#AsuntosPúblicos: REBASADO POR LA INSEGURIDAD

En la evidente ingobernabilidad del estado, de los tres temas o rasgos que caracterizan la fase terminal de Javier Duarte: corrupción y enriquecimiento del grupo gobernante, quiebra de las finanzas públicas y violencia criminal desbordada, este último sobresalió en las noticias ayer.

Sin exageración ni motivación política, no se falsea la realidad al afirmar que el ciudadano común del estado percibe hoy la aterradora inseguridad que se padece en la entidad. Tanto lo episódico de los hechos delictivos, ejecuciones, secuestros, desaparecidos, fosas clandestinas, en los distintos puntos del territorio –no hay lugar libre de malosos– como los recuentos estadísticos constatan la indefensión de la gente común ante el crimen y la irresponsabilidad de la autoridad estatal; el hecho de que el gobernador Javier Duarte y su fuerza pública están absolutamente rebasados por la delincuencia.

Por separado, el tema ayer lo abordaron en la Ciudad de México dos actores políticos que se enfrentaron en las pasadas elecciones para gobernador; el senador Héctor Yunes Landa del PRI y el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN-PRD. Pese a matices en sus propuestas, ambos coinciden en el diagnóstico de la grave inseguridad en el estado y la necesidad de una urgente intervención del Gobierno Federal ante la incapacidad manifiesta del gobierno de Javier Duarte para contener la oleada de crímenes.

Reiteraciones

Héctor Yunes en el Senado presentó un exhorto al gobierno de Veracruz para que solicite la intervención de la Gendarmería Nacional, a fin de reforzar la seguridad pública en distintas zonas de la entidad, preferentemente en Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque y Jáltipan, todos en la zona sur, señaladas como “sedes recurrentes de grupos delictivos afectando la actividad económica”, faltan refuerzos no sólo ahí sino en todos lados, pero se entiende que la afectación delictiva a la economía es una de las premisas para que actúe la Gendarmería Nacional; por cierto, esta institución de fuerza pública federal sólo ha tenido una incursión en Veracruz, a principios de este año en Tierra Blanca, en el caso de los jóvenes desaparecidos por la Policía de Bermúdez y el cártel de la zona; en esa ocasión les pusieron en bandeja al líder del narco, “El Ingeniero” Navarrete, aliado de la corporación estatal, con tal de que se fueran rápido.

El gobernador electo Miguel Ángel Yunes no pide a la gendarmería, sino que el Gobierno Federal se haga cargo de la seguridad pública del estado durante los últimos 70 días que le quedan de gobierno a Javier Duarte y se designe a un comisionado federal con mando sobre las corporaciones policiacas del estado; que se hagan a un lado Duarte y sus colaboradores, a quienes acusa de estar en complicidad con la delincuencia organizada.

No es la primera vez que estos actores, al igual que otros, por ejemplo los sectores de Coatzacoalcos, solicitan los refuerzos o la intervención amplia del Gobierno Federal. No ha habido respuesta de la Federación. En el centro parecen sordos del desastre de Veracruz. No hay rescate financiero, tampoco refuerzos a la seguridad pública, y en el combate a la corrupción, hasta ahora sólo acoso mediático y deslinde público de Javier Duarte. Acumula investigaciones y pruebas de corrupción, pero aún no tiene acusaciones formales.

En la cuenta regresiva de los últimos 70 días, padecemos las omisiones del Gobierno Federal, la ingobernabilidad y corrupción del catastrófico fin de fiesta de Duarte.

Un poco arriba de los Frutsis y los pingüinos

La comunicación social de Duarte, sus boletines, las escasas plumas del Cisne y el torpe twitter de la prima Córsica pretenden reducir el impacto mediático de la violencia expandida, apuntando a versiones de que no son actos de delincuencia organizada.

Este manipuleo es visible en los recientes casos aún en discusión; el de los sacerdotes de Poza Rica secuestrados y asesinados –que confronta al Fiscal Luis Ángel Bravo con los voceros de la iglesia católica, quienes refutan su versión de criminalizar a las víctimas por supuestamente “libar licor” o “convivir con sus atacantes”; el de los jóvenes baleados en ráfaga a la salida de un bar en Orizaba –que pretenden hacer pasar por consecuencias de una riña entre jóvenes.

Un tercer caso de exagerada celeridad (aparte del montaje de serie televisiva del Rescate del Junior Ruiz, traído en helicóptero, resguardado por el envaselinado fiscal Bravo). La localización de la menor estudiante de secundaria, evadida de su familia por motivos personales, se creía víctima de delito grave en contra de su voluntad que no fue así. No justificaba enviar una “aeronave del Gobierno del Estado a traerla”. Claro, descontando que sacan raja de la renta de aviones para viajes oficiales.
Cuando se trata de cadáveres embolsados o decapitados, secuestros o fosas clandestinas es un poco más difícil para ellos construir versiones minimizadas. El problema es que nadie les cree. Ni en “los frutsis o pingüinos” ni en las farras de los curas o la simple riña entre jóvenes.

Mr Doing Bussines

No salva a Duarte pagar el ranking de Doing Bussines de que Veracruz es el lugar 10 de la República para hacer negocios en México. Seguro ha sido el mejor para él y su banda (por ejemplo con las empresas fantasmas y la red amañada de compras del gobierno).

Yolanda contra el corrupto Soso

En el marco de la competencia abierta para la elección de presidente del Tribunal Superior de Justicia, admitió su aspiración la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda, sacó algunos de los tantos trapos sucios del Poder Judicial.

Sin pelos en la lengua, la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda, autora de la máxima de los nombramientos, “ahora cualquier pendejo es magistrado del Poder Judicial”, la polémica jurista acusó al presidente saliente, Alberto Sosa, de corrupción, malversación de recursos y nepotismo de precipitar al Poder Judicial en “caída al inframundo”. Enfatizó la complicidad de Sosa con Duarte, el desvío de recursos para hacer préstamos millonarios al gobernador del Fondo Auxiliar para el Mejoramiento de la Justicia, del nombramiento como magistrados de amigos de Sosa y Duarte sin el perfil de carrera judicial; el mal manejo de cuotas del IPE de las retenciones salariales, causa de que los trabajadores del Poder Judicial no tienen derecho a préstamos del IPE. Imputa a Sosa hasta haberle plagiado –al más puro estilo Peña Nieto– su tesis sobre justicia familiar.

La corrupción en el Poder Judicial está en la agenda pública y seguramente será uno de los temas en la competencia de los magistrados por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia que se renueva en la primera semana de diciembre.

No hace mucho el gobernador electo Miguel Ángel Yunes en Coatzacoalcos señaló que el Poder Judicial estaba en manos del gobernador y de la corrupción, equiparó la codicia de funcionarios de ambos poderes. Robó el Ejecutivo y robó el Judicial. ¿Y el Legislativo?