#AsuntosPúblicos: EL PODER, EN LA TRANSICIÓN

El Poder Judicial se ha visto inmerso en algunas medidas que lo colocan en medio del enfrentamiento que sostienen en esta etapa el gobernador saliente Javier Duarte y el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares.

Una de ellas, la promulgación de la autonomía presupuestal, la reforma constitucional promovida por Javier Duarte que le concedió a ese poder como asignación económica anual mínima, el 2% del presupuesto total del estado, una antigua demanda de esa institución, además complementada en 2 periodos consecutivos del Congreso, que sin embargo fue reprobada por el gobernador electo como una de las decisiones para “destrozar las finanzas del estado”.

Otra ha sido la reforma legal para crear la Sala Anticorrupción dentro del Tribunal Contencioso Administrativo, con tres plazas nuevas de magistrados, propuestos por Duarte y que serán nombrados por el Congreso; como se sabe, señalada por el gobernador electo y sus aliados como una maniobra para protegerse de sanciones administrativas.

El burdo mecanismo se desmontó. Se corrigió la pretensión inicial del gobernador de adscribir directamente a estos magistrados, se respetó la facultad del pleno del Tribunal, pero de cualquier forma se nombrarán 3 nuevos magistrados.

Y si al interior del Poder Judicial se congratularon con la formalización de mayores recursos (que no necesariamente significa que los tendrán), la creación de la Sala Anticorrupción y sobre todo los nuevos nombramientos no cayeron bien. Los de adentro saben que no hacen falta ni una sala especial –la competencia ya la tenían las salas regionales y la Sala Superior– y hay al menos 4 magistrados visitadores que no tienen adscripción, así que no les faltan, ni quieren compartir el gasto con los que les mandarán, por lo general ajenos a la carrera judicial.

Una comida feliz y otra plantada

En la semana que pasó los magistrados tuvieron una breve luna de miel con su presidente Alberto Sosa y con el gobernador Duarte. El lunes festejaron con una comida en la Casa Veracruz la promulgación de la simbólica (así lo será hasta que sea efectiva) autonomía presupuestal. Todo fue felicidad. Sin embargo, tuvieron otra invitación a comer el viernes, un día después de la aprobación de la Sala Anticorrupción, y la rechazaron. El conducto del pastoreo fue, como es usual, el magistrado presidente Alberto Sosa, y los plantaron.

Hubo recelo de una fracción de magistrados. Según versiones los que promovieron no ir sospechaban de una encerrona, no quisieron involucrarse en varias grillas sospechosas. Asumieron que les querían dar línea sobre los prospectos para magistrados, los tres personajes que va proponer Duarte al Congreso, y que este órgano colegiado debe nombrar con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. Están tan ciscados que pensaron con horror les adelantarían los nombres de Reynaldo Escobar, Jorge Reyes Peralta y Carolina Viveros.

En franca especulación transicionista, hubo algunos que comentaban se adelantaría la sucesión de Sosa (quien como se sabe concluye su ciclo en la primera semana de diciembre), que sería tema de amarres para colocar anticipadamente al delfín de Sosa, Raúl Pimentel.

Soso entre dos aguas

Cual más se mueve entre dos aguas como el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia Alberto Sosa, un pie en el gobierno de salida –Javier Duarte le concedió la reelección, su segundo periodo por terminar–, y otro ya con Miguel Ángel Yunes Linares –su compadre, quien lo hizo magistrado y colaborador en el gobierno de Patricio Chirinos (1992-1998).

En correspondencia, Sosa siempre ha sido de su causa política, Yunes fue su candidato a gobernador en 2010 y lo fue de nuevo en 2016 –y tan pronto el OPLE le entregó su constancia de mayoría, Sosa se apresuró a llevar al gobernador electo a una reunión institucional en el “Palacio de Justicia” con todos los magistrados, pese a que técnicamente no tiene definitividad la declaratoria y, como hipótesis, podría ser revocada.

En medio del enfrentamiento conocido que sostienen en esta etapa el gobernador saliente y el gobernador electo, Sosa trae doble chaqueta. Ya se irá destapando.

Otra jugada de finales

El movimiento que ya se avanzó es una iniciativa de reforma constitucional para suprimir la temporalidad de 10 años no prorrogables en el nombramiento de magistrados del Poder Judicial.

Hasta donde se conoció del cabildeo en el Poder Judicial, se tratará de enmarcar esa reforma como “armonización” con la Constitución federal, la que respeta el periodo que dispongan los estados para nombramientos, pero concede el derecho a ser reelectos y si lo fueran, sólo podrán removerse por responsabilidad o juicio político. Además con el artificio de la armonización se optaría por el procedimiento de reforma a la Constitución del Estado en un solo periodo, es decir, en el que está en curso y por concluir los primeros días de noviembre.

En términos prácticos significa que los magistrados nombrados serían inamovibles.

Seguro cuando se entere Miguel Ángel Yunes pagará otra carta abierta sollozante y tremendista pidiendo “una vez más” al presidente Peña su intervención para frenar a Duarte.

Debilidad de Yunes Linares

Mucho protagonismo, pero poca efectividad y fuerza. La naturaleza decorativa del gobernador electo, en contraste con el gobernador en funciones, así sea en etapa terminal, vuelve a asomarse con el inicio de la semana. Si Yunes Linares tiene que publicar otra carta abierta a Peña para acusar a Duarte de los actos que realiza como gobernador cuestionables o debatibles, pero no ilegales, no es más que un signo de su debilidad e impotencia de que el Gobierno Federal está dejando correr las cosas, cada quien a sus medios, que Yunes y los panistas no dominan la transición.

El estilo reconocible de Yunes, llorón y amarillista se manifiesta: “Duarte blinda su huida y busca dinamitar las finanzas de Veracruz”, por cierto dinamitar como verbo en metáfora suena anticuado en materia de explosivos. El manifiesto está además plagado de información incorrecta (si la verifica el Gobierno Federal lo reconocería). Por ejemplo dice que la basificación que propone Duarte costaría miles de millones y que todos los recursos del estado serían para ese pago; es de lógica elemental que si se concede base a la plantilla existente, el cambio es sólo de estabilidad laboral, no de costo. También dice que la afectación de los ingresos del impuesto a la nomina para pagar pasivos circulantes dejaría comprometidos por “décadas” esos ingresos; falso también, si la cuenta de acreedores que avalará el Congreso es de 12 mil millones de pesos y la recaudación del impuesto es de 3 mil millones anuales, el periodo comprometido es a lo sumo de 4 años (dos más posteriores a su gestión), pero de ninguna manera son “décadas”. Ahora hasta reclama como el colmo que se pretenda donar la Casa Veracruz, residencia oficial de los gobernadores desde hace 30 años; falso, ni Miguel Alemán (1998-2004) ni Fidel Herrera (2004- 2010) la tuvieron como residencia. Y el mismo Miguel Ángel Yunes dijo que no la habitaría para ahorrar gastos y que en su caso la destinaría a una función social. ¿Pues no que no la quería?

Exige a Peña intervenga “en nombre del pueblo de Veracruz”, cuando debería decir en nombre del 34.4% de los votantes del 5 de junio. No más.