#AsuntosPúblicos: LA CLASE POLÍTICA, POR LA SANCIÓN A DUARTE

En la clase política nacional, sin dudas, se entendió el mensaje del poder en el comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las investigaciones de corrupción al todavía gobernador Javier Duarte.

Agudizados en la interpretación de los signos políticos, hubo consenso en entender que la decisión de castigo está tomada en el núcleo del gobierno de Enrique Peña Nieto; de ningún otro modo se podría conducir el Ministerio Público federal en contra de un alto funcionario del pacto federal, como lo es el gobernador de un estado.

Aparte de que Duarte y su grupo tienen una imagen pública del prototipo de la corrupción, forjada con la acumulación de señalamientos y evidencias, denuncias formales o mediáticas de enriquecimiento y saqueo de fondos públicos en Veracruz, así que la exigencia de castigo no pasa por mayor justificación.

Por ello, la confirmación de la PGR de las investigaciones contra Duarte, su camarilla y prestanombres y para rematar, la atracción de las causas locales por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber, desplazando al amigo de Duarte, el fiscal Luis Ángel Bravo, ya no tiene blindaje, desencadenaron las reacciones que piden avance la caída.

En el Senado pidieron se le apliquen a Duarte las sanciones que correspondan, que enfrente y responda a las imputaciones; en la Cámara de Diputados se dijeron listos para operar su desafuero tan pronto lo solicite la PGR, y si se ofrece, hasta al juicio político le entran; no pocos plantearon que Duarte debe pedir licencia al cargo de gobernador ante la gravedad de las acusaciones.

Ni quien lo defienda

De la oposición era de esperarse que celebraran la inminencia del juicio por corrupción a un gobernador del PRI –engolosinados sacan los demás nombres de políticos corruptos de los estados. Pasan lista de los ex Humberto Moreira, intocable (Coahuila) y Rodrigo Medina, escurridizo (Nuevo León); y de los que están por salir, Cesar Duarte (Chihuahua) y Roberto Borge (Quintana Roo).

Pero llama la atención la postura de los priistas y aliados alentando el proceso. Por ejemplo, en el Senado, el coordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, dice, para que vean: “el presidente Peña está decidido ir a fondo en el combate a la corrupción, hay dos ex gobernadores del PRI que están en la cárcel en estos momentos (Andrés Granier, ex de Tabasco y Jesús Reyna, interino de Michoacán), Duarte debe responder por las acusaciones que pesan en su contra.

También se suma Pablo Escudero, actual presidente del Senado, del PVEM, aliado del PRI, yerno de Beltrones, “celebro la intervención de la PGR, ante el acumulado diario de señalamientos de irregularidades y delitos”, pidió se concrete la investigación a fin de que se deslinden o finquen responsabilidades.

En la Cámara de Diputados, tampoco lo ayudan los de su –hasta hoy– mismo partido. El vice coordinador de los priistas, José Carlos Ramírez Marín, ofreció celeridad en el servicio, un desafuero fast track, “la Cámara de Diputados actuaría con rapidez si la PGR pide el desafuero del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a fin de que sea procesado antes de que concluya su gestión a fines de noviembre.

Ramírez Marín admite que la situación de Duarte es muy delicada y que en algún momento estará bajo proceso: “por la disposición que veo en las autoridades, creo que la intención es tener todo bajo control, y eso incluye que en su caso el gobernador pueda ser puesto bajo proceso”. Por ningún lado se supo que alzaran la voz los de la bancada y banda de Duarte en la Cámara de Diputados, ni Erick, Tarek o Mota.

El PRI prepara suspensiones

No es coincidencia que la Comisión de Justicia Partidaria del PRI, tan pronto se conoció que la PGR va por Javier Duarte por los delitos federales de defraudación fiscal, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y peculado, cite a sus integrantes para el próximo lunes. El tema principal será revisar el caso Veracruz que incluye a Duarte y por los menos cinco funcionarios priistas.
El pronóstico es que le suspenderán derechos como militante, probablemente no lo expulsen ahora, debido que aún enfrentará el proceso y técnicamente tiene la presunción de inocencia, y por tanto sería exceso expulsarlo, aunque a lo mejor se animan. El estricto derecho en el proceso partidista es secundario, más importante será el mensaje del deslinde del “militante corrupto”, del apestado Duarte.

Hay que ver a quiénes más meten en la agenda del lunes.

Podrían ser algunos de los diputados federales cómplices; la PGR anticipó que en los próximos días citará a otros servidores públicos.

Benítez

Se da por hecho que Vicente Benítez González no asumirá el cargo de diputado local por el distrito de San Andrés Tuxtla. El ex tesorero y ex Oficial Mayor de la SEV, implicado en la red corrupta de Duarte, perdió la curul que era una expectativa de fuero con el ejercicio de la facultad de atracción de la PGR, se llevó el caso de Benítez. Está muy lejos el 5 de noviembre, la orden de aprehensión podría salir mucho antes.

¿Licencia o desafuero?

En un nuevo escenario político aun más adverso para el final de Duarte; con la clase política nacional preparada para activar la maquinaria de la defenestración las opciones de Duarte pueden reducirse a solicitar en los próximos días una licencia o esperarse a que lo derriben con un desafuero.
Ironías

Por cierto, irónico que el Congreso local sancione a Javier Duarte en cumplimiento de una sentencia del Trife por proselitismo electoral en favor de Héctor Yunes; su presencia fue el mayor lastre para la derrota del PRI. Además de que el monto de la multa (36 mil pesos) es ridículo; se sabe que Duarte se apartó 5 mil millones de pesos de uno de los créditos que se recibieron en diciembre pasado, de los cuales dicen le dio una parte a Héctor Yunes para financiar la elección, otra parte la manejó él directamente y el resto lo ahorró. De eso también tendrá que rendir cuentas.