#AsuntosPúblicos: TRANSICIÓN CON BACHES

Si dicen que en la forma de pedir está de la dar, no es remoto que la próxima semana comencemos a ver las fricciones por los trabajos preliminares de la entrega recepción entre el grupo del gobernador interino Flavino Ríos y el de Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo.

La impaciencia de Miguel Ángel Yunes por asumir el Poder Ejecutivo y su incapacidad para adaptarse al estatus de gobernador electo vuelve a manifestarse; ahora ya sin el antagonista Javier Duarte, igualmente inadaptado en su rol de gobernador sin poder, derrotado y con estigmas de corrupción; pero Duarte ya se fue, lo sustituyó para concluir Flavino Ríos, a quien no se le identifica con el grupo de Duarte, designado para mantener la gobernabilidad en lo que resta hasta el 31 de noviembre; además desprovisto de cualquier conflicto personal con Yunes Linares. Sin embargo, éste quiere gobernar desde ahora –no puede contenerse el mes y días que faltan, y es que anda como fiera encerrada, desde junio que se supo ganador–, ya no se aguanta; quiere ya tomar el mando del Ejecutivo. Take it easy.

En los intercambios de comunicaciones para coordinar la entrega-recepción, el punto de discrepancia con Flavino es el mismo que tuvo inicialmente con Duarte; Yunes Linares quiere meterse a la cocina ya; en el más reciente de sus oficios, difundido ayer, luego de referir que el próximo 31 de octubre designará a los integrantes de su grupo de trabajo, indica categórico y autoritario:

“Se iniciarán de inmediato auditorías en todas las dependencias y entidades de la administración pública del estado. Es una decisión que he tomado en mi calidad de Gobernador Electo del Estado de Veracruz”…

Y advierte en su punto 3: “La negativa a proporcionar información a los auditores que formalmente designaré será claramente violatoria de las diversas disposiciones legales aplicables y tendrá las consecuencias jurídicas del caso”.

Dos párrafos sin fundamento legal, aunque cite el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y los artículos 108 y 134 de la Constitución Política del país. El párrafo final de la nueva etapa de legalidad y honestidad es sólo blabababla, que no merece más comentario. Tampoco tienen nada que ver los artículos citados de la Constitución federal, el primero sobre las responsabilidades y el segundo sobre el ejercicio de los recursos económicos y su administración; en ningún lado se encuentra la base de atribuciones que invoca el gobernador electo.

Transmisión y continuidad de la administración pública

Si bien la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en su artículo 58 prevé algunas reglas para que los asuntos de la administración tengan continuidad en el cambio de gobierno, en su mayor parte se refiere a las conductas de los funcionarios en su preparación para iniciar la entrega. El periodo de inicio es “a partir del 1 de noviembre del año de la transmisión del Ejecutivo” –es decir a partir del próximo martes. En lo pertinente a la injerencia del gobernador electo y su grupo, debe citarse la fracción IV de dicho artículo, ya que es la única regla que le atañe: (el gobernador y los titulares de las dependencias y entidades del Ejecutivo) “IV. Informarán al gobernador electo, o a quienes éste designe, sobre el estado de los asuntos que tengan encomendados, realizando con ellos las juntas de trabajo que se requieran, de preferencia fuera del horario de labores”. Nada que se acerque a la obligación de recibir la orden que dice haber tomado como gobernador electo de “se iniciarán de inmediato las auditorías”…

Por cierto, antes ya Flavino informó a Yunes que sobre su solicitud de brindar las facilidades a los auditores externos “no existe disposición legal alguna que permita que el Gobierno del Estado entregue documentación a personal ajeno al mismo…” en esa ilación y por cortesía Flavino le ofrece que la viabilidad técnica y jurídica de este tema podrán definirlo de común acuerdo entre las partes responsables de la transición.

Por eso ahora Yunes le saca la advertencia de su punto 3 antes citado sobre la negativa, que sería tomada “violatoria de las leyes”. No sorprende el tono autoritario y arrogante de Miguel Ángel Yunes de su comunicación a Flavino Ríos para informarle de sus pretensiones para abordar los trabajos de la transmisión, es su estilo, personalidad y protagonismo. Tampoco su forzada y errónea interpretación de las leyes, basada al parecer en el principio exegético “a mi manera”, su retórica de veneración al estado de derecho es demagogia.

Le ha costado demasiado trabajo a Yunes Linares entender (no lo admite aún) que el gobernador electo carece de facultades, es una figura decorativa (un poder en potencia, no en acto), que el gobernador del estado comenzará a ejercer sus funciones el 1 de diciembre. No antes. Pero se da unas ínfulas de todopoderoso.

Desfondados

El Tercer Informe Trimestral del Gasto Público y Finanzas Públicas, a septiembre pasado, sigue sacando por camionadas los bultos de las deudas. El pasivo circulante se ha elevado a cantidades exhorbitantes, revelando el creciente déficit, el uso del no pago como financiamiento a la actividad del estado y la ruptura de la barrera y el pudor que les imponían las exigencias de los covenants de sus acreedores del sistema financiero y las firmas calificadoras de riesgos crediticios.
Hasta donde aguantaron el teatro, el maquillaje y la doble contabilidad, los de la Sefiplan presentaron el pasivo circulante en 3 mil 550 millones de pesos, en la Cuenta Pública de 2014. A diciembre de 2015 se soltaron hasta 12 mil 877.8 millones; en el informe trimestral a junio pasado reconocieron en este concepto 17 mil 542 millones. El más reciente, con cifras a septiembre, se dispara a 46 mil 398 millones. Es brutal el ajuste de 3 mil 500 a más de 46 mil millones; aparte la “deuda pública”, que está en 41 mil 529 millones (sin bonos cupón cero).

Otra perla del informe es la inclusión como activo “no circulante” de unas cuentas bancarias por aclarar a cargo de la Tesorería por un monto de ¡31 mil 942 millones de pesos! En un abracadabra se encontraron en un cajón que podría haber en cuentas bancarias 31 mil millones de pesos. Un burdo artificio de cuchareo para emparejar las cuentas.

Expulsión-pena menor (pena ajena)

La expulsión del PRI al gobernador con licencia y prófugo de la justicia, Javier Duarte, decretada ayer por la Comisión de Justicia Partidaria estuvo tan cantada que redujo su valor noticioso. Queda como un mensaje del PRI y el Gobierno Federal, codificado como purificación, pero recibido con reservas y desconfianza.

Afuera el público lo percibe insuficiente: se deslinda el PRI de Duarte, pero lo más importante es que lo capturen para que rinda cuentas.

Y lo mismo su banda. No cabe la doble moral del PRI de expulsar a Duarte e irse con gradualismo con sus cómplices de la clase política; mantener en sus filas, por ejemplo en la Cámara federal de Diputados a miembros prominentes de ese grupo, La Gavilla, Alberto Silva, Tarek Abdalá, Édgar Spinoso, Adolfo Mota, Jorge Carballo y Erick Lagos. Tampoco hay acciones directas sobre los diputados locales electos metidos hasta el cuello con Duarte; Juan Manuel Del Castillo y Vicente Benítez (¿se presentarán a tomar posesión el 5 de noviembre?).

El SAT, ayer se supo, investiga a Arturo Bermúdez, ex secretario de Seguridad, convertido en potentado al lado Duarte; y Gabriel Deantes, también aquí se le ve muy quitado de la pena.
La expulsión del PRI no convenció ni a los priistas. Se quieren ir como Jack El Destripador, por partes.