#AsuntosPúblicos: POR LA REPARACIÓN DEL DAÑO PATRIMONIAL

Descontado el impacto que provocaron las revelaciones del Informe de la Fiscalización a la Cuenta Pública de 2015, observadas por el Orfis principalmente en el Poder Ejecutivo, lo más relevante de su aprobación ayer en el Congreso local es que podrá pasarse a la exigencia de responsabilidades a los servidores públicos, el resarcimiento del daño, y en su caso, al ejercicio de acciones penales y administrativas para la aplicación de sanciones.

Poco modificó la Comisión de Vigilancia el informe rendido por el Orfis sobre la cuenta pública de 2015; dicho informe, como es sabido ya, documentó la situación percibida e inocultable, el hundimiento de la administración de Javier Duarte al quinto año; el colapso de las finanzas estatales, el sobre endeudamiento y la insolvencia, el desorden de la contabilidad, el presupuesto y la discrecionalidad en el manejo de recursos públicos, incluyendo presunciones de actos de corrupción y desvíos que podrían derivar en denuncias penales.

En cuanto al monto del daño patrimonial en el Poder Ejecutivo, cuya cifra original era de poco más de 14 mil millones de pesos, la Comisión de Vigilancia del Congreso sumó únicamente mil 994 millones de pesos, unas cuentas dudosas de la Coordinación General de Comunicación Social. Admitieron una supuesta comprobación parcial de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y piden a la Contraloría del Estado realice una auditoría especial a la nómina del SEV por comprobación insatisfactoria de los servicios personales por un monto de 8 mil 146 millones.

Los principales rubros

Persisten las observaciones fundamentales del daño patrimonial: créditos bancarios por 6 mil 136 millones sin comprobación de su destino y aplicación; retenciones y contribuciones por mil 439 millones de pesos; disposición de fondos de Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) por 1 mil 439 millones de pesos; retención indebida del Fondo Metropolitano por 504.9 millones de pesos; merma a los convenios federales por 146 millones y cobros no justificados de comisiones bancarias por 9.9 millones de pesos.

Además del daño patrimonial al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) por 2 mil 900 millones de pesos; 284 millones de dos préstamos al Gobierno del Estado que se no reintegraron, así como 2 mil 709 millones que no transfirieron al fideicomiso de la reserva. Otras dependencias o fideicomisos relevantes por el monto del daño patrimonial detectado fueron: en el sector agropecuario se encontró daño por casi mil millones de pesos entre el Fideicomiso de Fomento Agropecuario (Fiverfap), 718 millones, y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedarpa), 286.5 millones de pesos; ambas en el área de Ramón Ferrari Pardiño, ahí se le señalan desvíos de fondos –funciones de caja chica–, dudosos apoyos a supuestos beneficiarios sin evidencia de entrega y uso de facturas fiscales canceladas. La de los fraudes con empresas fantasmas resultó la Sedesol, a cargo de Alfredo Ferrari Saavedra, donde se detectó un gasto improcedente por 431 millones de pesos, golpe aplicado aprovechando un desastre natural. Y las aguas turbias de Francisco Valencia en la Comisión de Agua del estado (CAEV) con 220 millones transferidos a la Secretaría de Finanzas como caja chica y 60 millones por irregularidades en pagos a contratistas por trabajos no ejecutados, anticipos no aplicados y obras abandonadas.

Con la aprobación del informe concluye la primera fase de la fiscalización, la comprobación del uso de los recursos, ahora sigue fincar las responsabilidades a los servidores públicos y el resarcimiento del daño patrimonial causado. Habrá que darle seguimiento. A ver si regresan… lo que se robaron.

Crisis de fondos municipales

Al último mes del gobierno saliente, con Flavino Ríos como interino en el cierre de la administración de Duarte, la insuficiencia de recursos que ha golpeado en todos los sectores hace crisis en los Ayuntamientos.

El problema financiero del Gobierno del Estado se trasladó a los municipios –se han quedado con fondos federales etiquetados– y ahora todos –estado y municipios– hacen agua por falta de dinero.

Unos dicen que a los municipios se les debe 6 mil millones de pesos, otros que sólo son 3; la cantidad que se diga no se puede pagar, eso dicen los que se asoman a la caja y está vacía, ¿será?
Y como ya se está acabando el periodo, viene el cambio de gobierno el primero de diciembre, el conflicto municipal se politiza y los alcaldes toman partido en bloques y estrategias de combate en el forcejeo de la transición. Los del PAN y PRD, cerca de 50 ayuntamientos, integrantes del grupo del gobernador electo Miguel Ángel Yunes, tomaron el palacio de gobierno desde el viernes, reclaman el pago inmediato del 100 por ciento de los adeudos y pretenden representar a todos los municipios. Que no le dejen la cuenta a su jefe Yunes Linares. Otro grupo, mayoritariamente del PRI, alrededor de 80 alcaldes, aunque dicen ser “municipalistas” más que partidistas, lo encabeza el alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga. Igual reclaman sus pagos retenidos, pero con otra forma, sin romper lanzas con el gobernador interino Flavino Ríos, con quien se reunieron ayer para buscar las alternativas.

Antes estos alcaldes se reunieron en el palacio municipal de Xalapa, donde acudieron los dos senadores del PRI, Pepe Yunes y Héctor Yunes Landa, para no dejarles la cancha sola a sus “parientes” del PAN, los hijos de Yunes Linares, quienes ya se sienten los líderes de la revolución y candidatos al gobierno dentro de dos años.

Flavino ya fue a la Secretaría de Hacienda y pidió apoyos por 11 millones de pesos para llegar a la orilla y dejar en caja para que el próximo gobierno tenga para arrancar.

Aún no hay respuesta federal y mientras acá en medio del conflicto discuten no sólo la fórmula sino también quien debe recibir los extras.

Cualquiera que sea la modalidad que convengan para transferir recursos federales al estado –hay consenso en que se le entregue directo a los ayuntamientos o que se haga por medio de un interventor federal–, el argumento del gobierno es que no tiene dinero, y lo que llegará normalmente no alcanza. El punto es que sin rescate federal no hay para pagar. Es el final de terror de la historia Lo que Duarte se robó.