#AsuntosPúblicos: EL SAT: CASO VERACRUZ

No suelta el Sistema de Administración Tributaria (SAT) el tema de las empresas fantasmas o fachadas asociadas al gobierno de Javier Duarte en una red de compras de asignación favorecida que se presume forman parte de un esquema de fraude maquinado a gran escala, desde la cúpula de funcionarios del estado para desviar recursos públicos.

El interés del SAT en la exhibición del caso y la pretensión de acusar a los responsables volvió a hacerse evidente.

Ayer, sin que mediara solicitud (como se ha hecho aparecer varios de sus reportes difundidos por Animal Político, la agencia de noticias en red que reveló inicialmente el paquete de más de 20 empresas proveedoras “inexistentes” con ventas de 645 millones en 2012 y 2013 al Gobierno del Estado), el SAT –obviamente, su titular Aristóteles Núñez– publicó en su página de internet el documento “Caso Veracruz”, donde informa el estado del asunto al 1 de julio pasado.

destapado el tema en mayo pasado por la citada agencia de noticias en red –aunque desde tiempo atrás aquí se sabía que el SAT los traía en la mira, según revelaban de un despacho contable consultado para arreglar el problema– mucho se ha difundido en el marco del proceso electoral y los señalamientos de corrupción al gobernador saliente, Javier Duarte, y su equipo.

¿Qué es lo nuevo del informe?

Aunque no hay nada sorprendente en el informe del SAT sí hay novedades.

En primer lugar, la convicción de que hay delitos fiscales que perseguir, hechos que deben hacerse del conocimiento de la Procuraduría General de la República (PGR). Reporta el SAT 32 querellas interpuestas en contra de 31 empresas y una persona física por la probable comisión de delitos (simulación de operaciones, evasión fiscal, etc.).

Era un paso esperado. Ya se habían adelantado los primeros resultados de la verificación física y documental de las empresas señaladas como fachadas, la falsedad de los domicilios y la suplantación de identidades de socios, la inexistencia de trabajadores, así como la comprobación de sus operaciones con varias dependencias del Gobierno del Estado, su creación en periodo de la actual administración y su actividad como comercializadoras de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación, el DIF estatal y la Secretaría de Protección Civil, contratadas por Alberto Silva, Vicente Benítez, Edgar Espinoso y Tarek Abdalá, sin concurso, para surtir diversos productos, entre ellos, materiales para construcción, láminas, cobertores o materiales didácticos, entre otros.

Como a Capone, el fisco

Pese a los montos que cobraron del Gobierno del Estado y los ingresos que declaraban al SAT le dieron la vuelta, quisieron hacerle tablas la partida; no se duda que ese haya sido su error fatal. Las empresas declararon recurrentemente pérdidas fiscales; 30 contribuyentes presentaron declaraciones en cero, una omisa y tres sí pagaron.

A los involucrados en Veracruz con el caso de las empresas fantasma les sería aplicable la muy citada referencia de que los agarraron como a Al Capone, el célebre gánster norteamericano de la era de la prohibición contrabandista de alcohol y criminal –le buscaron muchos delitos, pero sólo le pudieron probar, y por ello fue a prisión, delitos fiscales, evasión de impuestos.
El año pasado todavía facturaron

La segunda novedad es que el SAT corroboró que la relación de negocios entre la red de empresas y el Gobierno del Estado se extiende del periodo 2013 a 2015, 26 empresas –mismo número de las creadas en esta administración– emitieron en ese lapso facturas a 11 dependencias de la administración estatal. Eran ampliamente conocidas, aceptadas y obviamente favorecidas, no hace mucho hubo un comunicado del Gobierno del Estado diciendo que hacía tiempo habían terminado sus relaciones con esas empresas. ¿Cuando se finiquitó?

Tres a la báscula fiscal

Y la tercera, que es la más sugestiva, pero aún misteriosa. Revela el SAT que ya inició auditoría fiscal a “tres servidores públicos de la administración pública estatal quienes presentan discrepancia fiscal entre sus ingresos y gastos”. Se reservó el SAT la revelación de los nombres, como otros datos concretos, invocando la secrecía y la reserva de la información. Pero se cruzan apuestas de quiénes son y si tienen o no fuero o lo podrán tener en el futuro próximo. De los que ya tienen fuero se mencionan, por su implicación y riqueza, Alberto Silva, Edgar Spinoso y Tarek Abdalá, por ahora protegidos por el fuero federal, que no significa que no puedan pedir el desafuero o procedencia en caso de acreditarles delitos fiscales o penales en general.

Vicente Benítez, quien aspira a rendir protesta como diputado local, antes llamado el chileno ahora renombrado el “Tico”, por su patrimonio invertido en Centroamérica. Muy preocupado por la detección de las empresas fantasmas –aunque no participó directamente en la asignación de los contratos revelados–, se menciona a Gabriel Deantes, a quien se le atribuye parte de la maquinación y del reclutamiento de los “socios de papel” entre las clientelas electorales de las colonias populares.

No es lo mismo las fantasmas, que las acreedoras

No hay que revolver ni confundir los temas, las fantasmas son presuntamente de la red de empresas fachadas que recibieron los contratos sin concurso y que además les pagaron (sujeto está a demostración si entregaron o no los bienes, dicen que el suministro y la distribución de los bienes fue efectiva, dicen).

En cambio, las empresas cuya relación se anexó con la iniciativa del gobernador para que se les pague de los ingresos futuros por el impuesto de 3% a la nómina, son las que se quedaron en el aire; prestaron los servicios o realizaron obra, erogaron gastos, emitieron facturas y hasta pagaron impuestos por éstas, pero no recibieron el pago del Gobierno del Estado. No pocas ya quebraron o pasan por dificultades financieras a causa de la suspensión de pagos en que cayó la administración hace más de dos años.

El adeudo con estas empresas hace un total de 12 mil millones de pesos. No faltará en este momento en que se disputa el dinero presupuestal y el cumplimiento de compromisos, entre el grupo del gobernador saliente y del gobernador electo, se cuestione el pago de pasivos a proveedores y contratistas, e incluso que se pretenda mezclar con las fantasmas para manipular la opinión en forma partidista.

En todo caso que verifiquen la legalidad de las empresas y de los adeudos, que lo hagan la Contraloría, el Orfis, la Comisión de Vigilancia del Congreso o hasta el SAT.

Se trata de obligaciones de pago institucionales del Gobierno del Estado, no personales de Javier Duarte. Por ello, debe garantizarse su pago y no dejarlo al capricho del próximo gobernador.