#AsuntosPúblicos: LA ÚLTIMA CARCAJADA LEGISLATIVA

La agónica Legislatura del Estado que fenece dentro de ocho días –el próximo 4 de noviembre–, sin distingos de partidos aún persigue su pago de marcha, su última carcajada, la recompensa por aprobar “la cuenta pública” de 2015, la penúltima del gobierno saliente que dirigió Javier Duarte hasta el pasado 12 de octubre, y que entregará Flavino Ríos como gobernador interino.

Mal acostumbrados al “pago por evento” por el que se fue para aprobarle las cuenta públicas, primero en la caseta de cobro de la Comisión de Vigilancia, como aduana de entrada, y después, el remate en el pleno, como aduana de salida, una doble exacción por los votos a favor, los diputados salientes regatean como si las condiciones fueran las mismas que antes; y el gobierno sustituto parece creer que le representa algún valor pagar por el servicio.

Nuevo escenario, viejo libreto, actores obsoletos

Lo que ha cambiado es que ahora el Informe del Resultado a la Fiscalización de la Cuenta Pública de 2015, efectuado por el Orfis, es desfavorable al Poder Ejecutivo en muchos puntos –particularmente en las observaciones de presunto daño patrimonial por un monto sin precedentes de más de 14 mil millones de pesos. Además de que la aprobación del informe sobre la cuenta, no exonera a nadie de una responsabilidad determinada en hechos posteriores. Y, lo que les falta, la cuenta pública del año que corre, se revisará y discutirá en la siguiente legislatura, cuando los funcionarios actuales del Ejecutivo ya se hayan ido. Entonces, ¿para qué pagar ahora sin un rendimiento claro, más cuando se supone que no hay dinero o no hay lo suficiente? –todas las manifestaciones y reclamos así lo indican–; si caen los 6 mil millones que pidió de apoyo Flavino Ríos a la Federación, seguramente hay mejores formas que aplicarlo que a la bolsa de los diputados de salida.

Emparejarse en último show

Los diputados de la bancada del PRI y sus aliados, una bancada súper mayoritaria que permitió a Duarte gobernar sin frenos la segunda mitad de su mandato, fragmentada y en dispersión y rebeldía después de la debacle electoral de junio, tiene aún en su perspectiva cuentas por cobrar. En la escasez que sobrevino –para el estado y los ajenos al primer círculo de la banda–, a los diputados de la bola les regatearon el pago de sus votos, en ocasiones con abonitos que les dieron por algunas aprobaciones del fallido paquete de blindaje, ofreciéndoles ponerse a mano en la aprobación de la cuenta pública. El momento llegó pero bajo condiciones muy diferentes. Duarte anda de pelada y aprobar la cuenta pública, en el interés objetivo del actual gobierno, carece de valor.

Para lo que sí vale y mucho es para los diputados salientes, especialmente para los 11 de la Comisión de Vigilancia, desde Francisco Garrido, hoy diputado independiente, hasta el panista Julen Rementería, que hace su cuento por cobrar. A toda velocidad pretenden consensuar un dictamen sobre el informe –dando cucharadas a las observaciones y buscando que las acepte el auditor del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla, y modifique algunas porciones del informe, a lo que no está obligado, ya que tiene autonomía técnica, como órgano constitucional. Aparte de que Julen se quedó en el bachillerato.

No se sabe en qué parará, aunque desde su interés los diputados cobrarían o tratarían de hacerlo sólo que hubiera una actuación, que aprueben un dictamen y convoquen al pleno a un periodo extraordinario antes del sábado 5 de noviembre; ese día otros serán los diputados.

Que sí hay para comprar votos sin valor

Dicen que para la política sí hay dinero (aunque se malgaste, como sería el caso) y que ya se había dispuesto que Garrido repartiera la bolsa, pero que se enteró Callejas y le brillo el ojo de vidrio, reclamando sus prerrogativas como líder de la bancada del PRI.

En realidad no habría que pagarle nada. Si esta legislatura no aprueba el informe, lo tendrá que hacer la siguiente.

Mientras el Congreso del Estado no apruebe el informe del resultado del Orfis a la Cuenta Pública de 2015, el proceso de fiscalización no avanzará; es decir, no comenzará la etapa de determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones a los servidores públicos; y por lo tanto estarían impunes los que causaron un daño patrimonial al estado. Tendrían paralizado al Orfis. El informe le tocaría aprobarlo a los siguientes diputados, una vez que comprendieran que de no hacerlo estarían impidiendo que los que desviaron recursos rindan cuentas.

Mientras tanto, les viene cayendo el telón a los diputados salientes. A ver cómo termina este último acto, si cobran o no.

INAI contra Ley de Transparencia de Veracruz

Lo que faltaba. Se avecina otro litigio contra la legislación veracruzana que no pocas veces el dócil Congreso aprobó plagada de subterfugios para capricho del decadente grupo gobernante.
Ayer el Instituto Nacional de Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de 12 artículos de la ley de la materia del estado de Veracruz.

Para el INAI estos artículos son violatorios al orden constitucional, ya que se oponen y limitan la transparencia y el acceso a la información, o constituyen una omisión legislativa.

El gobierno de Duarte rompió récords en impugnaciones de inconstitucionalidad; una mochada dio la corte a la Ley de Pensiones, un buen revés al Código Electoral y un knock out al paquete de blindaje para cubrir la retirada. Habrá que darle seguimiento a este nuevo litigio constitucional, que corresponderá responderlo a las nuevas autoridades en el Ejecutivo y Legislativo. A ver que resuelve la Corte.