#AsuntosPúblicos: ELECCIÓN DE PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL

Esta semana habrá nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Acaba la era de La Sosa Nostra, los dos periodos o sexenio de Alberto Sosa Hernández, el primer trienio por elección interna y el segundo impulsado por el gobernador Javier Duarte, de quien se hizo incondicional desde el principio –se dice–, compartiendo beneficios y tolerando, sin queja, el jineteo del presupuesto del Poder Judicial. El contubernio de Sosa al frente del Poder Judicial con el hoy apestado y prófugo de la justicia, ex gobernador Javier Duarte, es ya su estigma; a ver hasta donde le busca el inminente gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, su antiguo jefe y compadre; las relaciones entre ellos se fracturaron una vez que Yunes advirtió los arreglos y componendas entre poderes, como se recuerda, hizo en su momento señalamientos de la corrupción en el Poder Judicial y de la su sumisión al gobernador Duarte.

En su estilo ya están puestos

Con el estilo de política cautelosa y reservada que acostumbran algunos magistrados y el modo más abierto de otros que provienen del medio político, se procesa la semana previa a la sucesión; entre abiertos y semi tapados, los aspirantes ya están puestos y al parecer son sólo dos. Uno identificado con el grupo que llega al Poder Ejecutivo el primero de diciembre, y otro, más al interior del Poder Judicial.

La repelencia del nuevo gobierno a la Sosa Nostra redujo las posibilidades de permanencia de ese grupo, no hubo pimienta para Pimentel, delfín frustrado de Sosa. Mientras que la relación política de Yunes con el político magistrado Edel Álvarez Peña ubicó al ex alcalde de Coatzacoalcos y dirigente estatal del PRI como un candidato natural a la presidencia, a partir del juego de intereses de los magistrados del Poder Judicial. Se dice que los que van en esta jugada especulativa sólo están esperando la confirmación, la señal del nuevo gobernador de que efectivamente es Edel, para irse a la cargada.

Por otro lado, hay otra opción entre los magistrados más antiguos, que buscarían una mayor autonomía del gobernador, en esta corriente sobresale el magistrado Alejandro Hernández Viveros, quien conoce la administración del Poder Judicial, pues ha sido consejero de la judicatura, y ha sido magistrado por al menos dos décadas.

Los que votan

Pero la decisión está en 9 magistrados, sólo votan para elegir presidente los que integran el minipleno o presidentes de las salas del Tribunal Superior de Justicia. Los nueve que votan son: Sara Hilda Beltrán, Dionisio Gutiérrez, Beatriz Rivera, Amadeo Flores Villalba, Edel Álvarez Peña, Daniel Ruiz, Alejandro Gabriel Hernández Viveros, Reynaldo Madruga y Yolanda Cecilia Castañeda.

Este lunes habrá una sesión preliminar del pleno en la que elegirán a dos de sus integrantes que fungirán como presidente de debates y escrutador en la sesión electiva. Tienen previsto elegir el día primero de diciembre por la mañana, a fin de que su nuevo representante acuda como tal a la ceremonia de toma de protesta del gobernador ante el Congreso del Estado.

El fuero no es fuero

El caso del gobernador con licencia Javier Duarte, prófugo de la Justicia Federal, acusado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, está sentando precedentes no sólo en materia de corrupción extrema e indolencia gubernamental. También en materia de jurídica –en el juicio de amparo y la interpretación constitucional del fuero está creando precedentes insólitos.

Al margen de que hay consensos en que Javier Duarte debe ser aprehendido, sujeto a proceso, condenado por el saqueo a Veracruz y confiscados los bienes malhabidos como resarcimiento al gravísimo daño patrimonial que causó al estado, la resolución judicial del juez de distrito ante el que Duarte demandó amparo contra la orden de aprehensión es extraña e incoherente, de malabarismo legaloide; contraria al sistema constitucional.

La PGR ejerció la acción penal contra de Javier Duarte una vez que éste solicitó licencia al cargo de gobernador y, por tanto, carecía de fuero –no requería de una declaración de procedencia de la Cámara de Diputados para acusarlo penalmente por delitos federales–, sin embargo, Duarte retiró la licencia, ese trámite que mandó a hacer al Congreso al primo de Karime, y aunque no reasumió formalmente el cargo, en su demanda de amparo alegó ser gobernador constitucional, tener fuero y por lo consiguiente no podría ser aprehendido sin previa declaración de procedencia.

Malabarismo

Para sorpresa el ingenio de los jueces. El juez de distrito, quien pasará a los anales de malabarismo judicial, admite que Duarte tiene fuero, concede una suspensión provisional, que significa mantener las cosas en el estado en que se encuentran, pero sus conclusiones son totalmente distintas a lo que se deduciría de las premisas. El fuero, argumenta, ¡no impide que la PGR pueda ejecutar la orden de aprehensión!, y encuentra una salida de “interpretación armónica” de la constitución relativa al fuero y diversos de la convención americana, de modo que el fuero no se constituya en una amnistía (¡¡¡¡), asimismo, pese a que le concede la suspensión, precisa que por ser acusado de los delitos de prisión preventiva oficiosa, de ser aprehendido tampoco lo dejarían en libertad.

El fuero existe en el texto constitucional y condiciona la declaración de procedencia para los servidores públicos que gozan del mismo, pero un juez federal, como el del caso Duarte, se puede aventar una interpretación armónica y convencionista y declarar que el fuero no es fuero, no sirve para detener un proceso penal. ¿Entonces para qué sirve?

El problema es que no lo atrapan

El tema es más de interpretación constitucional que práctico. El próximo jueves habrá fenecido el periodo para el que fue electo gobernador Javier Duarte y no tiene más importancia “su fuero” inútil.

El problema es que lo agarren. El secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, ya no se ve tan optimista en la captura; hoy ya no tiene certidumbre de si el fugitivo aún está o no en el país.