#AsuntosPúblicos: HAY PÁNICO EN EL PAN

Hay pánico en el PAN. El temor mal ocultado bajo un simulado desafío que reflejó el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares de que está en marcha la decisión para que no asuma el Poder Ejecutivo del estado el próximo primero de diciembre tiene, por lo que se ve, más que simples indicios.

No será únicamente el discurso de Enrique Ochoa, el presidente nacional del PRI, que al promover la sanción a los políticos corruptos pone de ejemplo su proceder con Javier Duarte, suspendido en sus derechos como militante, pero invariablemente exige a sus contrapartes depuren a los propios, y en el PAN sale a relucir la corrupción de Miguel Ángel Yunes Linares.

La extensión del miedo indica que no fue casual el mensaje de Yunes Linares de cifrar entre líneas que tiene información que “cimbrará al país” y que no quieren que llegue porque “profundizará” el destino final de los recursos desviados, un intento desesperado para tratar de amagar y que no avancen en su contra.

Ayer, el coordinador del PAN en el Senado, Fernando Herrera Ávila, confirmó los temores. Abiertamente “lamentó” las intenciones del PRI de “empatar el marcador” en Veracruz –donde Javier Duarte dejó de ser gobernador por licencia concedida–, advirtiendo que se quiere utilizar la justicia para que no rinda protesta Miguel Ángel Yunes Linares. Calificó de una cortina de humo del PRI, una estrategia señalar a Yunes Linares para que haya persecución de la justicia tanto en el PRI como en el PAN.

El problema es que la inmensa riqueza de Miguel Ángel Yunes Linares y su familia no es un secreto, tampoco que su origen está en sus cargos públicos, donde ha sido señalado de haber lucrado en su beneficio; y que hay varias denuncias documentadas de los bienes y negocios propios y familiares, evidencias de enriquecimiento, denuncias formales ante la Procuraduría General de la República (PGR) que, aunque motivadas por la competencia política, la lucha por el poder, tienen referentes reales como para tipificar delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Haber ganado la elección no limpió a Yunes, menos lo convirtió en un honesto luchador por la democracia.

Duarte ya cayó del poder –falta aún su proceso–, la gente quiere que devuelva lo que saqueó junto con su camarilla. Pero también Yunes Linares tiene su cola y pendientes, que podrían usarse para enjuiciarlo y de pasada evitar que asuma el Poder Ejecutivo del estado en Veracruz.

Enrique Ochoa, el presidente nacional del PRI, sin duda un agente del grupo político de la Presidencia de la República (por cierto viene el lunes, ahora que ya no está Duarte), debe saber cómo viene el tema que al reto de Yunes para debatir le responde que con quien tendrá que debatir es con la PGR.

¡Oh, Xóchitl!, papelito habla

La secretaria de Educación, Xóchitl Osorio, la de la plaza trampolín para jubilarse, sugirió ayer que es falso el documento publicado sobre su aumento en el monto de su acuerdo jubilatorio reconsiderado. Trata de eludir el cuestionamiento de prensa refiriendo que han sustraído documentos personales de su oficia y los han alterado, sin mencionarnos. Pero como aquí fue publicada nota, documento y columna sobre el tema, después algunos literalmente lo plagiaron (“ahora que ha salido a la luz”, comenta uno de los plagiarios), debemos precisarle a la secretaria que el documento es original y está validado. No lo recibimos de nadie que lo haya sustraído de su oficina y alterado, procede de los archivos del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y fue expedido en el curso de una investigación abierta sobre pensiones elevadas. Le ofrecemos una copia y un cotejo si así lo quiere, aunque ella seguramente tiene un original del acuerdo número 8650 de fecha 31 de marzo de 2016, expediente 961.2003, relativo a la solicitante Xóchitl Adela Osorio Martínez, mismo que reconsidera una pensión por jubilación concedida el 3 de noviembre de 2003, por un importe de 35 mil 891 pesos (05 ctv), y lo eleva en la nueva plaza de secretario de despacho a un importe de 89 mil 34 pesos (05 ctv).

Por otro lado, nadie aquí dijo que ella se hubiera jubilado, sino que logró aumentar el monto de su pensión, según el citado acuerdo del Consejo Directivo del IPE, del que forma parte; esto no significa, como lo sabemos, que esté recibiendo esa cantidad, sino que la cobrará en cuanto haga efectiva su baja laboral.

Tampoco se dijo que la pensión se hubiera elevado a más de 100 mil pesos. Se comparó el importe previo con el actual, su incremento fue de 53 mil 143 pesos, lo que representa un aumento porcentual de casi 150%. Su acuerdo jubilatorio era de menos de 36 mil pesos y lo elevó en reconsideración –con menos de un año de cotizar en la nueva plaza– a 89 mil y fracción.
Su implicación con las empresas fantasmas

Y para que no diga Doña Xóchitl que no tenemos evidencia de su participación en el caso de las empresas fantasmas, hoy le publicamos el detalle de los contratos que validó en su cargo de subsecretaria de Educación Básica, junto con Édgar Spinoso, éste como Oficial Mayor, por un importe de 324 millones 414 mil 748 pesos, según consta en la denuncia presentada por el Orfis en la Fiscalía del estado.

Babel (o babas) financiera

La libertad de investigar, consultar fuentes, interpretar y opinar, no debe estar reñida con la exactitud, la precisión y la conclusión correcta. Aunque en el medio público el lenguaje es una forma de acción política, en la interpretación de documentos gubernamentales especializados como la Cuenta Pública y el Informe de la Fiscalización, los que se meten al debate, con formación técnica o sin ella, con frecuencia tienden a la exageración o distorsión de los datos, por intencionalidad, afán de notoriedad o mala interpretación.

Por ejemplo, en el Informe de Resultado a la Cuenta Pública del 2015, un medio se adjudicó la súper exclusiva de “los papeles del Orfis”, pero no pudo entender la jerarquía de las observaciones ni el monto del daño patrimonial señalado; con esos mismo datos diputados del PAN-PRD tampoco lograron integrar las cuentas y se aventaron en conferencia de prensa que eran 9 mil millones (luego se les aclaró que eran más de 14 mil millones de pesos).

Algo similar sucede con la deuda pública, determinada en el informe del Orfis en 52 mil millones en total, incluyendo a todos los entes públicos. Sin embargo sorprenden cifras fantásticas que algunos se atreven a dar al público. Es el caso de la diputada del PAN, Ana Cristina Ledesma, que determinó un monto de 180 mil 888 millones, cifra que dice integra todos los pasivos, suma de todo, sería una larga enumeración, desde deuda contratada, daño patrimonial, etc., a su “leal saber y entender”. Similar es el caso de Hilario Barcelata, autor del Observatorio de Finanzas públicas, quien suele convertir sus especulaciones y proyecciones en cifras oficiales, pretendiendo refutar el informe del Orfis determina su cifra de la deuda pública en 197 mil 460 millones de pesos; en un estilo ledesmero, igual quiere meter en la bolsa de la deuda pública todo lo que se encuentra en el camino; como si mientras más alta se muestra la cifra más confiable fuera el análisis; aparte de que no distinguen los criterios de clasificación. Una de estas confusiones es pretender que se utilicen criterios de registro que no le son aplicables al documento que se examina; tan simple como la vigencia, la Ley de Disciplina Financiera de la que cita un inciso donde cabe todo, entró en vigor a partir de abril de 2016; mientras que la Cuenta Pública es del ejercicio 2015, y por tanto el Informe de su Fiscalización debe sujetarse a las reglas entonces en vigor. Alerta sobre los borregos y los “expertos”.