estado de derecho.
Señaló que el criterio propuesto para fijar el tope —equivalente al 50% del salario presidencial— carece de sustento técnico y responde a una decisión política variable, por lo que planteó que el límite se establezca en Unidades de Medida y Actualización (UMA), a fin de garantizar certeza jurídica.
“Y por supuesto que estoy en contra de las pensiones abusivas, pero imaginemos a un ciudadano, a una persona que le entregó su vida al servicio público, a trabajar más de 20 años de su vida para que termine recibiendo no sabemos realmente cuánto, porque la Constitución no va a ser Clara”. Asimismo, denunció que la iniciativa no aplica de manera uniforme, al excluir a ciertos sectores, lo que evidencia un trato diferenciado.
“No se puede hablar de justicia cuando hay excepciones. No se combate un abuso cometiendo otro abuso. La ley debe ser pareja, no un traje a la medida”, afirmó. también alertó sobre la posible violación al principio constitucional de no retroactividad de la ley, al pretender afectar derechos adquiridos de trabajadores que se jubilaron bajo esquemas legales previos.“La Constitución es clara: a ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. No se puede venir a hablar de legalidad y justicia mientras se impulsa una reforma que atropella derechos ya consolidados”, subrayó.
Además, cuestionó lo que calificó como una “simulación legislativa”, al señalar que mientras se promueve un discurso de austeridad, se mantienen espacios de protección para ciertos grupos. “No es justicia social. No es igualdad ante la ley. Es un doble rasero: austeridad para unos y blindaje para otros”, sostuvo. Finalmente, hizo un llamado a que los recursos que se generen por la eliminación de pensiones excesivas —estimados en miles de millones de pesos— se destinen de manera transparente a atender necesidades urgentes en salud, educación e infraestructura.
“Votamos a favor de terminar con los excesos, pero no avalamos la inconstitucionalidad ni la hipocresía legislativa. Defendemos la legalidad, la certeza jurídica y la igualdad real ante la ley. Porque en una democracia no debe haber intocables”, concluyó.
