#AsuntosPúblicos: EL ELEFANTE DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA)

No inspira mucha confianza el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). La clase política que no está en el primer círculo de poder y la opinión pública la reciben con reservas y dudas de su viabilidad y eficacia; el grueso de la población con indiferencia; se le pondera, claro, como la magna obra de un estadista de talla internacional en la élite de la corte presidencial, donde parece el juego de disfraces y espejos, para reflejarse como se quieren ver.

Al igual que el año pasado cuando se aprobó la reforma constitucional en esa materia, no entusiasma la promulgación hecha ayer por el presidente Enrique Peña Nieto del paquete de leyes secundarias del llamado Sistema Nacional Anticorrupción; las que van a regular la política nacional centralista y macro pretensiosa para prevenir y sancionar toda la gama de conductas deshonestas y delictivas en que pueden incurrir servidores públicos y particulares en relación con los recursos públicos.

En el montaje de la promulgación lo que más llamó la atención por la desfachatez de la farsa fue el Mea Culpita de Peña Nieto, el perdón retórico que pidió tras su reconocimiento impune de que “cometió un error”, mas no aceptó la existencia de delito en la operación de conflicto de interés que manchó su administración: la Casa Blanca, la lujosa residencia en la Ciudad de México adquirida por su esposa Angélica Rivera con “financiamiento” de una contratista de su gobierno (OHL); pero ya se “corrigió”, devolvieron la casa del quemón. Así que ahí muere. También acompañó la ceremonia la renuncia del secretario de la Función Pública, Virgilio Caballero, el empleado presidencial que tuvo y cumplió con encomienda de dictaminar que no había irregularidad en la transacción de la Casa Blanca y tampoco en la residencia que esa misma empresa vendió al secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Modelo para armar (si pueden)

El llamado Sistema Nacional Anticorrupción es complejo y vasto, crea nuevos órganos, como el comité coordinador del SNA, re define otros existentes, como la Secretaría de la Función Pública, contralorías y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que incrementa atribuciones para intervenir en los estados en la auditoría a sus participaciones, rubro hasta ahora excluido; la fiscalía especializada en combate a la corrupción y los tribunales administrativos, pretende establecer mecanismos de coordinación horizontal en el Gobierno Federal y vertical respecto de estados de la República y municipios, homologar legislaciones y reproducir los esquemas de coordinación en las entidades federativas. Es un gran plano o mapa burocrático difícil de levantar, aunque tienen plazos para hacerlo, a ver cuánto tiempo les toma en realidad y con cuáles resultados.

La arquitectura normativa del Sistema Nacional Anticorrupción está dispersa en una gran cantidad de leyes, a partir de la Constitución Política, tantos que sólo enumerarlas fatiga al que redacta y al que lee, hay una Ley General del Sistema, una nueva Ley de Responsabilidades Administrativas, una Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, una reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para regular la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, reformas al Código Penal federal en materia de combate a la corrupción.

Otra vuelta a la tuerca

Hace décadas que el sistema político mexicano de la época contemporánea, al menos desde finales del siglo pasado, a partir de la renovación moral de la sociedad, uno de los lemas de gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), contiene disposiciones legales diversas de orden administrativo y penal para combatir la corrupción –los delitos cometidos por servidores públicos (como el peculado) son anteriores, sin que se haya impedido el enriquecimiento de los funcionarios de todos los niveles y ámbitos–, así como los particulares asociados a éstos en los negocios que tienen como fuente el ejercicio del poder o los recursos públicos.

Las democracias modernas se legitiman con la rendición de cuentas en el marco de un estado constitucional de derecho, además de que estas prácticas son calificaciones en el ranking global, atractivos para inversión, entre otros. Por eso la necesidad del montaje, el espectáculo de la transparencia y la rendición de cuentas, la cruzada “anticorrupción” (en la parcela de mi compadre).

Lo de hoy son los mecanismos nacionales de coordinación, el modelo central y su réplica, la relativa autonomía de determinados órganos, el pluralismo político formal en su designación y la fachada de “participación social”.

La cleptocracia, un sistema de ejercicio de poder en el que sus miembros toman ilegalmente fondos públicos, ha sido capaz de burlar los mecanismos anticorrupción. No parece sencillo ya no de erradicar, sino de contener la rapacidad de la clase política y sus asociados en la esfera económica. La fachada es democrática, la estructura cleptocrática.

A prueba

El discurso doble de los políticos, los intereses grupales y de competencia por el poder condicionan las decisiones de aplicación de las leyes anticorrupción. Aparte de la maraña normativa y burocrática que dificultará la implementación de la política.

Con todo, algo tendrán que aplicar al circo de las masas y las apariencias. Como serán cuestionados en la opinión sobre los resultados de esta política tendrán que encontrar los chivos o los chanchos expiatorios, que no sean sólo alcaldes de rango inferior. Hoy el discurso político del sistema de partidos y gobierno sataniza de corruptos a un grupo de gobernadores en curso de dejar el cargo, por el PRI, de Chihuahua César Duarte, de Veracruz Javier Duarte y de Quintana Roo Roberto Borge, y a otros que recién lo entregaron como Guillermo Padrés de Sonora del PAN, incluso entre los gobernadores electos, Miguel Ángel Yunes de Veracruz, también del PAN, tiene denuncias abiertas por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Accionista en Woodlands

Una vez más el gobernador del estado Javier Duarte se declaró honrado con todas las haches. Negó tener propiedades en Texas en el desarrollo residencial de súper lujo Woodlands, ubicado cerca de Houston, Texas.

Dice que sólo compró, con su sueldo con cargo a su tarjeta de nómina, una membrecía en el Woodlands Country Club. En este club –según nota alusiva– recientemente le dieron la bienvenida como socio a él y a su esposa Karime Macías, junto con los matrimonios Chandler, Linden y Nash.