#AsuntosPúblicos: ¡SE LES ACABÓ EL RECREO!

Improvisado como tabla de flotación, después del fracaso del PRI en las elecciones estatales de junio pasado, la mayor debacle en su historia, el discurso anti-corrupción y su portavoz, Enrique Ochoa Reza, un tecnócrata de segunda línea del clan de Peña Nieto, pretende levantar al partido de sus ruinas, pero ante las dificultades para que se materialicen tales mensajes de renovación, limpieza y sanción a sus “malos militantes”, no tardará en agotar su precaria vitalidad.

No se augura que funcione la recuperación de la credibilidad para el PRI tan sólo a partir de repeticiones de propósitos y reiteración de alabanzas al entramado normativo institucional del llamado Sistema Nacional Anticorrupción, el cual para que se levante y ande tardará más que Lázaro.

Una cantaleta y letanía anticorrupción sin nadie tras las rejas, ni devoluciones de saqueo y demostraciones de aplicación de la leyes, seguro no serían suficientes para apuntalar a ese partido en las elecciones en puerta: las locales que habrá en 2017 (en Veracruz, municipales) y las federales de 2018 –Presidencia y Congreso de la Unión– que además concurrirán con elecciones locales (en el estado, otra vez, para gobernador y diputados).

Asimismo, el actor Ochoa –dueño de una flotilla de más de 40 taxis– parece concentrado en castigar a los de su “nueva casa”, fustiga a los de adentro, apenas y se ocupa de los adversarios donde obviamente cunden los políticos corruptos, como en cualquier partido, olvido que aprovechan para estigmatizar a los del PRI: moda y confusión. Hasta ahora, Ochoa comienza a ver hacia afuera, avisando que chicoteará parejo a los corruptos de todos los partidos; a todos se les acabó el recreo, advierte justiciero (menos a sus jefes del Gobierno Federal).

Los culpables, que paguen

En su primer momento, la evaluación apresurada del resultado de las elecciones (la lectura del mandato de las urnas), donde los priistas y aliados fueron batidos por el PAN-PRD 7 a 5, destronados por primera vez en varias entidades que no han tenido alternancia, entre ellas Veracruz, la responsabilidad de la derrota se imputó de manera transitoria a la dirigencia partidista (Beltrones renunció), pero de manera categórica y determinante se les cargó a los gobernadores de los estados, al voto de castigo por su mala gestión, a la corrupción percibida en los funcionarios emanados del PRI.

De ahí la simplista lógica para recurrir al discurso anticorrupción y poner en el banquillo de enjuiciables a sus propios militantes gobernadores. Para Veracruz esa línea partidista la mostró enseguida de la derrota la presidenta interina, Carolina Monroy, y la acentuó Enrique Ochoa tan pronto asumió la presidencia; Duarte ni se asomó a la toma de protesta del nuevo líder, y no tardaron en abrirle un procedimiento formal para expulsarlo del PRI.

El Gobierno Federal igualmente se distanció de los gobernadores que perdieron. Los dejaron correr en los primeros momentos de la transición, les dejaron operar al inicio sus blindajes, nombramientos transexenales y en algunos casos, hasta contratación de créditos, hasta que en las presiones de la oposición jalaron las riendas a sus gobernadores (Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, los acusados por la oposición) y los frenaron con una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el supuesto de contravenir los principios del Sistema Nacional Anticorrupción, asunto más político, exhibición de mando central, que controversia jurídica.

Y como aquel que está por encima de la corrupción y todo se concentra en los “malos gobernadores”, en la misma línea, el presidente Peña ayer dijo que no meterá las manos por ningún gobernador que haya incurrido en hechos de corrupción.

Soslayo

Aunque no se duda en la responsabilidad política de los gobernadores priistas en la derrota de los candidatos de su partido (tampoco de que estén implicados en casos de corrupción y enriquecimiento), en el discurso priista hay notorias ausencias, omisiones reveladoras de intencionalidad en desviar la atención.

Poco se ha responsabilizado a los candidatos que perdieron, algunos, como Héctor Yunes aquí, pretenden que tienen derecho a volver a postularse en dos años, puesto que perdieron no a causa suya sino por culpa ajena, es su ilusa versión de la segunda oportunidad que no choca con la tesis de “nuevo PRI” ochoesco.

Pero el principal excluido como factor de la derrota del PRI y obviamente de toda sospecha de corrupción es el Gobierno Federal.

Al cuarto año de gobierno Peña y su gabinete, sus políticas y programas lucen agotados, bajo la apreciación de fracaso o resultados insatisfactorios, el reformismo político –el pacto por México– centrado en grandes proyectos de concertación de fuerzas políticas y “cambio estructural”, energética, educativa, telecomunicaciones, crédito, transparencia y un largo etcétera, terminó con las expectativas; a estas alturas no hay avances o mejorías en lo económico, el crecimiento y el empleo son magros; las finanzas públicas están contraídas, híper recortadas, la pobreza no disminuye, la inseguridad y delincuencia tampoco, ni en salud o educación, menos en el medallero olímpico.

Y ni para que presuman de que están libres de corrupción. La gente se sabe la historia de la casa Blanca o la de Malinalco financiadas en conflicto de interés. Y el nuevo capítulo del Depa en Miami.

A ver cuánto le dura el discurso anti corrupción al líder del PRI, Enrique Ochoa, y al presidente Peña, si no procesan a nadie de su partido y de la oposición. En Veracruz ¿Duarte o Yunes, uno o los dos?