#AsuntosPúblicos: PAPA CALIENTE: EMPRESAS FANTASMAS

El Auditor General del órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Lorenzo Antonio Portilla, tiró la papa caliente de las empresas fantasmas y la red de compras fraudulentas del Gobierno del Estado.

Se conoció que desde el pasado 16 de agosto presentó a la Fiscalía General a cargo de Luis Ángel Bravo una denuncia por los presuntos actos delictivos que pueden imputarse a servidores públicos del Gobierno del Estado, a gente de adentro, muy cercanos a la esfera del gobernador Javier Duarte.

No sin presión mediática e institucional, el asunto quemaba y lo soltó. El tema era ya muy visible desde que lo destapó el portal de noticias Animal Político y lo validó el Sistema de Administración Tributaria (SAT), no se duda que de ahí venga la filtración original, de que había un grupo de empresas favorecidas con millonarias contrataciones del Gobierno del Estado.

También es muy posible que Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), una de las cabezas del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, quien tiene en la mira al grupo de Duarte (lo trae con 35 mil millones adentro sin solventar del gasto federalizado), estuviera pendiente de cómo actuaba el órgano local frente a una serie de evidencias de clara corrupción de la banda del Gobierno del Estado.

El caso es que el Orfis se lava las manos, obviamente que el que lo comió responda por ello; sostiene que tras haber revisado las operaciones con las empresas detectadas como fachadas o fantasmas por el SAT, no sólo confirma que hay irregularidades, sino que las precisa: no hay evidencias de recepción y entrega de bienes, en la feria de contratos participan las mismas empresas, se fraccionan los pedidos para eludir el concurso público, lo que abona a la convicción de adjudicaciones amañadas; en abundamiento encuentra que la cantidad ejercida es aún mayor. No eran sólo 648 millones sino 940, además de que proporciona a la fiscalía los detalles de quienes suscribieron los contratos y emitieron dictámenes para validar las falsas compras, para que tenga el ministerio público, por dónde empezar a apretar.

Las alas manchadas del Cisne

En esta nueva evidencia sale a relucir que la cantidad mayor, más de 500 millones de pesos, se dispone en 2013 cuando Alberto Silva –diputado federal con licencia y actual coordinador de Comunicación Social– funge como secretario de Desarrollo Social y no es casualidad que aparezca Humberto Benítez Pérez ligado a él en el manejo de dinero, como el firmante de los contratos tildados de fraudulentos. Benítez es su conexión, lo trae Silva desde Tuxpan, donde fue su tesorero en el ayuntamiento, lo pone de jefe administrativo en Sedesol en el periodo de la red de fraude con las empresas fantasmas y se lo lleva también a la Coordinación de Comunicación social. Obviamente Benítez no podría haber operado tal cantidad de dinero sin el acuerdo y reparto con su Jefe Silva.

Spinoso caso

Le resulta implicación directa a Édgar Spinoso Carrera –actual diputado federal– por 324 millones de pesos, ya que como Oficial Mayor adjudicó y firmó los contratos de fraude, no necesariamente le participó a su entonces jefe formal Adolfo Mota –también hoy diputado federal–, puesto que Édgar ha tenido canal directo con Javier Duarte de mucho tiempo atrás.

Los de Protección Civil muy probablemente sólo hayan sido firmones, como otros tantos que hoy se quejan y lamentan de que sólo les mandaron los contratos para que firmaran, inclusive algunos sin llenado de proveedores y montos, era el precio de la permanencia en el puesto.

También aparece el DIF con las fantasmas, aunque con reservas el Orfis elude señalar quiénes firmaron los contratos por 49 millones de pesos, en pañales desechables, juguetes y paquetes escolares, la investigación ministerial no tendría problemas para identificar a la actual directora Astrid Elías Mansur como la firmante de los contratos fraudulentos. Nemi Dib seguro no metió ahí la nariz.

Cuentan que en la reunión de gabinete en El Lencero, donde casi todos estaban parados, hubo quien en público cuestionó que se les dejara en el aire, expuestos a la inquisición por las contrataciones fantasmas, a lo que, se asegura, el propio titular del Ejecutivo, con cinismo, se justificó: “es que necesitábamos liquidez”.

Ahora que está abierta la denuncia y la investigación a ver hasta dónde llega y sobre quiénes cae la acción penal. El encuadre o tipificación de los delitos corresponde ya a la Fiscalía, sea el cohecho, peculado o el que les guste y cuadre.

Habrá ahora mucho más atención al asunto. No se puede permitir que se lleven de esa manera casi 1000 millones de pesos.