#AsuntosPúblicos: CUENTA PÚBLICA 2015: DESORDEN Y CORRUPCIÓN

Todavía no terminan de asimilarse los alcances del Informe del Resultado a la Fiscalización de la Cuenta Pública de 2015, entregado por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), que dirige Lorenzo Antonio Portilla al Congreso local el pasado martes, pero cualquiera entiende su sentido general: es negativo para el Poder Ejecutivo, destapa su desorden administrativo y financiero acumulado, establece presunciones de corrupción, de causar un daño patrimonial al estado al no haberse solventado diversas y cuantiosas observaciones sobre el uso de recursos públicos en los plazos concedidos durante las auditorías.

Filtrado a retazos en medios y malinterpretado el Informe hasta por los diputados locales que consultaron los supuestos “papeles del Orfis”, pese a distorsiones que en unos casos se quedan cortos y en otros se exageran en cantidades o importancia, se distingue lo principal: hay imputaciones sin precedentes en número y monto de presunto daño patrimonial para funcionarios del Poder Ejecutivo, centralizado y paraestatal.

El monto global del presunto daño patrimonial para el Poder Ejecutivo, como ya lo confirmó el diputado Francisco Garrido, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, es de 14 mil 81 millones de pesos; entre ellos sobresale el mal uso del endeudamiento, la falta de comprobación de dos créditos por más de 6 mil millones de pesos, contratados para supuesta inversión productiva que no se llevó a cabo, pero el dinero ingresó y la deuda pública aumentó. También de los cargados en monto no comprobado se señala al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) con 2 mil 900 millones de pesos, la mayor parte por no reintegrar fondos dispuestos a las reservas financieras, y el fideicomiso agropecuario Fiverfap, que no comprobó más de 700 millones.

La Ley del embudo

Es una constante en las observaciones el manejo abusivo de las finanzas públicas desde la Sefiplan; esta dependencia aprovecha su lugar como puerta de entrada de todos los ingresos y la llave de la distribución, incurriendo en disposición arbitraria de los recursos ajenos, incluso los etiquetados y de origen federal, a ayuntamientos, poderes, descentralizadas, fideicomisos, etc.; burlando presupuestos autorizados sin consideración, omisión de pagos a proveedores y contratistas, otra vía de financiamiento, aparte de ocultar estos pasivos para engañar a calificadoras de riesgos crediticios.

Claro que las finanzas se manejan desde la Casa Veracruz, pero el bulto de comprobación y responsabilidad es del secretario de Finanzas, que por 2015 es enteramente de Antonio Gómez Pelegrín, no basta que invoque que “cumplió órdenes”.

El informe del Orfis, que contiene capítulos especiales sobre temas relevantes como deuda pública, IPE, UV, empresas fantasmas, entre otros, es un destape al desorden y la corrupción, más allá de los tecnicismos y datos numéricos, cuadros y gráficas, lenguaje legal contable y financiero, es una ventana al desfalco, la insolvencia, la compleja situación de inviabilidad y emergencia de las finanzas de Veracruz. En suma, un informe del estado del daño, las ruinas que dejan dos sexenios de políticos y administradores irresponsables y abusivos, Fidel Herrera y Javier Duarte; destruyeron la administración del estado.

Aprobar o no aprobar la cuenta

Este miércoles comienzan los trabajos de la Comisión de Vigilancia del Congreso (11 integrantes) con el auditor general del Orfis y será a partir de este primer encuentro que se perfile el curso que tomará el procedimiento de fiscalización para su segunda etapa.

Es importante el análisis de los escenarios por el sentido del informe, el calendario, el próximo cambio de legislatura y la modificación de las fuerzas partidistas, así como las implicaciones de aprobar el mencionado informe.

No tiene el mismo valor la situación y sus alternativas para todos los actores involucrados, especialmente para los que están en tránsito; unos para salir, los funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo, y los que están por entrar, los diputados electos, el 5 de noviembre y el gobernador electo y el nuevo gabinete el 1 de diciembre.

Con la estocada que representa el informe a la administración de Duarte, la aprobación de la cuenta, con signo negativo, deja de tener el valor simbólico de “tarea realizada”, además de que la aprobación de la cuenta no libera de responsabilidades de encontrarse delitos relacionados con los ejercicios aprobados. Tendrán que evaluar si les conviene pagar la aprobación, ahora que se supone el gobernador aún tiene mayoría en el Congreso (aunque hay quienes lo dudan por todo lo que les ha prometido sin cumplir).

Por otro lado, hay que considerar el papel de la minoritaria oposición PAN-PRD, en desventaja ahora, pero sus franquicias tendrán mayor peso en el próximo Congreso. La actual bancada del PAN, encabezada por Julen Rementería, tiende a chocar con el auditor del Orfis y con el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia, no pocas ocasiones por ignorancia o protagonismo. No se cree esta vez vaya por la libre, lo supervisará a conveniencia su hoy jefe Yunes Linares.

Si no se ponen de acuerdo para aprobar un dictamen y pasarlo a la aprobación del pleno le dejarán el asunto a la siguiente legislatura, de composición plural y evidente interés en poner a rendir cuentas a los servidores imputados.

Un elemento que deberán tomar en cuenta es que mientras no se apruebe el dictamen del informe de la fiscalización a la cuenta de 2015, no puede comenzar la fase de determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones, es decir, no se individualiza la responsabilidad ni avanza el procedimiento sancionador, administrativo y eventualmente penal.
Los ayuntamientos ahora se quedaron chiquitos. El daño en este grupo es de 241 millones de pesos. El pez gordo (aunque enflacó) todavía es gobernador.