#AsuntosPúblicos: SIGUIENTE CHOQUE: DESTINO DEL IMPUESTO A LA NÓMINA

Es inminente el choque entre el gobierno saliente de Javier Duarte y sus aliados en el Congreso local con el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, por el destino de los ingresos del impuesto del 3% sobre la Nómina.

El gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, sin facultades ni mando, una figura decorativa hasta que rinda protesta el 1 de diciembre, pretende desde ahora ordenar a las autoridades en funciones cómo desea que tomen las decisiones, lo que obviamente conduce a la confrontación. El impuesto en cuestión significa un ingreso anual de 3 mil millones de pesos, es la principal fuente de recaudación local, tiene por ello un interés personal en el asunto; si se destina al pago de pasivos, no podrá ejercerlo cuando asuma el poder, de ahí su verdadera motivación, esa pelea vale 3 mil millones de pesos al año. Si por menos hace argüende, por ese billete despotrica con énfasis y hasta incita a empresarios (ya cooptados) para que amaguen con que no pagarán el impuesto a la nómina si se le cambia su destino (no se han percatado que ya se modificó). Evidentemente Yunes Linares desconocería los adeudos institucionales del Gobierno del Estado con proveedores y contratistas. Se trata del botín de guerra y no de otra cosa.

Para sanear las finanzas

Para esta semana se prevé que las comisiones legislativas de Vigilancia y Hacienda dictaminen las iniciativas de Duarte para afectar los ingresos del impuesto a la nómina en dos fideicomisos, uno de recaudación y otro de pago de pasivos a proveedores y contratistas, propuesta que ha generado controversia al enmarcarse en la conflictiva transición y la disputa por los recursos públicos.

Aunque del sector empresarial en forma grupal o individual desde hace tiempo han demandado el pago de adeudos al Gobierno del Estado, es conocida la problemática de la suspensión de pagos a proveedores y contratistas y la situación de quiebra o endeudamiento, ahora que se plantea un instrumento jurídico financiero para cubrir esas obligaciones del estado, algunos segmentos parecen oponerse. Es claro que los intereses políticos del próximo gobierno presionan para desacreditar la iniciativa involucrando a grupos empresariales que han tomado partido del lado de Yunes Linares.

Desde el punto de vista legal no hay ningún impedimento para afectar ese impuesto al fin mencionado, ya que si bien en sus orígenes se dispuso que se destinaría a la ejecución de obras públicas, esto se modificó; en la reforma al Código Financiero se permite su uso para el saneamiento financiero, como se recuerda dicho impuesto sería parte de la reestructura financiera aprobada en el Congreso el año pasado, iba a sustituir participaciones como garantía de pago, la que no pudo concretarse. Sin embargo, la opción de destinar el impuesto a saneamiento de las finanzas públicas, como lo es el pago de pasivos, quedó establecido.

De aprobarse su iniciativa Duarte asegura el pago de los adeudos no cubiertos en su administración; garantiza el cumplimento de una obligación institucional, ya que fue el estado (y no Javier Duarte a título personal) la entidad pública que recibió los bienes, servicios o la ejecución de obra, incumpliendo en su momento por la insolvencia financiera que prevaleció. Los pasivos reconocidos y entregados al Congreso ascienden a 12 mil millones de pesos (un poco menos por una depuración de última hora).

Desobediencia si-vil

En los últimos días se han visto en los medios declaraciones de representantes de algunas cámaras empresariales claramente identificados con la posición política y los intereses del gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, que dicen ser decenas de miles los que no pagarían como causantes el Impuesto a la Nómina al que están obligados si esta contribución se destina al pago de pasivos del Gobierno del Estado.

Para empezar habría que poner en duda la representatividad, y si los agremiados respaldan en lo individual los compromisos personales de sus dirigentes, eso de decir, 40 mil no pagaremos, suena a vacilada, como si trajeran en la bolsa a los afiliados. Es como una declaración de la CNC ofreciendo votos.

La declaracionitis suena a propaganda de la campaña que promueve Yunes Linares; sin fundamento moral y jurídico, del que eventualmente no saldrían bien librados en su patrimonio.

Ahora que todo lo quieren litigar, hablan de interponer amparo, hasta adjetivados como “colectivos”, ¿sobre qué?, no se ve donde está la violación a sus derechos humanos o a la legalidad. Y del incumplimiento de la obligación de pago del impuesto nadie le gana al fisco, tarde o temprano. A nadie le gusta pagar impuestos, pero hacerlo no es de contentillo o voluntario, el que no pague incurre en las consecuencias. Al causante le aumenta el costo del pago, tendrá que pagar más cuando lo haga, por recargos y multas, y gastos de ejecución fiscal. Además, en el ejercicio de la facultad económico-coactiva procede el embargo y el remate de bienes del causante para aplicar al adeudo fiscal. El próximo gobernador, al que le siguen hoy el juego, tampoco puede garantizarles eximirlos del pago o del cobro obligado; la administración fiscal está obligada a cobrar y si no lo hace incurre en responsabilidad. Además de que Yunes Linares sólo gobernará dos años. A los empresarios seguidores de la desobediencia si-vil que promueve Yunes en un cálculo racional no les convendría económicamente exponerse.

Diputados locales acusan al autoritario Yunes con Peña

El grupo legislativo de Duarte –el PRI y aliados, PVEM, Panal y AVE–, resiste y contraataca, el jueves pasado aprobaron la basificación, pese a las amenazas públicas de Yunes, lo refutaron públicamente; ayer se conoció de una carta abierta al presidente Enrique Peña Nieto de seguimiento al conflicto.

Acusan al rijoso gobernador electo, de generar graves condiciones de inestabilidad social y conflictos en Veracruz, así como de falta de respeto e intromisión en la soberanía de la Legislatura.

Según los firmantes, 30 de 50 que integran el Congreso, todavía son el grupo hegemónico. Son suficientes para tomar las decisiones de mayoría absoluta; las que requieren de cuando menos 26 votos, como la aprobación de la creación de los fideicomisos del impuesto a la nómina.

6 no firmantes y 2 recuperados

De la lista de diputados se destacan los ausentes, los que bien marcan su distancia del gobernador Duarte o su acercamiento al gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares. Tres del PRI, los dos diputados por Xalapa, Ricardo Ahued y David Velasco, y Gladys Merlín de Cosoleacaque; tres del PVEM, Mónica Robles de Coatzacoalcos (pese a que el gobernador Duarte fue el pasado viernes a “cortejarla” (al igual que al padre) en el diario Imagen, Jesús Vázquez de Acayucan, y Juan Cruz Elvira de Santiago Tuxtla.

En cambio, recuperaron al menos para la firma a chaquerratón Gutiérrez de Velasco, que ha andado coqueteando su voto, y se les adhirió el ex panista Domingo Bahena.

Hoy los diputados de Duarte son 30, como la carabina 30-30. Con más fuerza que la de Ambrosio.