Pleito entre Yunes Linares y Javier Duarte es puro show; pactan con Chong: Cuitláhuac

En un artículo escrito por el ex aspirante a la gubernatura de Veracruz, el diputado federal Cuitláhuac García Jiménez asegura que el pleito entre el gobernador Javier Duarte de Ochoa y el electo Miguel Ángel Yunes Linares es sólo un “parapeto”.

Titulado “El "show" MYL vs JDO” y publicado en el diario La Jornada Veracruz, el legislador afirma que tanto PRI y PAN están pactando para detener la presencia de la bancada de 13 diputados locales que tendrá MORENA en el Congreso del Estado.

“Aún no se tienen los respectivos veredictos del Tribunal Electoral del Estado sobre las impugnaciones de la elección pasada, y ya muchos actores politiqueros se aceleran para adelantarse a la nueva correlación de fuerzas políticas que a partir del 5 de noviembre de este año entrará en juego desde el Congreso del estado. Total, los triunfos están cantados, y por ello les urge a los partidos tradicionales del "Pacto por México" definir cómo van a actuar para detener la inminente presencia de 13 diputados locales de Morena en esa instancia legislativa”, expresa en su escrito.

En este sentido, indica que la confrontación que mantienen el gobernador actual y el electo es una simulación y que se está dando la salida de Duarte de Ochoa a través de negociaciones con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Textual, el artículo señala: “MYL (el "primo" panista) y su aparente adversario priísta, Javier Duarte, adelantan pleitos personales y de parapeto, para después en lo obscurito y con la intermediación de enviados de Osorio Chong vayan pactando la salida escurridiza de uno de los gobernadores que mayor presupuesto desvió a la campaña de Peña Nieto en 2012, y el más corrupto que hemos tenido en el estado. Después del "show" mediático en días recientes, vendrá alguna simulación de pleito jurídico para que uno no quede tan mal ante su promesa de campaña y el otro se cubra las espaldas de manera casi definitiva”.

De igual manera, plantea que el asunto del Fiscal anticorrupción “puede dar dividendos mediáticos y politiqueros, desde periodicazos hasta señalamientos desde la alta tribuna local; pero bien saben que después de eso ya no sirve para más”.

Ante esto, explica que la Ley Anticorrupción aprobada en el Senado en abril del 2015 considera la corrupción de un funcionario público como una falta grave del orden administrativo, “y la fiscalía especializada no puede sancionar al Presidente de la República, ni a los gobernadores, ni a los alcaldes”.

Quedaron, pues -dice el escrito de García Jiménez- los vacíos suficientes para que los principales actores en los desfalcos de cuello blanco desde la función pública puedan librarla con un "jalón de orejas".