#AsuntosPúblicos: CENTRALAZO "ANTICORRUPCIÓN"

El viejo sistema presidencial priista autoritario y vertical, por encima del federalismo, resolvió un conflicto político local, sometiendo a gobernadores no con la razón y la legalidad sino con las señales que entienden los miembros del sistema, el equivalente al gran garrote (big stick), las consecuencias de castigo de no plegarse a la decisión central.

No va a desafiar el gobernador Javier Duarte ni el Congreso local –donde aún tiene mayoría el PRI y sus aliados– al Gobierno Federal refutando la procedencia de la acción de inconstitucionalidad que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el paquete de reformas legislativas llamadas de “anticorrupción”. Si lo hicieran podrían dejar mal parada la acción centralista motivada políticamente –pero sin fundamentos jurídicos sólidos.

Es evidente que se trata de una decisión política impuesta por la jerarquía del sistema presidencial priista (del Estado de México), responder a la demanda del PAN-PRD para contener a los gobernadores del PRI salientes que entregarán el poder y que pretendían nombrar desde ahora algunos funcionarios en cargos relacionados con el combate anticorrupción.

Pero el envoltorio legal de la decisión política es deficiente. La PGR argumentó que los estados no tienen facultades para legislar en materia anticorrupción hasta en tanto no se promulguen las leyes generales del denominado “Sistema Nacional Anticorrupción” y se apoya en un artículo transitorio de la reforma constitucional de esa materia que refiere la vigencia de la legislación en materia de responsabilidades administrativas, fiscalización y control de recursos públicos, en los ámbitos federal y estatal, en tanto no se expidan las leyes relativas del sistema anticorrupción. La acción interpuesta por el Gobierno Federal sólo tiene la apariencia de estar fundada. Si se examinan los contenidos de las leyes secundarias anticorrupción que no han sido promulgadas se verá que no tienen que ver directamente con las reformas aprobadas o que estaban en proceso en el Congreso local.

Política y constitucionalidad

Por ejemplo, el sistema nacional anticorrupción no crea ni define competencia para la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, tampoco para la Contraloría del Estado (un órgano pre-existente), ni obliga a homologar los tribunales locales, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que impidiera legalmente crear aquí una sala especializada. El punto no es si deban crearse o no, o si es ético que un gobierno saliente designe o participe en los nombramientos (a modo) en las instituciones que revisarán su actuación; es claro que se compromete la autonomía. Pero esto no significa que sea inconstitucional, como quiere vender el intervencionismo en Veracruz el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Una demostración más clara es el origen de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. En la Constitución Política de la República procede de la reforma constitucional de fecha 10 de febrero de 2014, curiosamente, dentro de la materia político-electoral. El artículo 102 de esa reforma crea la Fiscalía General y dentro de ésta dos fiscalías especializadas, una en materia de delitos electorales y otra de combate a la corrupción (delitos contra el servicio público).

Al amparo de esa disposición y de otra relativa (artículo 116, Fracción IX) de la autonomía de las funciones de procuración de justicia, que deben garantizar las constituciones de los estados, con la que se creó localmente la Fiscalía General podría crearse la fiscalía especializada en materia anticorrupción en el estado. No tiene nada que ver con el sistema nacional anticorrupción, en cuanto a que se requiera la promulgación de éste para poder crear la fiscalía y designar a un fiscal. Que dentro del paquete de leyes del sistema hayan incluido una ley para crear la fiscalía especializada anticorrupción en materia federal, no condiciona a los estados, ya que la reforma constitucional anti-corrupción no la incluye; procede, como vimos, de una reforma anterior, entró en la político-electoral.

El Congreso de la Unión no tiene facultades exclusivas para legislar en materia de combate a la corrupción. Obviamente el tema es más político que jurídico. Por eso aquí ya no esperaron a ver qué dice la Corte, el mensaje presidencial pesa más que cualquier jurisprudencia; mejor se replegaron, abandonaron la convocatoria para designar fiscal anti corrupción, declinaron los propuestos para magistrados de la sala especializada “anticorrupción” en el Poder Judicial. En cambio el Congreso aprobó la creación de una nueva sala en materia familiar que se integrará con tres magistrados. Que no le pusieron sala en materia anticorrupción familiar porque la impugnan.

La permanencia de Duarte

Entregado en la negociación política del presidente Enrique Peña Nieto con las dirigencias de los partidos políticos con los que ha transitado en el “pacto”, el PAN y el PRD, como se vio, frenando sus acciones de blindaje en el cierre de su administración, los enemigos de Duarte exigen más. Olieron la sangre y quieren gobernar desde ahora, aunque el periodo constitucional de Duarte concluye el 30 de noviembre. Los primos Yunes (Landa y Linares) quieren cogobernar desde la transición y todos los días, ahora piden la renuncia, y es que dos años es muy poco –para su ambición–, y la vacatio de Veracruz muy larga, faltan aún 4 meses y medio, ¿qué van a hacer hasta entonces si no hay transmisión de poder?, pues pedir todos los días que renuncie Duarte.

Por si lo están considerando en la cúpula central, donde ya abandonaron a Duarte, la camarilla del Estado de México, dos días consecutivos, lo que queda del grupo político de Duarte ha manifestado apoyo frente a Peña Nieto. El lunes, los 20 diputados federales del PRI-PVEM que forman la bancada veracruzana en San Lázaro, ayer lo hicieron en sendas cartas abiertas 128 presidentes municipales (se notó la falta de Américo Zúñiga) y 31 diputados, que exigieron a Peña “respeto total a la soberanía y autonomía de los poderes de Veracruz”. Los encabezó Juan Nicolás Callejas y participó el diputado por Xalapa Ricardo Ahued, quien ha asumido posturas críticas al gobierno e iniciativas de Duarte.

Ya no hay en el Congreso mayoría calificada, por las firmas de respaldo (31) no llegan a 34; pero sí alcanza para sacar lo que falte de la agenda legislativa.