#AsuntosPúblicos: SIGNOS ADVERSOS PARA EL FINAL DE DUARTE

Aunque lo niegue y se diga inocente es un hecho que el gobernador del estado, Javier Duarte (como varios de sus colaboradores) está en el banquillo de los acusados por actos de corrupción, desvíos de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, así como por indolencia e incapacidad para resolver los problemas fundamentales del estado; tanto los más amplios, economía, desarrollo y bienestar, como los operativos de finanzas y administración pública, servicios y seguridad.

Están bajo sospecha del tribunal de la opinión pública, donde muchos ya los condenaron; en el discurso de la oposición, que construyó su fuerza y triunfo electoral en los señalamientos de corrupción, en la oferta de encarcelarlos y obligarlos a devolver “lo que se llevaron”, actores que siguen apostando a su derrumbe o en acotarlo en sus últimos días.

Pero también Duarte y su gobierno están en la mira de las investigaciones por irregularidades en el manejo de los recursos públicos, cuando menos en tres vertientes, todas del ámbito federal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que le imputa desvíos por 35 mil millones de pesos, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) que investiga la red de comercializadoras beneficiadas por el Gobierno del Estado con contratos de adjudicación directa o dirigida que resultaron fachadas y evasoras fiscales, y la conjunción de estas irregularidades como denuncias penales en la Procuraduría General de la República (PGR), donde también se acumulan las denuncias por enriquecimiento ilícito en contra de Duarte y sus colaboradores. Sin duda que abona a una imagen de corrupción que el hoy ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, se descubra como un magnate –con bienes multimillonarios en USA–, hotelero y empresario de seguridad privada. Más lo que vaya a salir.

Abandono y sacrificio

además del escenario negativo del momento –la persistencia del impago casi general, la insolvencia, parálisis de obras y pasmo en las dependencias, la inseguridad desbordada, entre ajustes de mafias, secuestros y desapariciones forzadas, y la rispidez de la transición–, el abandono político a Duarte contribuye a formar una imagen de su desolación. Estos son hechos aunque, él diga que “no se siente abandonado”, que tiene todo el apoyo de Peña y que en su partido, el PRI, lo quieren bien.

Lo cierto es que no sólo se han deslindado de él en cúpula de clase política central a partir del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reflejado en todo su radio –gabinete y dirigencia nacional del PRI–; sino que pareciera lo van a poner en la piedra de sacrificios como una exhibición de congruencia con el combate a la corrupción (en las tierras de mi compadre) dentro de una estrategia de protección al presidente Peña y al Gobierno Federal, la operación limpieza del PRI, hacia la próxima disputa por la Presidencia de la República en 2018, que les viene con sus bonos a la baja.

En lo anecdótico reciente se citaría la marcada distancia en que se ubicó a Duarte del presidente Peña en la ceremonia de cadetes en la Naval de Antón Lizardo, su exclusión del séquito de la gira, pero más, por la declaración explícita de esta semana en la entrevista con López Dóriga, ampliamente difundida; de que no meterá las manos por los gobernadores acusados, con mención directa a Duarte. Enrique Ochoa, el operador de Peña en el PRI, ayer fija fecha –antes de diciembre– para resolver el proceso de expulsión de Duarte del PRI.

Nuevo portalazo

En ese marco de repelencia a Duarte y de echarle leña para sus juicios, ahora que está bastante caliente su paila, ayer se trepó de nuevo el titular de la ASF, Juan Manuel Portal. Se debe recordar que este funcionario arrancó a principios de este año (con el informe de fiscalización de 2014) una cacería mediática a Duarte, la cual se combinó con denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) en el orden administrativo de la propia ASF, por desvíos de recursos y daño patrimonial y en el penal por delitos de simulación de comprobaciones y reintegros de fondos por un total de 35 mil millones de pesos.

Ayer Portal aseguró que el gobierno de Duarte sigue sin solventar las irregularidades, que tienen aún pendiente de comprobar el 90% de las imputaciones.

El Gobierno del Estado refutó al auditor de la ASF por conducto del contralor Ricardo García Guzmán. Precisan comprobaciones hasta por 10 mil 500 millones de pesos, de 14 mil de 2014, refiriendo oficios de la misma ASF aceptando las solventaciones; aunque califican de imprecisas, tendenciosas y con un interés político las declaraciones de Portal, por el momento en que se producen sugiere que podría tratarse de preparativos de una caída anticipada.

Final abrupto o por término de mandato

De nuevo Duarte contra la corriente. Ha dicho que no pedirá licencia y que terminará su mandato el 30 de noviembre, al último minuto. Pero ya hay de nuevo conjeturas de que no llegará a esa fecha, que los mensajes apuntan a una próxima salida.

Admitida la conveniencia de enjuiciarlo por parte del grupo político al que ha pertenecido, se cree calculan el tiempo y los beneficiarios de la sanción; como se sabe, la oposición, sobre todo Miguel Ángel Yunes, el gobernador electo, enemigo acérrimo de Duarte, proclamaría su triunfo si se le permite adjudicárselo; así que el Gobierno Federal y el PRI tendrían que operarlo de tal manera que pudieran presentarlo a la opinión pública como un acto de ellos y no de la oposición. Se pelearían por ostentar el trofeo ante la opinión pública y mostrarlo como logro para elecciones venideras y legitimación en el ejercicio del poder.

Habrá que estar atentos a lo que traen los días venideros, al contexto del IV informe de Enrique Peña Nieto y al inicio del periodo ordinario del Congreso de la Unión. No se descarta el descabelle en el Informe o el arrinconamiento con un juicio político o declaración de procedencia. La caída de Duarte está en el ambiente político.