#AsuntosPúblicos: ROBO DEL CRÉDITO PÚBLICO

La contratación de deuda pública que en el gobierno de Javier Duarte se disparó a 42 mil millones de pesos –tan sólo la registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) garantizada con participaciones–, enfrenta fuertes sospechas de desvíos y corrupción, que deberán no sólo esclarecerse, sino determinar las responsabilidades legales que procedan contra quienes obtuvieron beneficios indebidos de la simulación de operaciones.

Hay evidencias de que varios de los créditos que se contrataron con la aprobación del Congreso no se destinaron a los fines que se les establecieron, principalmente la inversión productiva. Esta sospecha alcanza al gobierno anterior, el de Fidel Herrera (2004-2010), que recibió una deuda pública de 3 mil 500 millones de pesos y la cerró, formalmente, en 12 mil 100 millones de pesos; Duarte se echó lo demás, pese a su renuencia de admitir la nueva deuda, siempre alegó haber reestructurado.

El caso es que entre ambos comprometieron la deuda pública a niveles críticos, elevaron, además del monto, el servicio de la deuda, afectaron la liquidez o disponibilidad de efectivo al otorgar en garantía la mayor proporción de los ingresos por participaciones. Además del incremento desmesurado de los pasivos de corto plazo reconocidos en un reciente informe de la Sefiplan en 46 mil 398 millones.

Pero lo más grave es que ahora, se confirman presunciones, mucho de lo contratado pudo haberse desviado a los bolsillos personales de la banda como lo indican las revelaciones de casos en que literalmente se robaron el crédito (y no de la marquesina, sino de la caja del tesoro).

Todavía no hay fondo en la corrupción

Esta vertiente recién develada indica que todavía no toca fondo el diagnóstico y el catálogo de la corrupción en la administración del gobernador con licencia de Javier Duarte; pese a todo lo que se ha estado ventilando acerca de las múltiples formas en que éste, su camarilla y socios desviaron recursos públicos, siguen abriéndose nuevos casos.

Las formas más abiertas y burdas de latrocinio coexisten con las pretenciosas jugadas de ingeniería administrativa y financiera fraudulenta –como las empresas fantasmas–, modelos en el manual para saquear Veracruz, dos líneas de trabajo rapaz, fallidas; todas hoy al descubierto o en vías de abrirse.

Aunque el abultamiento de la deuda pública en la administración de Duarte fue muy evidente y lo trataron de encubrir a partir del segundo año en que el Congreso local aprobó una reestructuración combinada con pago de deudas a proveedores (la supuesta herencia de Fidel Herrera), ahora se ve, ese crecimiento exagerado del crédito público tiene mucho de fraudulento.

No pocos créditos suscritos para renegociación o para inversiones productivas habrían terminado en las cuentas personales y en lavaderos. Si bien hay muchas presunciones de que los recursos crediticios no se aplicaron cabalmente a su objeto. Además de los negocios asociados, en pagos a consultorías y comisiones, tenemos al menos dos reportes oficiales directos formulados por funcionarios de las áreas de evaluación y control y fiscalización que constatan el robo de créditos en despoblado.

Asalto a la caja de la Tesorería

Un precedente de revelación de evidencias en esa línea de trabajo abiertamente fraudulenta se registra en el informe del Orfis a la Cuenta Pública de 2015, donde se observa como probable daño patrimonial la falta de comprobación de créditos bancarios por un monto de 6 mil 136 millones de pesos. Se trata de dos créditos, uno contratado en diciembre de 2015 por 4 mil 798 millones, al igual que otro de febrero de ese año, ambos para inversión productiva, suscritos con Banco Multiva SA de CV. Según dicho informe y su observación correspondiente la administración de Duarte nada pudo solventar acerca del destino de este dinero; las versiones de los mirones de palo al momento de distribución ubican al entonces gobernador Javier Duarte apersonado en la Sefiplan, como un asalto a la caja, para disponer voraz, caprichosa y discrecionalmente de esos fondos en compañía de su operador del dinero en aquel entonces, Juan Manuel del Castillo, a la sazón subsecretario de Finanzas y Administración.

La denuncia del contralor

La más reciente detección de ese procedimiento de robo de fondos bancarios es la denuncia que hizo el pasado viernes el contralor del estado, Ricardo García Guzmán, en su comparecencia a comisiones del Congreso para la glosa del VI Informe.

Ese día el contralor informó de la denuncia penal presentada ante la Fiscalía del Estado en contra de dos de sus antecesores –se sabe que son Iván López y Mauricio Audirac (éste multi denunciado)–, así como de quienes resulten responsables por presentar informes falsos de obras públicas que no se realizaron con los que intentaron justificar la aplicación de mil 63 millones de pesos. Aquí fueron 2 créditos otorgados por Banobras –uno por 1,074 millones de pesos y otro por 199 millones– para el Programa de Financiamiento para Infraestructura y Seguridad (Profise). Para comprobar la aplicación los ex contralores firmaron listas de supuestas obras públicas en distintos puntos del estado, en los que habría aplicado los recursos. A petición de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Contraloría verificó en los inmuebles listados y constató que ahí no se aplicaron los recursos, se los robaron. Por citar ejemplos locales, en Xalapa dijeron haber ampliado el Planetario del Museo Interactivo (MIX) y terminado el Periférico Sur de Xalapa, éste con una inversión inexistente de 142 millones de pesos; ni se diga lo que cuentearon en el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos y en penales que no se hicieron, entre otros.

En materia de saqueo al estado, hay que ser cochinos pero no tan trompudos.

En la mesa, sin rescate financiero

Con el abordaje del gobernador interino Flavino Ríos Alvarado y el electo Miguel Ángel Yunes al presidente Enrique Peña Nieto el pasado viernes en la reunión de la Conago en Oaxaca, se abrió otra expectativa de alivio a la crisis financiera del gobierno de Veracruz. Por separado les ofreció canalizar el grave problema de falta de dinero y elevados pasivos a corto y largo plazo, otra vez la mesa con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Sin embargo, el mensaje del presidente en la Conago, donde se reunió con los gobernadores del país para pedirles aguanten vara con el ajuste del presupuesto federal 2017 –que si bien no reduce participaciones y aportaciones, sí ajusta las asignaciones federales directas a las entidades–, respecto al saneamiento financiero sigue rehuyendo al rescate de los estados en picada o quiebra como Veracruz. De manera similar al discurso de Meade, se ve el autor del guión, Peña Nieto enfatiza el papel del Gobierno Federal como apoyo y respaldo en el saneamiento de las finanzas estatales sin sustituir “ni reemplazar lo que está al alcance de las atribuciones y responsabilidad propia que tiene cada uno de los gobiernos estatales”.

Es sabido que el gobernador electo Yunes Linares dramatiza la situación financiera; simplista, reduce la causa del faltante al desfalco de Duarte, una parte del problema, o omite, sin embargo otro factor, el déficit estructural, el cual no escapa a la percepción de un análisis no faccioso de las finanzas de Veracruz. La pretensión de Yunes es el rescate –el dinero adicional gratis de la Federación–, y no se duda que esté detrás de las manifestaciones de los últimos días al gobierno saliente para reclamar la totalidad de los adeudos. Es un objetivo evidente de regateo de las condiciones de la entrega-recepción del gobierno. A nueve días del cambio de gobierno, el problema financiero no tiene aún solución. Ni alivio de corto plazo. ¿Cuál será el resultado de la mesa?