#AsuntosPúblicos: AL BANQUILLO LOS DE SEFIPLAN

Hoy se espera que el Contralor del Estado, Ricardo García Guzmán, envíe a sus representantes de las áreas jurídica y de responsabilidades a la Fiscalía con las denuncias en contra de servidores públicos que desde su posición en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) causaron un daño patrimonial de alrededor de 11 mil millones de pesos.

Aunque la denuncia es por hechos presuntamente delictivos, ha trascendido que en los documentos soporte se implica al grupo que operó discrecional y abusivamente las finanzas del estado en el periodo de 2013 a 2015. Entre ellos se destacan, como tesorero, Tarek Abdul Abdalá (actual diputado federal), como subsecretario de Finanzas, Juan Manuel del Castillo (diputado local electo), Carlos Aguirre Morales (subsecretario de Egresos) y Mauricio Audirac (Secretario), además de funcionarios de mando medio, de la Subdirección de Operación Financiera.
La investigación interna, se sabe, proviene del seguimiento a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); la Contraloría rastreó los recursos “etiquetados” del gasto federal que no se aplicaron a los fines legales previstos; una parte de los cuales se encontraron distribuidos a otras acciones de gobierno, pero otra cantidad, precisamente la que es objeto de la denuncia, no hubo manera de comprobar adonde los destinaron. Obvio, se pensará, se los clavaron, los usaron en beneficio personal (y el de su jefe); todos ellos, es sabido, se escudaban en el uso discrecional de las maletas de dinero en que “eran órdenes superiores”. Todos también, es del dominio público, se enriquecieron en esos cargos públicos.

Ni la primera, ni la última

Esta denuncia penal no es la primera de la etapa de Ricardo García Guzmán en la Contraloría (aparte de la reciente por enriquecimiento ilícito a Gabriel Deantes); tampoco la inicial anticorrupción, se recuerda que tanto Carlos Aguirre como Mauricio Audirac fueron inhabilitados para ocupar cargos públicos y les fue impuesta sanción económica.

Audirac y su grupo tienen otras dos denuncias penales desde hace más de seis meses; a ver si ahora ya las activa el fiscal Luis Ángel Bravo. Una de ellas, un fraude a solicitantes de placas realizado por los “asesores” de Audirac, y otra de directa responsabilidad para éste, por desvíos de fondos del Seguro Popular por más de 2 mil millones de pesos.

La denuncia que hoy se presentará contra los rapaces de la Sefiplan la anticipó hace unos días el contralor García Guzmán; es parte de los trabajos de cierre de la administración, liberada cuando se concluyó de integrar los elementos de prueba; según se sabe, no será la última. El contralor quiere dejar a salvo su prestigio y se deslinda de la banda de Duarte, como otros que subieron al barco sin saber que iba de picada y que estaba lleno de ratones; es el caso de Flavino Ríos, gobernador interino, y permanecieron institucionales hasta el final. El que se lo comió que lo vomite.

Sin rescate financiero

Para que no esperen milagros del Gobierno Federal, el paternalismo populista está muy lejos de la fría tecnocracia que representa José Antonio Meade, Secretario de Hacienda. En uno de los medios privilegiados de televisión usados para que nos enteremos de las políticas decididas, Meade ayer fue muy claro en precisar que no habrá rescate financiero para la situación de insolvencia en el Gobierno del Estado.

En este momento la falta de dinero se combina con la crisis en los municipios por los adeudos de varios meses en la distribución de fondos de origen federal y las exigencias del gobierno electo de que se dejen saneadas las deudas antes de que tome posesión.

Todos tienen que cargar con el desastre financiero que dejó el gobierno de Javier Duarte. No hay de otra.

Meade estableció las reglas; no habrá dinero extra gratis a Veracruz, así que no funciona el argumento de la quiebra y el elevado pasivo heredado por Duarte (sea de 80 mil millones de pesos o de 200 mil millones).

Para los municipios, el secretario de Hacienda indicó que es posible que en lo sucesivo los ayuntamientos reciban directamente las participaciones que les corresponden por impuestos federales; sin que ingresen a través del Gobierno del Estado. Esto conforme a lo previsto en la ley de coordinación fiscal; para ello, los ayuntamientos deben solicitarlo y que lo apruebe la comisión permanente de funcionarios fiscales; se aplica la premisa de incumplimiento del estado en repartir tales recursos a los municipios.

Pero esta salida sólo es posible para las participaciones; otro grupo de fondos, por ejemplo de infraestructura social, no tienen la misma previsión para poder saltar al estado y que la Federación los entregue directamente a los municipios; para poderlo hacer antes deben reformar la ley; la experiencia negativa de Veracruz, con Duarte el devorador de fondos, debe servir para liberar a los municipios de la arbitrariedad de los gobernadores. ¿Pero, de donde se les pagará los tres mil millones que se les han retenido?

Por otro lado, al gobernador electo Miguel Ángel Yunes también lo enfrió. Nadie saldará la deuda que deja Duarte más que el Gobierno del Estado de Veracruz. El problema no es de la Federación sino local y aquí deben enfrentarlo con sus propios medios, que según Meade cuentan con los instrumentos; del uno al cuatro, escojan el que quieran o combinados. Uno, créditos –se entiende reestructura, porque no sería para inversión productiva; dos, anticipo de participaciones –una modalidad de préstamo– a partir del mes de enero; tres, aumentar los ingresos; y cuatro, reducir el gasto. La lección del maestro. El Gobierno Federal ofrece “acompañar las soluciones”, pero en el marco de las reglas de coordinación federal con el estado y los municipios. Nada gratis.

Esta política federal como respuesta a la crisis financiera del estado y municipios aprieta a la administración saliente que ha solicitado un apoyo por 11 mil millones de pesos; pero sólo le queda un mes; ayer por cierto, boletinaron que garantizan el pago de prestaciones, pago de nómina y aguinaldo de trabajadores hasta el cierre; a los ayuntamientos no les resuelve nada en lo inmediato; pero más afecta al gobierno que entra, Miguel Ángel Yunes, que quisiera encontrar las finanzas saneadas como por milagro. Ganó la oposición las elecciones por el rechazo a la mala administración de Duarte con un discurso político de campaña y secuela montado en los señalamientos de corrupción y el desfalco; no en las alternativas reales de reconstrucción financiera. Esa es la carga y el precio del triunfo. Administrar el estado con finanzas sanas no es problema; en vez de la verborrea y el protagonismo y del teatro acusatorio deberán encontrar las respuestas de gobierno.

La postura del titular de Hacienda desinfló las ilusiones de los actores políticos que esperaban a Santa Claus o los reyes magos en noviembre.