#AsuntosPúblicos: DUARTE: SUSPENDIDO EN VÍAS DE EXPULSIÓN

Uno de los escenarios trágicos de la caída del aún gobernador Javier Duarte, su proceso de expulsión del PRI, avanzó ayer.

Como no fue un procedimiento sumario, le aplicaron para empezar la suspensión de derechos como militante del PRI. Una medida cautelar por la gravedad de las acusaciones que pesan en su contra y la afectación a la imagen del Partido Revolucionario Institucional. Según informó Fernando Elías Calles, presidente de la Comisión de Justicia Partidaria, al término de la sesión en la que pusieron prácticamente fuera del partido a Duarte y a 6 militantes más, también de Veracruz, colaboradores suyos en distinto grado; todos vinculados a los hechos de corrupción que se le imputan al todavía gobernador de Veracruz.

Por lo pronto, para efectos prácticos, no es militante del PRI –tiene suspendidos sus derechos–, por supuesto, no puede ostentarse como el primer priista del estado. En la historia negativa inédita de Duarte, es el primer gobernador priista de Veracruz al que el Comité Nacional de ese partido suspende sus derechos como militante, mientras lo expulsa.

Sanción partidista, simbolismo insuficiente

La suspensión de derechos como militante y la apertura del proceso sancionatorio para expulsar a Duarte del PRI, aunque se tomó como un primer paso y un claro deslinde de la cúpula política del PRI y del Gobierno Federal, no agota las expectativas de escarmiento y menos las resarcitorias de los abusos patrimoniales al erario público perpetrados por Duarte durante su gestión como gobernador del estado y como subsecretario y secretario de Finanzas de Fidel Herrera.

Como simbolismo en el PRI, la medida contribuye a apoyar con algunos hechos su discurso anticorrupción, con el que pretenden renovar sus ofertas en próximos procesos electorales, pero ante la opinión pública es insuficiente.

Para recobrar alguna credibilidad tendrán que avanzar en espacios paralelos –pero comunicantes– donde se procesa la rendición de cuentas y el enjuiciamento anticorrupción. No hay que confundirse, el PRI no es el ministerio público. La pena de prisión y sobre todo la confiscación de bienes adquiridos por Duarte, su familia, prestanombres y colaboradores cómplices debe buscarse en el proceso judicial.

En el terreno de la PGR

Por ello, tendrá que mostrar nuevos avances la Procuraduría General de la República (PGR). La semana pasada trajo el mensaje de la decisión política central de poner en el banquillo a Duarte y a su grupo; al confirmar investigaciones y atraer los expedientes o carpetas ministeriales locales –por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber– que podrían haberse manipulado para exonerarlo. Ahora la expectativa está centrada en que la PGR determine que hay elementos para imputar la responsabilidad penal a Duarte, en cualquiera de los delitos mencionados o en los estrictamente federales que ya integraba, la defraudación fiscal, el lavado de dinero y el desvío del gasto federalizado, y solicite a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el trámite de la declaración de procedencia, es decir, el desafuero, y se le destituya como gobernador, a fin de que enfrente la acción penal, antes de que concluya su periodo.
Compañeros de purga (y latrocinio)

En el paquete de la purga en el PRI a Duarte y su camarilla, por ahora le acompañan unos pocos de la banda. Fueron suspendidos también en sus derechos como militantes y emplazados al proceso sancionador que se ve culminará con las expulsiones, varios muy conocidos de sus colaboradores y otros no tanto. Les tocó procedimiento individual, cada uno tendrá su propia imputación, a Arturo Bermúdez Zurita y José Antonio Chara Manzur, ex secretario de Seguridad Pública del estado y delegado federal de Economía, respectivamente, ambos entre otros bienes, son propietarios (o presta-nombres) de varias mansiones de lujo en Woodlands, Texas (como los parientes de Duarte, sus también presuntos prestanombres).

También quedó suspendido como militante Gabriel Deantes, ex subsecretario de Finanzas y Oficial Mayor de la SEV, ex secretario de Trabajo, el principal operador del dinero electoral de Duarte.

Se desconocen las acusaciones y pruebas que examinaron en la Comisión de Justicia y las razones para meter a algunos de bajo perfil y excluir a otros militantes que actuaron con mayor jerarquía y proporción en el reparto del botín. El caso es que incluyen a un abogado, Juan Carlos Rodríguez García, muy ligado al diputado federal y coordinador de Comunicación Social de Duarte, Alberto Silva, El Cisne; fue su director jurídico en Sedesol y firmante de contratos (junto con el administrativo Humberto Benítez) con las fraudulentas empresas fantasmas a las que se presume simularon compras por más de 500 millones de pesos tan sólo en un año del Cisne en 2013 (que pareciera año de Hidalgo); Juan Carlos había colaborado con El Cisne en el ayuntamiento de Tuxpan (la trinca del saqueo, Silva-Benítez-Rodríguez), además participar de los beneficios de un periódico gobiernista de reparto gratuito, este abogado es Zopilote Jr. Otros dos abogados les pasan la cuenta partidista, al parecer por participar en la constitución de las empresas fantasmas, Israel Ramos Mange de Veracruz, y Daniel Cordero Gálvez, de Nogales.

El circo del PRI no está mal como telonero. Pero el de la PGR debe ser el estelar.