#AsuntosPúblicos: DENUNCIA DEL SNTE A YUNES LINARES

El gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, sumó ayer otra denuncia penal a las tantas que se han presentado en su contra por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Los denunciantes ante la Procuraduría General de la República (PGR) son ahora los miembros del sindicato magisterial, la sección 32, con sede en Veracruz del SNTE, quienes implican a Yunes en la obtención ilegal de dinero a través de empresas de su propiedad, en pago o comisión por operar el sistema de usura de la empresa Consupago, de sus amigos Chedraui, a los empleados del ISSSTE y pensionados cuando se desempeñó como Director General de esta institución, en el periodo, 2006-2010.

El sistema de usura a trabajadores, el préstamo en dinero o en especie, con elevados intereses –incluso más del 300%–, garantizado con el descuento quincenal en la nómina del deudor es un antiguo método de enriquecimiento del que ha sido parte el SNTE, mismo que Yunes conoció cuando estuvo al lado de Elba Esther Gordillo; generalizado y agotado (ya hasta fue motivo de un rescate, el profeproa, financiado por el gobierno de Peña al SNTE en compensación por el encarcelamiento a la profesora y el costo a la dirigencia por la reforma educativa), el sistema de colocación de préstamos onerosos a trabajadores cautivos y su liquidación mediante descuentos a la nómina sigue exhibiendo el contubernio entre las sociedades financieras agiotistas (Sofoles), los sindicatos mediadores y la dependencias operadoras.

Paguitos a las empresasa de Yunes

El sindicato magisterial que sabe de eso le señala y acusa a Yunes Linares recibir sobornos encubiertos; identifica a la empresa Consupago –filial del grupo empresarial Chedraui– y a las tres empresas propiedad del entonces director del ISSSTE y de sus familiares directos, su esposa e hijos, todos ellos presentes como socios en Cobranza y Recuperación, Corporate Linkage e Intermediación Corporativa.

Documentan operaciones de paguitos a los Yunes por 236 millones de pesos entre 2008 y 2011. Las familias Yunes y Chedraui estaban de acuerdo, bonito negocio.

En su denuncia, la sección 32 del SNTE asegura contar con las pruebas para demostrar sus señalamientos y actuar como gestores de los “miles de maestras y maestros del SNTE”. Y aunque no lo digan, es una respuesta del maestro Juan Nicolás Callejas, líder moral de esa sección sindical en Veracruz, y actual líder del Congreso, con quien recientemente Yunes Linares se confrontó (¿con quién no?, si frente al espejo reclama a la imagen que ve) por la agenda legislativa, montando un circo de descalificaciones y ofensas, amenazas de juicio político y linchamiento mediático a legisladores.

Aunque esta nueva denuncia es un producto de los frentes de pelea que está abriendo, lo cierto es que Yunes ha dejado sus manchas de corrupción por todas las instituciones públicas que ha cruzado y asaltado.

¿Intocable por el sistema anticorrupción?

Denuncias de sus pillerías no han faltado; pero las coyunturas políticas, sus alianzas y arreglos hasta ahora la han permitido frenar la acción de la justicia. Son tantas las denuncias que cuando la balanza política no le favorezca, por cualquiera lo reventarían.

Hasta hoy está impune, pese a las pruebas exhibidas reiteradamente de la inmensa riqueza –calculada en varios cientos de millones de pesos–, y de que muchos de los ostentosos bienes suyos y de su familia están a la vista de todos.

Es todavía un intocable para el Sistema Nacional Anticorrupción. Y mientras ese sistema permita intocables, como sus modelos precedentes, no pasará de ser una farsa.

Juicio anticorrupción a los dos

Ni quien se oponga a que castiguen a los rapaces y saqueadores del gobierno de Javier Duarte, pero la vara de la justicia, para ser creíble, no debe distinguir entre políticos en desgracia (política, no económica, que están muy cargados, sólo hay que ver a Bermúdez, a Duarte y sus prestanombres), en cuyo probable sacrificio, el Gobierno Federal trataría de aparentar el combate a la corrupción, soslayando los señalamientos al presidente Peña, a la primera dama y a su camarilla, además de responsabilizar a los gobernadores en capilla (los dos Duartes, César de Chihuahua y Javier, de aquí, y al de Quintana Roo), de “haber fallado a la sociedad”, otro recurso para zafar al gobierno de Peña del voto de castigo. Ninguno de los gobernadores salientes perdedores debe tener puente de plata a su entrega; no al menos Javier Duarte, quien destrozó la administración pública, sobre endeudó al estado y despilfarró los recursos públicos, al mismo tiempo que se enriqueció sin medida junto con sus incondicionales identificados.

Pero el juicio a Duarte y a su administración tampoco es suficiente; Miguel Ángel Yunes Linares también debe rendir cuentas de la cola que tiene pendiente. Sus abusos de poder no han prescrito; las conveniencias de alianzas políticas no deben impedir que se le investigue y aplique la ley.