#AsuntosPúblicos: DAÑO PATRIMONIAL EN EL PODER EJECUTIVO

En el trascendido de las cifras del Informe de Fiscalización a la Cuenta Pública 2015 rendido por el titular del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla, al Congreso local, se destaca el monto elevado del presunto daño patrimonial que en esta ocasión se señala al Poder Ejecutivo del Estado. Imposible de tapar el desorden y los desvíos de la administración de Duarte.

Asciende a más de 14 mil millones de pesos la suma total que no pudieron comprobar los servidores públicos del Poder Ejecutivo centralizado y paraestatal, no obstante haber tenido oportunidad de hacerlo; fueron notificados en su momento por el Orfis del pliego de observaciones y gozaron del derecho de aportar pruebas, sin conseguir demostrar que hicieron un uso lícito de los recursos de los que se les requirió justificar. Imposible de tapar el desorden y los desvíos de la administración de Duarte; quedó exhibida.

Con todo y la presunción de inocencia, los funcionarios de Duarte tienen media estocada adentro; al contrario, pesa sobre ellos la presunción de haber incurrido en un daño patrimonial por el que se les podría determinar responsabilidades administrativas y penales, y en su caso, adicional una sanción económica para resarcir el daño causado al patrimonio público.

El informe presenta las observaciones por daño en el Ejecutivo en dos agrupamientos, por un lado 6 observaciones por un monto de 9 mil 231.8 millones de pesos, mencionadas en su primera conclusión; por el otro, un segundo paquete con varias dependencias, organismos y fideicomisos por 4 mil 849.8 millones de pesos.

Las formas más descaradas de desviar recursos se detectaron en la cuenta de 2015. En el primer grupo sobresalen las siguientes:
1.- Créditos sin comprobar por 6 mil 136 millones

La desfachatez se hace hábito; ¿podría creerse la temeridad del gobernador Javier Duarte y sus operadores en Sefiplan, el secretario Antonio Gómez Pelegrín –responsable por ser el titular– y quien más haya participado?, contrataron créditos al amparo de la reestructura financiera aprobada por el Congreso y para inversión productiva, pero dispusieron de estos montos para un fin ajeno y no justificable; como si se hubieran embolsado sin más 6 mil y fracción de millones de pesos, incrementando la deuda pública del estado. Este punto es gravísimo: se trata de dos créditos, uno contratado en diciembre de 2015 por 4 mil 798 millones, al igual que otro de febrero de ese año, ambos para inversión productiva, suscritos con Banco Multiva SA de CV. La observación FP-012/2015/032DAÑ del informe del Orfis precisa: “no presentaron evidencia documental de las dependencias, entidades o áreas a las que transfirieron los recursos de los créditos celebrados ni los montos, descripción de las obras o acciones realizadas con estos recursos; ni sus avances físicos o financieros en su caso; no presentaron expedientes de ninguna clase”, por lo que no existe la certeza de que los créditos hayan sido aplicados para los fines que fueron autorizados por el Congreso. Un asalto en despoblado.

2.- Retenciones y contribuciones por 1 mil 439 millones

Se refiere al importe de descuentos a trabajadores que hizo la Sefiplan (otra vez la cola de Gómez Pelegrín) para pagos de adeudos, fiscales o sindicales de los que indebidamente dispusieron. Se financiaron con dinero ajeno que todavía deben. Le dieron machetazo a los prestamistas, al Fovissste, IMSS, aseguradoras, sindicatos magisteriales y hasta la Tesorería de la Federación. Rapiña abierta.

3.- Disposición del SAR por 995.3 millones de pesos

Este abuso se integra por una cantidad que no aportaron al fideicomiso del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) como era su obligación patronal y falta de reintegro de fondos tomados, lo que ha impedido que se entregue esa prestación a los trabajadores con derecho a recibirla. Ni la micro pensión respetaron.

4.- Se quedaron con 504.9 millones del Fondo Metropolitano

recibió el Gobierno del Estado, vía Sefiplan, fondos federales destinados a los municipios de Acayucan (81.4 millones), Coatzacoalcos (134.1 mdp), Veracruz (186.2 mdp) y Xalapa (103 mdp) y arbitraria y ventajosamente se los clavaron; no los distribuyeron.

5.- Moche a los convenios federales por 146.6 millones

De la operación de la licuadora y la toma de fondos para fines distintos, les faltó por reintegrar la cantidad mencionada en distintos programas, salud, educación ambiental, etc.

6.- Comisiones bancarias por 9.9 millones

la más chiquita de este grupo, les detectaron cobros no justificados por casi 10 millones de pesos por un extraño concepto: derecho a recibir efectivo, supuestas comisiones bancarias que carecen de soporte documental. Para las botanas.

II. Otro paquete por 4 mil 849.8 millones de pesos

En esta bolsa de irregularidades con presunción de daño patrimonial, causa extrañeza tal agrupación, meten 5 dependencias, 16 organismos públicos descentralizados y 25 fideicomisos.
Aquí los más cargados son el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), con 2 mil 993.9 millones, sin que exista precisión de cuál es la irregularidad y los presuntos responsables; una versión sugiere que se trata de cantidades descontadas por el Gobierno del Estado a los trabajadores y no reintegradas a la reserva financiera del IPE, y otra porción, más pequeña dicen, de 200 millones de aplicaciones que no correspondían a los fines con que se habían sacado recursos, por lo que hubo algún reintegro. Ya se verá.

Otro con buena cantidad es el fideicomiso agropecuario Fiverfab, con un daño patrimonial de 717 millones de pesos, a ver quién se lo comió, porque hay muchos influyentes en ese fondo. Desde los titulares de la dependencia, entre Manuel Martínez de Leo y Ramón Ferrari Pardiño; pero los que mandan son el suegro Tony Macías, el amiguito Frankie García y el mafioso rural Juan Carlos Molina.

El show apenas empieza. Pero esta vez ya no alcanzó la cobija, a los que salen les atoran la mano en la puerta. Tiene una papa caliente la Comisión de Vigilancia que preside el diputado Francisco Garrido.