#AsuntosPúblicos: VERACRUZ CLANDESTINO: COLONIAS DE SANTA FE

No es un asunto menor para la sociedad veracruzana el hallazgo de un cementerio clandestino, 75 fosas y montones de cadáveres inhumados ilegalmente en el predio rústico en la zona conocida como Colinas de Santa Fe, en la proximidad al recinto portuario de Veracruz.

Tampoco lo es que la detección de estas fosas clandestinas proceda de la actividad de particulares y no del Estado. Hace poco más de un mes la agrupación de madres de personas desparecidas, “El Solecito”, encontró el sitio –de forma anónima durante una marcha les entregaron un mapa para llegar y croquis de las fosas– y realizaron los primeros trabajos de exhumación; si no, las autoridades no los habrían notado o reconocido, pese a que hay algún antecedente de otro hallazgo de cadáveres, a unos 200 metros del panteón privado ahora descubierto.

La revelación del hallazgo del colectivo “El Solecito” hizo inevitable la participación de la Fiscalía General del Estado –por los evidentes delitos de homicidios e inhumación clandestina– y de acuerdo con los exámenes periciales realizados de inicio y la información del colectivo, en 8 fosas, de 75, encontraron 28 cadáveres, cuerpos completos algunos con los ojos vendados y huellas de tortura. Para empezar.

Sí es importante la cifra, al igual que la identificación de los muertos (Veracruz es de los estados que tienen mayor número de denuncias de personas desparecidas, aunque hay discrepancias en las cifras); no es menos importante determinar a los responsables, tanto del lado de los homicidas como de las autoridades omisas en evitar los crímenes y la sepultura ilegal, incluso si son los mismos, sicarios y autoridades.

Días de Campa: otras fosas, desaparecidos

No hace mucho, en abril pasado, otro grupo que busca desparecidos, la Brigada Nacional de Búsqueda encontró fosas clandestinas en los municipios de Córdoba y Amatlán de los Reyes; más recientemente se halló que hasta en Xalapa, en el panteón de Palo Verde, ha habido inhumaciones ilegales.

Ninguna sociedad civilizada que aspire a vivir en un estado democrático debe tolerar, sin exigir cuentas, hechos tan graves de violación a los derechos humanos. Ayer vino otra vez el subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, además de los desaparecidos en general, se ha ocupado de los casos de Tierra Blanca y Papantla, donde han resultado implicadas las policías locales. Viene y con su cara grave, acompañado del Fiscal Luis Ángel Bravo, se reúne con las organizaciones que buscan a sus familiares; ahora ya tomó nota de colinas de Santa Fe. A ver qué día trae respuestas.

Es inaceptable el Veracruz clandestino de violencia criminal, indefensión ciudadana, autoridades irresponsables, incompetentes o cómplices; la opinión pública debe reaccionar a esta descomposición en que llega el estado al final del gobierno de Javier Duarte. Nadie está a salvo, más que los altos funcionarios con sus séquitos de guardaespaldas.

Pierde el control del Poder Judicial

en el Poder Judicial llegan a su fin los días felices del magistrado presidente Alberto Sosa Hernández. El control ejercido en dos periodos de tres años se le acaba al tiempo en que fenece su plazo –a fines de noviembre– y su jefe Duarte igualmente agota su mandato, sin fuerza.

La evidencia de debilidad se observó en la votación del pleno del Tribunal en la última sesión, el pasado martes. Todavía intentó obedecer la consigna de Duarte de adscribir a la sala familiar a los tres magistrados recién nombrados, Paco Portilla, Patricia Montelongo y Lisbeth Hernández Ribbon. Su propuesta de considerarlos como aspirantes a la sala fue rechazada mayoritariamente. Perdió esta votación 5 votos contra 3; tuvo además de su voto, el de Vicente Morales (que ya deja de ser presidente de sala, y tendrá uno menos), y el de Samuel Baizabal, que dicen voto a favor más por Portilla que por Sosa.

Tuvo que plegarse Sosa a la mayoría para alcanzar los acuerdos para integrar la sala familiar y el resto de movimientos; tragarse la incorporación de Daniel Ruiz a la sala familiar, de la que formarán parte Fluvio Vista y Roberto Dorantes; por cierto, esta sala ya jugará en la elección del nuevo presidente del Tribunal Superior en diciembre, por ello, es relevante en el juego quién de sus integrantes ocupará la presidencia de la sala; ahora serán 9 los presidentes de sala electores (3 salas civiles, 4 penales, una familiar y la sala constitucional).Y Sosa, como presidente saliente, ya no vota ni participa en la junta electiva; por eso se especula que intentaría renunciar antes a la presidencia; retornar a su sala penal, ocupar su presidencia, e intervenir como elector en la sesión para elegir al próximo presidente; pero sus planes fantásticos, como el de impulsar a Portilla como su sucesor por instrucciones de Duarte –sus verdaderas cartas son Raúl Pimentel y Gastón Manzanilla– no se ven ya muy viables.

Otra molestia del mismo día para Sosa fue enterarse del mensaje que le mandó desde Coatzacoalcos el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, su compadre; frase de final de la luna de miel; que el Poder Judicial estaba en manos de Duarte (el jefe de Sosa) y de la corrupción (banda en la toca Sosa desde el principio de su primer periodo), ilustrado entre otros con la asignación amañada y con sobreprecio –si no cómo iba a salir para la mochada– de la construcción del Palacio de Justicia –como se recuerda entregada a una empresa identificada con el grupo de Fidel Herrera-Duarte.
Sus días felices acabaron.