#AsuntosPúblicos: COMPARECENCIAS... EN PACHO

Ahora comparecieron ante su respectivo juez penal en Pacho Viejo, a los juzgados anexos al reclusorio estatal que podría darles alojamiento temporal. En contraste con las aparatosas comparecencias que solían realizar en el Congreso del Estado, adonde montaban espectaculares shows –sobre todo Arturo Bermúdez, quien llegaba en helicóptero en un despliegue policiaco–, dos ex funcionarios en desgracia política del grupo íntimo del gobernador con licencia Javier Duarte, prófugo de la justicia, acudieron a sendas audiencias de su causa. El mencionado ex secretario de Seguridad Pública y Gabriel Deantes, menos visible en el mando directo, pero operador electoral de cabecera, ex Oficial Mayor de Educación, subsecretario de Finanzas y secretario del Trabajo al final, embalado como comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).

Ambos aunque acusados por menos de lo merecerían, aparecieron ayer para continuar con el proceso penal que se les sigue por presuntos delitos cometidos en su condición de servidores públicos, los dos dieron nota por el avance procesal.
El ex general

Arturo Bermúdez, imputado por la Fiscalía del estado a cargo de Luis Ángel Bravo por los delitos de tráfico de influencia y abuso de autoridad debido a que celebró contratos de servicios con una empresa de seguridad privada en la que participa su hermana, recibió del juez de control un auto de vinculación a proceso –equivalente al anterior “auto de formal prisión”–, lo que significa que se encuentran elementos de su probable responsabilidad penal, sin embargo, como no se consideran delitos graves, conforme a la nuevo sistema de justicia penal, podrá continuar el juicio en libertad. La misma medida e idénticos delitos se dictó en contra de Alejandro Contreras Uscanga, ex jefe de la Unidad Administrativa de Seguridad Pública y el presunto socio, Roberto Esquivel Hernández, sujeto a proceso por tráfico de influencias. En una audiencia anterior el juez determinó que Bermúdez debía constituir una fianza por un millón de pesos y estableció la prohibición de salir del país. Hasta ahora la lleva; no le han imputado delitos graves, además de los patrimoniales por los que lo indaga el Gobierno Federal (defraudación fiscal y lavado de dinero), vista su riqueza inmobiliaria a nombre de familiares, presuntos testaferros, en el país y en el extranjero, tampoco alguno de los derivados del mando policiaco, como desaparición forzada de personas o colusión con la delincuencia organizada.

El Oso

Gabriel Deantes compareció ayer ante el juez de control por la imputación de enriquecimiento ilícito, acción penal ejercida por la Fiscalía del Estado a consecuencia de la denuncia que presentó el contralor Ricardo García Guzmán, ya que no cuadró la evolución patrimonial de Deantes con sus ingresos comprobables; entre las incongruencias de sus declaraciones patrimoniales se cuentan la pretensión de justificar ingresos desproporcionados con la supuesta donación de pagarés por 40 millones de pesos, que le otorgó –eso dijo– su papá.

En la audiencia celebrada le dictaron como medidas precautorias el embargo de 4 propiedades inmuebles y una fianza por un millón de pesos, así como la prohibición de salir del país y firmar en el juzgado cada 15 días para asegurar que no se ha fugado.

Calendario de comparecencias y otras denuncias

Hoy se sumará a la lista de denunciados de la Contraloría del Estado por delitos cometidos como servidores públicos Édgar Spinoso Carrera, el ex Oficial Mayor de la Secretaría de Educación y actual diputado federal del PRI, enfrentará acusación por enriquecimiento ilícito, de acuerdo con el expediente de la Contraloría del Estado; pero también le resultaría responsabilidad por los contratos adjudicados en la SEV a las “empresas fantasmas”, cuando menos por 324 millones de pesos, según denuncia previa que interpuso el Orfis.

Otros denunciados por el contralor en la Fiscalía del Estado que tienen fuero son el diputado federal y ex tesorero de la Sefiplan, Tarek Abdalá, por desvíos y desfalco, además ya inhabilitado como sanción administrativa; asimismo también con fuero, pero local, el diputado Juan Manuel del Castillo.

Y entre los que no tienen fuero, no se sabe por qué el Fiscal Luis Ángel Bravo no ha ejercido aún acción penal contra los ex funcionarios de la Sefiplan, Carlos Aguirre, ex subsecretario de Egresos y Mauricio Audirac, ex secretario de Finanzas.
Los desafueros y comparecencias penales de ex funcionarios de la banda de Duarte aún están comenzando.

El capo todavía libre

Mientras tanto el capo Javier sigue prófugo y la PGR trata de justificar ante la opinión pública que en verdad lo persigue por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, ofrece una recompensa de 15 millones de pesos por la información que conduzca a su captura y le han embargado cuentas bancarias y propiedades. El proceso al ex gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés y su hijo, presiona al Gobierno Federal para que apresure la detención de Duarte, les pesa la sospecha de que lo dejaron ir.