#CañaAmarga: AUTOBUSES CRIMINALES Y EL INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL

El día 10 de enero de 2016, un autobús procedente de Camarón de Tejeda, con destino a Córdoba, Veracruz cayó al Río Atoyac, dejando 22 personas fallecidas.

Esta tragedia se suma a muchas tragedias que ocurren constantemente en nuestro estado de Veracruz, donde por lo cotidiano, se considera hasta “normal” que fallezcan personas en accidentes de autobuses de pasaje.

Hasta este momento, no ha habido una sola persona detenida, de las que se tienen bajo su responsabilidad el buen funcionamiento de las líneas de transporte de pasaje, turismo y de personal laboral.

La gente en Veracruz, se sube al camión, con la confianza de que las autoridades que se dedican a este rubro, han supervisado que los transportistas cumplan con el mantenimiento de los autobuses, la certificación de sus operadores, de sus concesiones, de los seguros contra accidentes y daños a terceros.

Tenemos circulando carros viejos, sin placas, choferes sin licencia, buses sin puertas, sin frenos y sin ninguna seguridad. Lo que provoca muertes de la gente que sube confiada al camión diariamente, estudiantes, deportistas, trabajadores amas de casa.

Esto, es un delito, se llama “Incumplimiento de un deber legal”.

El titular de la Dirección de Tránsito y Transporte del Estado, Roberto López Santoyo, sigue en su puesto, provocando con su omisión diaria, más riesgos entre la población más pobre del estado, la que se no tiene vehículo particular, que tiene que arriesgar la vida en ir a trabajar o a la escuela.

Roberto López Santoyo.- Incumple en un deber legal al permitir que autobuses fuera del rango establecido por la Ley presten un servicio público de Transporte. Es un Delito penal y es motivo de su renuncia e inhabilitación del servicio Público, eso corresponde a la Contraloría.

En un estado de derecho, se procedería a la inhabilitación de Roberto López Santoyo y su primer nivel de mando, de la Dirección General de Tránsito y Transporte Público del Estado y la apertura de un carpeta de investigación por su delito de omisión de un deber legal.

Este 7 de julio, un autobús de pasajeros, de Permisionarios unidos de San Rafael Calería, de esos que debieron haber salido del servicio hace dos décadas, transportaba a casi 80 personas de Ixhuatlán del Café a Córdoba. Se quedó sin frenos y más de 50 personas quedaron heridas, al menos 7 de gravedad. Igualmente quedaron heridos un par de profesores que fueron alcanzados en su auto por el carro viejo, antes de que volcara.

Esos carros viejos dan servicio criminal a la gente más necesitada, estudiantes, amas de casa, jornaleros, gente olvidada de la más olvidada. Sin aseguranza la mayoría, sin licencia en el caso de muchos choferes, con asientos rotos, con sobrecupo, caros, con conductores irresponsables.

Quienes deberían supervisar que hubiera seguridad solamente se dedican a cobrar sus cuotas a los transportistas para permitir realizar este acto criminal.

Aunque el Ayuntamiento cordobés apoyó a la gente de manera inmediata, los responsables, el dueño del carro viejo, los directores de Transporte y Tránsito del Estado, no se aparecieron.

Ni para pedirle al gobernador, como siempre que tome cartas en el asunto, el estado no tiene liderazgo actualmente y las ratas están haciendo su Año de Hidalgo.

López Santoyo debería estar en la cárcel. Pero este estado de impunidad le permite nadar de a muertito, mientras el barco y su capitán se hunden.