#AsuntosPúblicos: EL RECORTE DEL GASTO FEDERAL EN VERACRUZ

Más allá de la propaganda y las justificaciones de los empleados federales y los políticos incrustados en el Congreso de la Unión, es comprobable que Veracruz es de las entidades que más pierden en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.

Descontado que hay factores que condicionan los recortes presupuestales, del orden 239 mil 700 millones de pesos respecto al año anterior –ya se sabe, caída drástica de los ingresos petroleros y costo de la deuda, entre otros–, y que repite la consigna de que toca de nuevo apretarse el cinturón, “con austeridad y responsabilidad”, la tijera no parece equitativa con nuestro estado.

No es poca cosa perder el año próximo 19 mil 209 millones de pesos, el gasto programable del sector público federal para Veracruz, una reducción de casi el -10% (-9.9 en términos reales) sobre el presupuesto autorizado del año en curso.

El dato aparece en la exposición de motivos del proyecto de Presupuesto de la Federación para 2017, donde puede verse la distribución geográfica del gasto programable.

En la tabla de este gasto por entidades federativas se advierte que Veracruz tendrá una merma tanto en el gasto directo de las dependencias federales –entre otros rubros en la infraestructura, en el recorte a Pemex– como en los recursos federales (excluidas las participaciones) que recibirán el estado y los municipios, tales como subsidios, aportaciones o convenios de coordinación.

Efecto petróleo e inversión

Una de las variables que pueden intuirse es el efecto del recorte en Pemex y a la inversión en infraestructura. Algunos estados petroleros muestran reducciones al igual que Veracruz, por ejemplo Campeche (-18.1%) y Tabasco (-15.1%), sin embargo otros estados con industria petrolera no reflejan disminuciones, es el caso de Tamaulipas (+10.7%) y Nuevo León (=). Cuantitativamente Veracruz es de los que pierden más, después de la Ciudad de México, que tiene un recorte de 72 mil millones, aunque sólo es de -5.2%. Obviamente el Estado de México no sufre reducciones, se mantiene con sus 188 mil 710 millones.

Una de las pocas inversiones que todavía aparecen en el Programa de Infraestructura es la ampliación del puerto de Veracruz, que destaca con una propuesta de asignación de 800 millones de pesos. ¡Al menos!

Castigo a aportaciones, convenios y desarrollo regional

No es suficiente la explicación del ajuste al gasto directo, ya que también llega el recorte a las asignaciones federales para los estados y municipios: no queda claro el recorte en algunos fondos de aportación, como el de seguridad pública, educación tecnológica y protección a la salud; a los convenios de descentralización y reasignación y al ramo 23, integrado por una serie de fondos para impulsar el desarrollo regional, que casi desaparece.

Las participaciones en impuestos son aparte; proceden de la distribución de los ingresos fiscales derivada del “pacto federal” según fórmulas preestablecidas, como se sabe, una de las fuentes principales de ingresos de estados y municipios; para éstas proyectan un aumento de 5.3%. En suma, los estados y municipios del país tendrán menos ingresos procedentes del gasto federalizado (-3.1%) y mucho menos derrama del conjunto del sector público en el gasto programable (-6.1).

Como vemos a Veracruz no le va muy bien en el proyecto de egresos. No se puede aceptar impasible la reducción de casi 20 mil millones de pesos de un año a otro. ¿Harán algo los diputados federales del estado?

Magistrados

Ayer el pleno del Tribunal Superior de Justicia ejecutó una serie de movimientos, rotaciones y acomodos para adscribir a los tres nuevos magistrados recién nombrados por el Congreso a propuesta del gobernador Duarte, en sus estertores de mayoría calificada e instalar la sala en materia familiar de nueva creación.

Los tres nuevos a las tres vacantes de la nueva sala no fue la solución. Esa era la idea inicial de Duarte, pero estaba muy burda y su achichincle en el Tribunal, su presidente Sosa, que también ya va de salida, no tiene en la bolsa a los demás magistrados.

Pudieron hacer magistrado a cualquier precio al infiltrado Francisco Portilla, otro delegado de Duarte en el poder judicial, pero no acomodarlo en la nueva sala, le tocó ir a la tropa, como magistrado visitador. La juez amiga del grupo Córdoba, que también les arregló asuntos en Coatzacoalcos, Patricia Montelongo, fue adscrita a la sala juvenil, de un solo magistrado y sin participación en el pleno. El tercer caso, el pago de favor a Javier Hernández, magistrado del Tribunal Electoral por anular la elección de diputados en Cosoleacaque (gestionado por Sosa) quedó cumplido con la adscripción de su esposa, Lisbeth Hernández Ribbon, a la sala regional del Tribunal Contencioso Administrativo.

La nueva sala familiar quedó integrada por tres magistrados que ya estaban ahí. Roberto Dorantes, de Duarte, Fluvio Vista, de Fidel, y Daniel Ruiz, de los (pre) históricos, quien presidió el desaparecido Tribunal Electoral del Poder Judicial.