No hay duda de que en la abogacía como en cualquier profesión o actividad si se pone el mayor empeño esta recompensará lo suficiente, sin embargo las recompensas no deben entenderse solo como la remuneración que se percibe a cambio del servicio, pues existen otras que no pueden obtenerse en un sentido material y no hay mejor recompensa que aquella que se logra sin buscarla directamente, como lo son: la fama pública, que depende de nuestro comportamiento como personas, el prestigio, que depende de nuestro ejercicio como profesionistas, el respeto, que dependerá de nuestro trato con los demás y la gratitud de los clientes, que puede depender de muchos factores, así cualquiera de estas satisfacciones si bien no debe ser un objetivo como tal, si algo que incentive nuestro actuar para reivindicar la profesión en el ánimo de retribuir todo lo que se nos ha dado con el producto del trabajo.
Retribuir a la sociedad debe ser siempre el espíritu de la abogacía pues ello sin duda es afín a la búsqueda de la justicia, esta retribución puede otorgarse de diversas maneras, una de ellas es la labor social, el actuar buscando desinteresadamente la procuración del bien público, llamado en algunos lugares como servicio pro bono.
Pro bono público, generalmente abreviado como pro bono, es una expresión latina que data desde el derecho romano y que significa “para el bien público,” Se utiliza comúnmente para designar a la defensa jurídica gratuita, pero bien puede ser de cualquier otra profesión u oficio, realizado voluntariamente y sin retribución económica.
También suele usarse de manera similar la frase latina “ad honorem”, que significa “por la honra”. Aunque ambas frases pueden considerarse como sinónimas, se prefiriere distinguir a ésta última para referirse a trabajos del ámbito privado y pro bono para aquellos en el ámbito público.
Un abogado pro bono, por poner un ejemplo, puede asistir a un individuo o a un grupo de personas, ya sea asesorándoles acerca de la burocracia del gobierno, o tramitando un caso judicial o interviniendo en apelaciones. En algunos ordenamientos de otros países, si el litigio es ganado, ocasionalmente el juez puede establecer que la parte que lo ha perdido compense económicamente al abogado pro bono, sin embargo, no debe confundirse con un abogado de oficio que ejerce pagado por el Estado.
Por ello en muchos países como Estados Unidos, Costa Rica entre otros, las asociaciones, y colegios de abogados recomiendan a sus integrantes realizar cierto número de horas pro bono. Cabe mencionar que pese a que el 11 de enero de 2008 entro en vigor la Declaración de Trabajo Pro Bono para el Continente Americano, en México no existía la figura como tal, sin embargo desde hace algunos años diversas organizaciones se encuentran promoviendo el servicio jurídico gratuito entre las que se encuentran: sin fronteras (institución de asistencia privada), apleseed mexico, Red Pro Bono México, entre otras.
La razón del auge del servicio pro bono sin duda parte de un sentimiento de responsabilidad social de la comunidad jurídica, tal y como lo señaló Julio Terres Copo en el Segundo Informe de la Red de Abogados Pro Bono de Sin Fronteras I.A.P. en el que apuntó que: “los abogados somos parte del 7.42% de la población en nuestro país que tuvo acceso a una educación universitaria. Conocemos y tenemos acceso a los medios por los que se administra justicia, entendemos los alcances y límites de la administración. El conocimiento nos hace responsables.” Por su parte Lila A Gasca E., precisó en la revista Forbes de 19 de octubre de 2015 que “no existe más que una obligación moral de apoyar a aquellos que más lo necesitan a través de nuestra profesión.”
Debemos tener en cuenta que más allá del litigio, una de las razones más comunes por las que se violentan los derechos de las personas es por desconocimiento de las normas, desconocimiento de quienes las trasgreden, pero más que nada desconocimiento de aquella quien ha sido trasgredida en su esfera legal.
Por ello una de las labores más importantes de los abogados no solo es la defensa de los derechos de las personas, sino precisamente la de investigación y difusión de los mismos. Al respecto Julio Terres Copo señaló también acertadamente que: “El acceso a la justicia es un derecho reconocido tanto en nuestra Constitución como en diversos Tratados Internacionales de los que México es parte… no obstante el reconocimiento de este derecho se ha observado que únicamente las personas de cierto sector tienen acceso a él, debido a la disparidad económica existente en nuestro país.”
Por lo anterior, se estima que pese a que el estado cumple con su función de “garantizar el acceso a la justicia,” para lo cual existen defensores de oficio (abogados pagados por el estado), se considera que ello es insuficiente para que las personas accedan a la justicia, ya que los defensores son abogados que inician o responden un proceso jurisdiccional cuando esa es la intención de la persona, pero para que las personas tengan dicha intención se requiere de un conocimiento esencial y previo de los derechos básicos, pues sin dicho conocimiento previo rara vez una persona acude a una instancia jurisdiccional; es decir como exigir un derecho que no se sabe que se tiene?.
Carlos del rio, Coordinador del programa Pro-bono México señaló en el número 23 de la Revista Uno que: “Para la comunidad jurídica en México (colegios de abogados facultades de derecho, despachos profesionistas independientes y organizaciones de la sociedad) es indispensable entender que debe implementar e institucionalizar la cultura del trabajo pro bono como parte fundamental de su política de responsabilidad social.”
Por ello merece todo nuestro reconocimiento la labor que realiza la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana en nuestra ciudad de Xalapa, la cual opera un bufete jurídico asistencial en la zona universitaria desde 1955, hace más de 61 años en el que se brinda atención gratuita a grupos vulnerables sin duda un modelo a seguir.
Por lo antes señalado y siguiendo el ejemplo de las diversas organizaciones que operan en muestro país en promoción de la responsabilidad social y el servicio Pro bono, a partir del 13 de agosto del año en curso, en coordinación con la asociación civil “Por el Bienestar de Veracruz” cuya Directora es la Lic. Ana Karen Castillejos Garcia, Diputada Juvenil por el Municipio de Las Choapas, Comenzaremos un programa de asesorías, consultas y tramites sin costo, arrancando en el Municipio de Teocelo, Veracruz, con base en el número 4 de la calle allende en la colonia Centro, los días sábados a partir de las cuatro de la tarde.
Aprovechamos para hacer una atenta invitación a los distintos colegios y asociaciones que estén interesadas en participar y sumarse en el proyecto, el cual inicia con una base fija pero con la intención de convertirlo en un programa itinerante a fin de acercar el asesoramiento a grupos vulnerables de diversos municipios y localidades de nuestra Entidad Veracruzana, para que todas las personas puedan acceder a la justica. Dudas consultas y comentarios www.consultoriayserviciosjuridicos.com
