#AsuntosPúblicos: ANTICORRUPCIÓN, EN DUDA

Debajo de las expectativas del respetable público se está quedando la ofensiva política del grupo central del presidente Enrique Peña Nieto en contra del aún gobernador Javier Duarte y su camarilla por los escandalosos y denunciados actos de corrupción de sobra documentados.

No termina de convencer en la opinión pública la estrategia de la cúpula del Gobierno Federal para hacer creíble su voluntad de combate a la corrupción,empezando por los suyos, los del PRI, manejarse en varios campos al mismo tiempo, pero con un avance desigual que preferencia lo simbólico, la sanción partidista, sobre lo sustantivo, la acción penal.

Como en la lucha libre, el público quiere ver sangre, a los políticos corruptos en la cárcel y que devuelvan lo que robaron –y no solamente que les saquen una tarjeta de suspensión de derechos como militantes mientras supuestamente consuman la expulsión de sus filas.

La purga partidista que ejecuta el grupo hegemónico tiene una connotación de desgracia política, exclusión y estigma para Duarte, impacta entre miembros de la clase política, especialmente dentro del PRI, pero de corta duración, al no tener mayores consecuencias materiales; por tanto insuficiente para la credibilidad.

No están todos los que son

El corto alcance de la medida de suspender derechos como militante y la instauración del proceso de expulsión a Duarte y a seis de sus colaboradores, incluidos varios de éstos con criterios no relevantes, aplicada por la comisión de justicia partidaria del PRI, enfrenta también cuestionamientos.

Aparte de que su mero efecto simbólico no sustituye al desafuero, la cárcel y la reparación de daño, se critica la caprichosa e incompleta selección del grupo de purgados. Por un lado, desde los involucrados de menor importancia, la morralla, varios negaron ser militantes, como el abogado Juan Carlos Rodríguez (Zopilote Jr.), el colaborador del Alberto El Cisne Silva, implicado como éste en la contratación de las empresas fantasmas en la Sedesol; pretendiendo con ello desvirtuar la solidez del procedimiento, a lo que Fernando Elías Calles, de la Comisión de justicia partidista, respondió que tenían evidencia en el padrón; lo que parecía otra historia de fantasmas, aquí no de empresas sino de militantes; quedó al final en un tema de homonimia.

Lo cierto es que no tienen valor comparable con el gobernador Duarte sus compañeros de patíbulo partidista; si acaso, los que alcanzaron rango de secretarios de despacho, como Arturo Bermúdez y Gabriel Deantes. Los otros tres, el Zopilote Jr. y los dos notarios, no tenían qué hacer en ese paquete partidista; el proceso penal es otra cosa, ahí la banda tiene niveles, pero la responsabilidad les podría ser imputada.

Desde la oposición al PRI el reclamo es de simular la sanción a Duarte –exhibirlo ante los medios con una medida leve, para que se crea que lo castigan– sin meter a muchos otros de sus colaboradores implicados en las denuncias de corrupción, pero con un valor político activo, a los que han eludido de sanción partidaria y la promoción de denuncias penales. La oposición reclama extensión de acción partidista, pero más que nada, celeridad en la acción penal.

Entre los no purgados están obviamente varios de los 20 diputados federales seudo firmantes de la carta de apoyo a Duarte en la víspera de su suspensión; y otros que serían diputados locales (si no son aprehendidos antes de que rindan protesta al cargo y adquieran fuero). Los grupos políticos del centro tienen en la mira a la bancada federal veracruzana priista o verde, piden a Tarek Abdalá, ex tesorero, Alberto Silva (con licencia), implicado en las contrataciones de empresas fantasmas en la Sedesol por mas de 500 millones de pesos; Adolfo Mota, ex secretario de Educación, donde también se fondearon las fantasmas, al lado de Édgar Spinoso, su oficial Mayor, actual diputado federal Verde, y Jorge Carballo Delfin, partícipe del mismo embarre en su periodo en la Sedesol. Los dos diputados locales electos, Juan Manuel del Castillo, ex secretario particular de Duarte y subsecretario de Finanzas –todavía con influencia y manejo–, y Vicente Benítez, ex Oficial Mayor de la SEV, de quien la PGR en su visita a la Fiscalía del Estado se llevó su expediente para conectarlo con las causas federales.

Otros, como Erick Lagos, uno de los operadores políticos de Duarte, manejador de dinero sin comprobación, 3 millones diarios para resolver conflictos y para el cochino, ¿cual de todos?, agazapado y de bajo perfil, pretende pasar desapercibido.

Sin acción penal, no habrá credibilidad

No terminará de creerse la decisión de combate a la corrupción si no se ejerce acción penal en contra de Javier Duarte. Por cierto, ayer se conoció que la PGR pidió la aprehensión del ex gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés, a quien le imputan desvíos en su provecho de recursos federales.

Se ve que el Gobierno Federal preparó el montaje de la investigación a Duarte, uno del PRI, para legitimarse ante la oposición al momento de actuar penalmente en contra de un miembro del PAN. A ver quiénes más entran al aro y si ahora avanzan en la PGR –y en el PAN– contra su militante Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo, como lo pide el presidente del PRI nacional Enrique Ochoa, y los que lo han denunciado también de enriquecimiento ilícito; para emparejar el marcador en Veracruz.

El caso Duarte tendrá que reforzarse para ser creíble. Legitimar con sus procesos el combate a la corrupción, requiere de continuidad en los hechos; como introducción arrancó, pero tiende a difuminarse y agotar su credibilidad.

El desfase en el ejercicio de la acción penal de la serie de delitos que la audiencia considera cometidos por Javier Duarte y numerosos cómplices, ha sido un saqueo en gran escala por 12 años –enriquecimiento ilícito, peculado, trafico de influencia, defraudación fiscal, lavado de dinero, asociación delictuosa u delincuencia organizada–, tiene que subsanarse.

Dicen en la PGR que preparan el material probatorio –y en efecto hay muchos signos de ello–; el caso es que seguirá tomándose con reservas mientras no haya acción penal. El efecto de la supensión de derechos se diluye. Si los preparativos se alargan demasiado suscitan la desconfianza. En un medio público acostumbrado a la rapacidad sin pena (menos verguenza) de los políticos, en sistema de cleptocracia asociado a la impunidad, la demora de justicia genera la duda.