#AsuntosPúblicos: CONCESIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE VERACRUZ, BAJO SOSPECHA

La percepción general de que hubo un arreglo bajo el agua, cochupo o soborno para otorgar la concesión del Sistema de Agua y Saneamiento del puerto de Veracruz y Medellín a la empresa filial de la brasileña Odebrecht, marcada por esas prácticas a escala global, parece tener su confirmación en la auditoría de legalidad realizada por el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis).

Más allá del elusivo léxico de las auditorías, las observaciones y recomendaciones del Orfis contenidas en el Informe del Resultado a la Cuenta Pública 2015, apuntan a requerir la atención a los órganos políticos –el Congreso local, principalmente– y a los órganos de control de los municipios involucrados, encabezados por los alcaldes Ramón Poo Gil y Luis Gerardo Pérez Pérez a que analicen e investiguen las anomalías reportadas y determinen conforme a sus atribuciones.
A ver si los nuevos diputados locales que traen ansías de novilleros por revertir las operaciones corruptas del “viejo régimen” le entran a esta maraña de intereses. Y es que sería materia de la intervención legislativa determinar la procedencia de la revocación o nulidad de la licitación y por consecuencia de la concesión para operar el sistema de agua como “socio inversionista y operador”, para la empresa Odebretcht Ambiental SA e Interagbar de México, agrupadas como Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento MAS.

Violaciones legales en el procedimiento de licitación

Por lo pronto ya se divulgan las anomalías encontradas. Entre las observaciones relevantes se reporta la omisión de un dictamen de viabilidad y rentabilidad del proyecto emitido por un tercero especializado, tampoco se integró debidamente el expediente para justificar la viabilidad técnica financiera y social para el otorgamiento de la concesión, en ambos casos, incumpliendo con la Ley de Asociaciones Público Privadas del estado.

Por otro lado se señala que existen cláusulas truculentas de duración, una de 20 años y su renovación automática por 10 años más; incongruencia en los alcances definidos de las bases de la licitación con la descripción de los servicios en el título de la concesión; espacios en blanco en los documentos de contratación, sin formalizar datos, entre ellos, la “motivación”, uno de los elementos de validez del acto administrativo: asimismo, omiten la fecha de suscripción para determinar su inicio.

Una omisión de peso sobre la legalidad es que brincaron a uno de los órganos colegiados previstos en la ley que deben participar en todas las fases, una falta que podría dar lugar a la nulidad del procedimiento. Como lo indica el informe, excluyeron al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones del Ayuntamiento de Veracruz, violando la ley estatal de la materia. En cambio, tuvieron injerencia quienes no debían. Dato aportado de modo enigmático: “se detectó la participación de una persona ajena al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones del H. Ayuntamiento de Veracruz durante el procedimiento de licitación pública internacional que concluyó con el otorgamiento de la concesión”.

El gestor de los intereses brasileños

No participó el comité previsto por la ley, en cambio sí lo hizo y de manera notable alguien ajeno, que no debía estar ahí. El informe no identifica al misterioso personaje, pero tampoco sería difícil dar con él.

El agente del gobierno de Javier Duarte para los negocios con Odebretch es Gerardo Mancilla, actual titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), ya se ocupaba de las atenciones y facilidades desde que era director y luego subsecretario. A su vez, su hombre en el negocio específico del agua es Arturo Zorrilla, quien primero estuvo como director del CMAS de Xalapa, y luego fue enviado a conducir la adjudicación de la concesión del sistema de agua de Veracruz, no por casualidad es el director de la empresa mixta MAS, creada por los concesionarios para administrar el sistema de agua del Puerto y Medellín. Pero para conseguir la concesión tuvieron que contar con el sometimiento político de los alcaldes de Veracruz, Ramón Poo Gil, y de Medellín, Luis Pérez Pérez, ¿a cambio de beneficios económicos?

Un jefe en la cárcel, otro prófugo

Se recuerda la presencia en Veracruz de la empresa Odebrecht, un corporativo transnacional de múltiples ramificaciones; aunque hubo acercamientos desde el sexenio anterior, las migas se dieron en éste; no se olvida la gira brasileña de Duarte por varias semanas al principio de esta administración, era su brother Marcelo, su carnal.

Habrá que revisar los demás proyectos en que participaron y las concesiones que se dieron; entre ellos al complejo Etileno XXI, de la filial Brasken-Idesa en el municipio de Nanchital, con una inversión de más de 3 mil 500 millones de dólares. Y ver qué pasó con aquella sociedad de propósitos múltiples formada con el Gobierno del Estado para construir una presa hidroeléctrica y un sistema para dotar de agua a Xalapa y la región, cuánto se gastó y en qué quedaron esos proyectos.

Hoy a los dos exitosos socios se les reviró la suerte. El jefe de la concesionaria, Marcelo Odebretch, está en prisión en Brasil, imputado por un tribunal federal en la trama corrupta de sobornos y blanqueo de dinero –bautizada como lavado de autos– operada contra Petrobras, la empresa gubernamental petrolera. Mientras el jefe de la contraparte local, Javier Duarte, está prófugo, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El nuevo Congreso del Estado deberá ocuparse de verificar la licitación amañada para entregar la concesión al socio brasileño. Con esos precedentes de sobornos para hacer negocios y las anomalías detectadas por el Orfis, queda la convicción de que los Odebrecht y los Duarte se fueron al agua.

Crisis de municipios

El Gobierno Federal en la Ciudad de México capoteó ayer a varios actores políticos de Veracruz que gestionan en esa instancia –ante la insuficiencia local de fondos– alternativas de rescate o salvavidas para la crisis financiera en general y para las demandas municipales de recursos no recibidos.

El gobernador interino, Flavino Ríos, siguió tocando puertas de la Secretaría de Hacienda; el gobernador electo Miguel Ángel Yunes se reunió con el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, para insistir en su ilusorio rescate financiero. Por otro lado, el bloque más numeroso de alcaldes, los que encabeza el presidente municipal de Xalapa, Américo Zúñiga, marcharon ayer alrededor de 60 en las calles de la CDMX hasta Gobernación, donde fueron recibidos por el subsecretario René Juárez; éstos piden lo que les deben pero también que en los sucesivo las participaciones se las entreguen directamente, sin pasar por el Gobierno del Estado, que en su voraz licuadora lo que entra se desvía. Mientras el grupo de alcaldes del PAN y PRD, también en protesta por lo que les deben, se dedican a acampar en Palacio de Gobierno y ahora en la Casa Veracruz –como los 400 Pueblos sin desnudos, o la Antorcha Campesina. Además de firmar desplegados dirigidos al presidente Peña que les redacta Yunes Linares, a servir como grupo de choque local como extras en las escenas de protagonismo rufián del ex Chiqui-perro, transformado en Chiqui-porro, Miguel Ángel Yunes Márquez, presidente municipal de Boca del Río, ahora con delirios de sucesor al trono.

Tan sólo para atender las demandas de los alcaldes faltarían unos 5 mil millones de pesos. ¿Cuánto dará extra Hacienda y para que alcanzará?, son preguntas que tienen que ver con el mantenimiento de la gobernabilidad. Los ayuntamientos, a lo más, tendrán un pago parcial del adeudo, ¿y los demás?