#AsuntosPúblicos: DE SALIDA: AUDITOR DEL ORFIS Y FISCAL

La renuncia o remoción de Lorenzo Antonio Portilla, auditor general del Órgano de Fis-calización Superior (Orfis), y de Luis Ángel Bravo Contreras, fiscal general del Estado, se ubica como tema de importancia en la agenda pública y de los actores políticos, a tres días de que se produzca el cambio de gobierno y asuma el Poder Ejecutivo Miguel Ángel Yunes Linares, procedente de un grupo político adverso al que designó a los funcionarios, quienes como se sabe, llevan la marca desprestigiada de Javier Duarte.

No resulta casual que la semana pasada diputados de distintos grupos legislativos del-Congreso local –incluidos los más fuertes, el PAN y Morena, así como Juntos por Ve-racruz, que hace bisagra en votaciones– hayan señalado que Portilla debe renunciar al Orfis y que, en este lapso de la transición al menos para los dos primeros, la salida de Luis Ángel Bravo de la Fiscalía es un tema de su agenda legislativa para el actual pe-riodo de sesiones.

En ese contexto, ayer circuló la versión de que hoy el fiscal presentaría su renuncia –lo que se dice– negó haber hecho.

A Portilla, aunque no se quiere ir, los diputados lo traen entre cejas, además de que le ha pegado (y más le pegará) la denuncia penal del contralor Ricardo García Guzmán a su ex jefe Iván (El Burro) López ante el fiscal del estado, como se sabe, por certificar con falsedad obras públicas que no se realizaron, obras fantasmas del recurrente es-quema con el que la administración de Javier Duarte esta vez se robó un crédito de Banobras por más de mil millones de pesos.

El Burro avaló las obras falsas y Portilla se hizo de la vista gorda. Por eso ahora están aliados en querer tapar ese asunto. Por eso sus mensajes en Black Berry, captados en la comparecencia del contralor, concertando reventar la acusación (“Lo madreo”, dice Iván. “Sí”, asienta Portilla.)

El blindaje que se cae

Pese a que Portilla y Luis Ángel Bravo son titulares de organismos constitucionales autónomos y fueron designados por el Congreso local para periodos transexenales – Portilla lleva cuatro de siete años y Bravo uno de nueve años– nadie puede creer en una independencia de su jefe político, Duarte, quien operó su colocación como parte de los instrumentos del control político y la impunidad.

La pertenencia de Portilla y Luis Ángel Bravo al grupo de Duarte está de sobra acredi-tada en sus trayectorias durante el sexenio; y más con el impulso decisivo de Duarte para promoverlos al sitio en el que están, adonde le podían servir durante su función y a su salida. Antes del brinco al primer nivel, primero como procurador de justicia, Luis Ángel Bravo en 2014 era consejero del Instituto Veracruzano de Acceso a la Informa-ción (IVAI) y Lorenzo Antonio Portilla, hasta 2012, uno de los directores de la Contralor-ía del estado, bajo el mando del entonces contralor Iván López.

En contraparte, para pagar el favor también ambos se plegaron en su gestión a las di-rectrices de encubrimiento a su jefe político hasta muy recientemente en que de modo calculado e inevitable se vieron forzados a hacer algunas observaciones, por parte del Orfis, y consignar a algunos funcionarios, por parte del Fiscal, ante la debacle política de Duarte y su camarilla, el destape de la corrupción generalizada, la intervención fede-ral y el inocultable colapso de la administración del estado. En los años anteriores no vieron nada, se taparon con la misma cobija.

Las dos posiciones, objetivos

Las dos posiciones, la fiscalización de los recursos públicos y el ejercicio de la acción penal, son claves para el control político, más allá de sus funciones institucionales, y por ello son objetivo del nuevo grupo en ascenso, pero además la limpieza de esos cargos se les hace necesaria como una forma de remover blindajes heredados que bloquearían establecer plenas responsabilidades penales y administrativas por el sa-queo bi-sexenal al estado.

Hay una evidente desconfianza en Portilla y en Luis Ángel Bravo. Tanto el gobernador inminente Miguel Ángel Yunes, como los grupos legislativos en el Congreso, tienen en su agenda provocar su sustitución conforme a los procedimientos aplicables, de dere-cho y de hecho.

Consensos por la salida

La dispersión del poder emanada de las elecciones de junio, un gobernador cuyo parti-do no tiene mayoría en el Congreso y un Congreso donde los grupos legislativos están obligados a negociar para la toma de decisiones, alentaba la probable permanencia del fiscal y del auditor del Orfis. No por otra cosa más que por la falta de unidad para la de-cisión de removerlos, el fraccionamiento del poder era su ventaja. Ya no lo es.

Cualquier acción para interrumpir el periodo para el que fueron designados requiere de la mayoría calificada, 34 votos de 50. Vistas las alianzas que ya se han dado para tomar decisiones en el Congreso, la adhesión subordinada del grupo del PRI a la conducción de mayoritario PAN y su aliado el PRD, más la suma de los cinco del grupo Juntos por Veracruz, anticipa la viabilidad de un acuerdo para removerlos; además de que Morena no se ve lejano a ese consenso.

Para provocar el desalojo empezarán por hacerles una evaluación, a la que llegan re-probados. Tendrán que escoger la puerta de salida. Renuncia voluntaria o esperan a procedimientos legislativos de responsabilidades o incluso, un juicio político para desti-tuirlos.

Los relevos: autonomía o control

Otro tema será el de los relevos –hay muchos apuntados–, las cuotas por la decisión, si tienen el perfil del puesto, abonan a la autonomía institucional o al control político de esas funciones del estado.