#AsuntosPúblicos: ACCIÓN PENAL CONTRA BERMÚDEZ Y DEANTES

Lo que hace la mano hace la tras; visto el derrumbe decretado por la cúpula del poder en el Gobierno Federal para el jefe de la banda, Javier Duarte, el gobernador con licencia, prófugo de la justicia, con orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, el fiscal del estado, Luis Ángel Bravo –designado por Duarte– se sintió liberado y sin restricciones aparentes para proceder penalmente en contra de colaboradores cercanos de su ex jefe, Arturo Bermúdez Zurita y Gabriel Deantes Ramos; ambos identificados con la corrupción y los abusos de poder, aunque en distinta forma.
Despojados del manto protector los ex secretarios de despacho eran presa de caza del fiscal presionado por actores políticos y la opinión pública; había expectativas de cómo actuaría el fiscal ante las numerosas evidencias y denuncias por corrupción de sus ex compañeros de gabinete. Ayer se definió. Quiere seguir.
Tráfico de influencia y abuso de autoridad, menores
El Fiscal confirmó el ejercicio de la acción penal ante un juez en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, por los delitos de tráfico de influencia y abuso de autoridad, mismos que se tipifican, a su juicio, por haber otorgado indebidamente contratos a un grupo de empresas controladas por familiares suyos, presuntos prestanombres.
Con todo, no se le fue a fondo. El tráfico de influencia es delito menor, tiene pena de uno a 4 años de prisión, mientras que el abuso de autoridad también es menor, si bien de mayor sanción, se castiga con prisión de 2 a 8 años.
No conectan hasta ahora a Bermúdez con delitos más graves, como la desaparición forzada, por el cual le han señalado familiares de desaparecidos; incluso hay un caso gravísimo observado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el de Bryan, el joven cantante en el que se mencionó la motivación personal del ex secretario de Seguridad Pública; además del episodio de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, donde están implicados jefes policiacos cercanos a él; tampoco con los secuestros, el contubernio con la delincuencia organizada. Ni con el enriquecimiento ilícito, ejemplificado con el emporio inmobiliario que le fue exhibido, entre otras muestras la decena de residencias en el idílico Woodland, en Texas, USA.
Con el saqueo salvaje que hicieron en Veracruz, y la violencia delictiva que prevalece, se tendrá por poco los delitos que hoy le imputan a Bermúdez; Si es para arrancar, con algo tenían que hacerlo.
Ascenso y caída paralela
Bermúdez, es sabido, trepó con Duarte; vino a Veracruz en 1998 con Sergio Maya Alemán, el sobrino del entonces gobernador Miguel Alemán Velazco; fue su secretario particular y aprendió a acarrear la maleta del dinero de la Tesorería de Sefiplan, valor inicial que le reconoció Javier Duarte al encontrarlo cuando tomó posesión de Subsecretario de Finanzas (el mismo cargo de Sergio Maya), a partir de diciembre de 2004. Sin ser profesional de la seguridad, Duarte lo introdujo en el medio, lo promovió al C-4 al final del gobierno de Fidel Herrera, lo nombró subsecretario de Seguridad al iniciar su gobierno en diciembre de 2010 y lo sube a titular al desertar en el primer año el general Sergio López Esquer. Balconeado en su inmensa riqueza en el mes de agosto, renunció (le he aceptado la renuncia, dijo entonces el rey del Twitter) para defenderse. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga a Bermúdez por delitos fiscales. Se derrumbó del poder junto con Duarte. No se sabe tampoco de su paradero. Ahora comparten otra condición; los dos son prófugos.
El Oso electoral, delincuente patrimonial
La acción penal contra Gabriel Deantes Ramos procede de la denuncia del contralor del estado Ricardo García Guzmán, quien se sabe proporcionó al Fiscal Luis Ángel Bravo los elementos documentales y el análisis de la evolución del patrimonio, sin correspondencia con los ingresos como servidor público, base para imputarle el delito de enriquecimiento ilícito. Este delito está penalizado con prisión de 3 a 10 años y el decomiso de bienes a favor del estado, además de multa.
Deantes, aunque ocupó formalmente varios cargos en la administración –Oficial Mayor de la SEV, subsecretario de la Sefiplan y secretario del Trabajo al final–, su rol principal fue la operación electoral, de ahí el caudal de efectivo que se agenció, una parte exprimiendo al Instituto Electoral Veracruzano (IEV) y otra en el manejo de los fondos ilegales para movilizaciones y demás chanchullos.
Ostent-oso desde el inicio, sus inmuebles fueron de inmediato detectados, residencias, plazas comerciales y edificios, ahora opacados al destaparse la inmensa riqueza que desviaron encabezados por Javier Duarte como el jefe de los 40 ladrones.
No le cuadraron las declaraciones patrimoniales a Deantes; no sólo le detectaron varios inmuebles que no reportó como propios, sino que también sobrepasó los gastos y las adquisiciones manifestadas, injustificables con sus ingresos lícitos comprobables.
Tuvo la ocurrencia de declarar que su papá le donó pagarés por derechos de cobro por casi 40 millones de pesos, que luego reportó haber cobrado en más de la mitad sin aportar evidencia, por lo que se presume falsa la historia de los pagarés, lo mismo las versiones de ingresos de la esposa, presentada primero como “actriz”, después empresaria, con acumulación patrimonial, sin explicación de ingresos.
La semana pasada, ya con la tormenta sobre Duarte, Deantes todavía se paseó por el Palacio de Gobierno. Ahora a ver dónde lo encuentran.
Tapón de boca a Joserratón
Contundente respuesta dio ayer el titular del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla, al diputado local José Ramón Gutiérrez de Velazco. Desde el frente de los diputados que quieren sacar raja en sus últimos días queriendo ponerse “difíciles”, José Ramón, como otros tantos, mostró su ignorancia de la contabilidad gubernamental y del proceso de fiscalización de cuentas públicas. Le refutó Portilla la propuesta errónea que hizo a la Comisión de Vigilancia de que se “apruebe el informe del Orfis, negando la aprobación a la cuenta pública”, explicándole que el acto legislativo no aprueba la cuenta pública, sino precisamente el Informe del Resultado a la Fiscalización de la Cuenta Pública, condición para que pueda avanzarse a la siguiente etapa de determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones. Asimismo, con palitos y bolitas, le explica el error en que incurre al sumar de modo indiscriminado la lista de observaciones por un monto de 127 mil 238 millones tomadas del propio informe; Gutiérrez de Velazco suma sin ton ni son; el caso típico de querer sumar peras con manzanas.