#AsuntosPúblicos: DEL ORO MOLIDO, RECARGADO

No se ve ajeno a una jugada política para favorecer al PAN en Veracruz y a su pequeño socio, el PRD, un resultado de negociación de poder, con mediación del centro federal, revivir el instrumento penal para el caso oro molido, exhibir, inhibir y desmantelar al PRI en la conurbación Veracruz-Boca del Río, espacio familiar de los Yunes del PAN, y de paso seguir mermando la imagen al decadente PRI estatal.

Si dicen que no hay políticos muertos, sino en receso, cualquier día el cambio de circunstancias de poder los eleva y pone de nuevo en activo, lo mismo podría decirse de las acciones penales que involucran a políticos. No hay para ellos acciones penales muertas (salvo cuando han causado estado las sentencias, son cosa juzgada y tienen definitividad), sino circunstancias favorables o no para la aplicación de la ley penal.
Así que no se confíen, ni bajen la guardia, los que derivado de su actividad política o en la administración pública enfrentan acciones penales en letargo o aparentemente muertas como ha sucedido con el descontón de fin de semana, el clásico sabadazo de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), se sacaron de la manga órdenes de aprehensión que ejecutaron en contra de tres conocidos militantes del PRI de la conurbación Veracruz-Boca del Río, Anselmo Estandía (director del Acuario, ex presidente del Carnaval y presidente municipal suplente de Boca del Río), Felipe Sosa (ex funcionario de Boca del Río y de la Sedesol) y Graciela Tejeda (ex funcionaria de Sedesol, actual regidora en Boca del Río); ellos fueron trasladados al penal de Villa Aldama, luego liberados bajo fianza, pero sujetos a proceso en un caso antiguo, data de 2013, que no había prosperado legalmente; los 8 involucrados, entre los que cuentan los entonces funcionarios como Salvador Manzur (secretario de Finanzas), Ranulfo Márquez (delegado de Sedesol) y Pablo Anaya, ex secretario de Salud, lo tenían por finiquitado.

Tema político de origen y actual

El tema es completamente político en los motivos y actores: y sus repercusiones inciden en las posiciones de las fuerzas políticas, particularmente en la zona Veracruz-Boca del Río, aunque trascienden al nivel estatal y a sus perspectivas hacia los próximos procesos electorales.

Se encuentran estas implicaciones en la decisión inesperada y extraña de reactivar la denuncia presentada por el PAN ante la PGR por delitos electorales en 2013 en contra de funcionarios del Gobierno del Estado, de la Federación y municipales, de filiación priista en el marco de las elecciones locales para diputados y ayuntamientos, el episodio conocido públicamente como “Operación oro molido”, misma que los del PAN gustan llamar, no sin cursilería, “ladrones de elecciones”.

Como es sabido, la denuncia del PAN se basó en la grabación de un evento partidista en el que presuntamente acordaban usar los programas sociales con fines electorales. En el centro estaban los programas de Oportunidades y en particular la utilización de los padrones de beneficiarios, instrumento al que Salvador Manzur llamó “oro molido” para el anecdotario de la época. Se recuerda también que la queja prosperó debido a la coyuntura del Pacto por México, al primer año de gobierno de Peña; el PAN chantajeó junto con el PRD su permanencia en dicho pacto como condición de que se actuara en Veracruz contra los del PRI; cesaron a Manzur en Finanzas y a Ranulfo de la Sedesol; además Peña se comprometió a realizar una investigación penal por delitos electorales, misma que ha estado a cargo del titular del Fepade, Santiago Nieto, quien ha estado vinculado al PRD, fue asesor de su grupo legislativo en el Senado, situación que ocultó cuando se postuló para la Fepade.

Fracaso legal en primera intentona

Es también sabido que la imputación de la Fepade a los 8 del oro molido había fracasado. En agosto de 2015 el juez cuarto de distrito de Veracruz negó a la Fepade las órdenes de aprehensión solicitadas, argumentando entonces que no se acreditaba el cuerpo del delito electoral previsto y sancionado por el artículo 407 fracción III, hipótesis relativa al servidor público que destine de manera ilegal bienes y servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo al apoyo de un partido político. Sin meterse a la prueba viciada por el origen ilícito de la grabación, el juez rechazó la tipificación del delito, aunque para Manzur el padrón era oro molido, no podía equipararse a un bien o a un servicio, elementos definitorios del tipo delictivo.

Tanto la Fepade como el PAN apelaron ante el Tribunal Unitario de Circuito la negativa del juez a concederles las órdenes de aprehensión solicitadas y el magistrado titular les dio palo, a fines de diciembre de 2015 confirmó la resolución del juez.

Second chance

Pero la Fepade y el PAN le dieron la vuelta, aprovechando que no había sentencia en la causa donde les negaron las aprehensiones, abrieron otra causa, tiene otro número de expediente distinto del previo, con alguna variante del delito electoral, se centraron en otra hipótesis del delito, el condicionamiento del programa a la emisión del sufragio en favor de un partido político (que a ver como lo pueden sostener en el juicio), el caso es que con más apoyo en esta coyuntura, el mismo juzgado que hace un año les negó la orden de aprehensión, esta vez se las obsequió.

Y les agarró desprevenidos a los tres que entambaron y placearon, puestos a la foto de la vergüenza. Mientras el abogado del PAN, dicen los testigos, acompañando en todo momento a los agentes de la Fepade, brincoteaba en éxtasis con su travesura.

Los demás de la lista de los 8 ya se ampararon, como Manzur.

Nadie del PRI pidió la misma vara

En el golpe al partido que cae del poder no hubo de sus filas quién defendiera la plaza. El ex candidato a gobernador de ese partido, Héctor Yunes, defendió a dos de los aprehendidos, pero lo hizo como personas, nada alegó de su militancia ni del móvil político partidista de las acciones, sin contexto político la intervención de Héctor Yunes. Nadie más, signo del vacío de liderazgo que hay en el PRI de Veracruz después de la derrota electoral del junio pasado y el derrumbe del grupo dominante Fidel-Duarte.

Tampoco hubo recordatorio a las denuncias presentadas en diversas ocasiones en contra del PAN –donde han sido gobierno, igualmente han usado la política social con fines clientelares. Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del gobernador electo, actual presidente municipal de Boca del Río, fue coordinador del programa Oportunidades al final del gobierno de Felipe Calderón; es sabido que se le exhibió con grabaciones y fue denunciado por usar los programas sociales con fines electorales sin que hayan procedido en su contra.

Nadie se sorprende de este uso proselitista de los programas públicos; todos lo hacen, generalidad en la práctica que no justifica un ilícito o una falta ética, lo que no convence es la aplicación selectiva con criterio de arreglo político para la sanción por delitos electorales: a todos por igual, con la misma vara. Menos que los del PAN ahora quieran hacerse los santones de la política, los buenos de la historia, sólo porque son un grupo en ascenso al poder.