#AsuntosPúblicos: DUARTE: INICIO Y CIERRE CON VIOLENCIA

La oleada de violencia creciente que los grupos delincuenciales han impuesto a la sociedad veracruzana en los últimos meses –ejecuciones, secuestros, desapariciones forzadas– muestran de nuevo rebasado al gobierno terminal de Javier Duarte, incapaz de garantizar a la población la seguridad de su integridad física, la protección de sus bienes y la vigencia del estado de derecho.
Esta incapacidad de cumplir con una de las tareas básicas del estado es uno más de los signos que caracterizan la ingobernabilidad del tramo final en el gobierno de Duarte.

Como ha sucedido de manera recurrente a lo largo de su administración, los hechos criminales están en el centro de las noticias del estado, tanto en el plano nacional, donde se acumulan y destacan, como en las diversas regiones de la entidad, como Coatzacoalcos, Veracruz-Boca del Río, Xalapa, Córdoba-Orizaba, Poza Rica y Gutiérrez Zamora y más al norte, hasta Pánuco.
No hay zona libre de delincuencia, en Veracruz, la muerte no pide permiso. El gobierno de Javier Duarte no ha podido o no ha querido contener el azote de las mafias, por más operativos de blindaje que difunde y de la participación de las fuerzas armadas federales en las tareas de seguridad pública.

Se presume que las policías estatales y municipales, no depuradas y sin control de confianza, están metidas en las redes de la delincuencia organizada, son mediadores y operadores.
No faltan las versiones e hipótesis acerca del rally violento; desde las que pretenden relacionarlo con el cambio de gobierno, con el reacomodo de cárteles de la droga, secuestro, extorsión o chupaductos, las recurrentes disputas mafiosas por el territorio hasta la limpia de las huellas de los trabajos de Bermúdez, el enriquecido secretario de Seguridad Pública de Duarte, obligado a renunciar a principios de mes por las presiones de la opinión pública.

Los hechos delictivos, masificados y extendidos, muestras evidentes de la presencia y dominio de los grupos de delincuencia organizada y el estado rebasado, marcaron el primer año de gobierno de Duarte; representativo de aquel momento, los 35 cadáveres arrojados a la luz del día, desde una camioneta, en una avenida de la zona turística de Boca del Río en septiembre de 2011. El ataque a las comunidades de Alto Lucero, realizado el pasado viernes por un grupo armado, que capturó y después ejecutó a 8 personas (número reconocido), sería de los episodios que podrían seleccionarse para ilustrar el sangriento final de Duarte.

El ciclo de Duarte, como la culebra que se muerde la cola, cierra como empezó, con violencia criminal.

Alto Lucero, clímax de violencia

Las versiones oficiales de los hechos en que 8 personas fueron asesinadas este viernes en el municipio de Alto Lucero y de sus autores, son muy precarias y poco fiables.

La primera versión de los hechos, de la Fiscalía del estado, la cual se difundió el sábado, se limitó a registrar el hecho de la muerte en grupo y a referir el inicio de las investigaciones. Ubica el lugar como Mesa de 24 en Alto Lucero, donde se encontraron los 8 cuerpos –7 hombres y una mujer, aun sin identificar–; menciona el aseguramiento de 12 vehículos y la actuación de “elementos castrenses y de la Fuerza Civil” en la persecución de varios vehículos, indicando que los vehículos y cuerpos fueron abandonados en un paraje “sin que haya detenidos”.

La versión del gobernador Javier Duarte, expuesta en conferencia de prensa ayer, de que ya capturaron a 7 de los presuntos responsables de la masacre, es poco creíble.

Según dijo, a los malosos los atraparon en un retén, al hacerles la parada, una de las víctimas que llevaban alertó a la “fuerza civil” y en el acto los aprehendieron, además dicen haberles encontrado armas en el vehículo.

Detenidos de cuerpo ausente, ¿montaje?

La sospecha surge por el montaje de la conferencia de Duarte. En primer lugar, no hay presentación de los detenidos; aunque digan que se apegan al nuevo sistema de justicia y a la presunción de inocencia, de tenerlos, alguna forma habrían encontrado para darle cuerpo a la noticia –sin evidencia de los detenidos–, nadie les va a creer.

En segundo lugar, el vocero de la información es el propio gobernador Javier Duarte, flanqueado por el secretario de gobierno, Flavino Ríos, y el recién nombrado secretario de Seguridad Pública, José Nabor Nava: No participa el Fiscal Luis Ángel Bravo, a cuya disposición debían estar los detenidos (de haberlos), tampoco está presente ningún servidor público de la Marina o del Ejército, es decir, nadie ni nada avala la detención, sólo la declaración del gobernador Javier Duarte.

El descrédito de Duarte pone en duda la veracidad de la detención. Urgido de una respuesta rápida ante su nueva crisis de ingobernabilidad por la ráfaga de violencia criminal, se le ve aferrado al clavo ardiendo: ¡ya los atrapé!, como para intentar demorar su caída, de nuevo anunciada por su incapacidad general para gobernar.

El manejo de la comunicación del gobernador se percibe desesperada por atajar la crítica generalizada de ineptitud y para enviar a sus juzgadores del centro, donde ya cayó de la gracia, un mensaje de que no se le está desbaratando el estado, ¡ya lo desbarató!
A ver en qué queda el proceso de sanción a los responsables de la matanza. Lo que desgraciadamente es irreversible es la falta de seguridad pública que permitió a una banda de hombres armados a abordo de un convoy de 12 vehículos aterrorizar las comunidades de Alto Lucero y ejecutar a 8 de sus habitantes.