#AsuntosPúblicos: MÁS ALLÁ DEL BLINDAJE LOCAL, ESTÁ EL SAT

A partir de diciembre próximo, controlar al Fiscal General del Estado y al Especializado en Combate a la Corrupción para bloquear el ejercicio de la acción penal en contra de Javier Duarte y su camarilla de colaboradores implicados en probables delitos contra el servicio público podría no ser suficiente para cubrirles la retirada. Quedan sueltas las piezas federales, ya se sabe, de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, les acosa por falta de comprobaciones, con ánimo de encarcelarlos, y ahora se incorpora decididamente el titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, y no por las omisiones de pago del ISR e IVA, sino por el tema de las empresas fantasmas, un esquema de fraude maquinado a gran escala, presuntamente desde la cúpula de funcionarios del estado para desviar recursos públicos con fachadas de comercializadoras, creadas documentalmente con socios inexistentes –suplantaron identidades– para ocultar la toma del dinero, entregado mediante contrataciones amañadas para favorecerlos.

Fuera de proceso electoral que ya pasó la factura al PRI y a su Gobierno en el Estado –ni para que se diga que es golpeteo de campaña por los votos– retorna la exhibición de la red corrupta de compras del gobierno de Duarte a empresas fantasmas, el tema revelado en el mes de mayo pasado por el portal digital de noticias Animal Político.

La nueva información que mantiene bajo sospecha de corrupción las compras hechas en 2012 y 2013 por 645 millones de pesos a un grupo de 21 empresas favorecidas con 73 contratos adjudicados directamente o con invitación a tres de ellas sigue apoyada en comunicaciones del Sistema de Administración Tributaria (SAT), además de sustentarse en el examen de los contratos y respuestas del Gobierno del Estado.

Son fraudulentas, dice el SAT

El SAT ya confirmó que el grupo de empresas proveedoras del Gobierno del Estado referidas en en la investigación son fraudulentas. En documento oficial de respuestas, el SAT manifiesta haber corroborado que no hay elementos materiales, activos, infraestructura, bienes de producción en el domicilio fiscal de esas empresas, y están en revisión los documentos notariales constitutivos, así como las identidades presuntamente suplantadas de los socios.

Aunque todavía no agotan su investigación comprobatoria, ya ha procedido a cuestionar las operaciones amparadas por las facturas que generaron, entre otras, al Gobierno del Estado. Hay una existencia documental, pero no material de los contribuyentes –declara el SAT– en el léxico fiscal para referir a las empresas “fantasmas” o pantallas, creadas precisamente recién iniciado el gobierno de Duarte y que se convirtieron repentinamente en las comercializadoras favoritas de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación, el DIF estatal y la Secretaría de Protección Civil, contratadas por Alberto Silva, Vicente Benítez, Édgar Espinoso y Tarek Abdalá, del círculo íntimo de Duarte, para surtir diversos productos, entre ellos, materiales para construcción, láminas, cobertores o materiales didácticos, vendían de todo.

El SAT presume la inexistencia de las operaciones amparadas por los comprobantes (facturas), su investigación llegará al Gobierno del Estado, pero no como colaboración, sino que en su carácter de adquirente de mercancías, bienes o servicios de las empresas publicadas, “deberá sujetarse a atender las compulsas que le haga la autoridad fiscal como cualquier otro contribuyente”.

No lo pueden tapar

La defensa del Gobierno del Estado –débil mediática–, se ha centrado en tratar de reducir su participación a un campo legal que no sólo queda chico, sino que se advierte entre cínico y torpe.

Cuando el tema se destapó pretendieron presentar que las empresas habían cumplido con todos los requisitos legales (no sabían si eran o no fantasmas), sólo habían visto sus documentos notariales constitutivos, que habían cumplido las normas de adquisiciones y entregado los bienes pagados. Ahora que el SAT comprueba que efectivamente son fantasmas las empresas el comunicado del Gobierno del Estado intenta encuadrarlo a una tema estrictamente entre empresas particulares y la dependencia federal; agregando que su relación con las empresas investigadas está finiquitada y los recursos ejercidos auditados por el Orfis y aprobadas las cuentas públicas a que corresponden los fondos estatales, y hasta se avienta su texto de apoyo y respaldo al SAT. Serían felices si se creyera ese infantil cuento.

No se los cree ni el más tonto del pueblo

Esa ingenuidad provoca ternura. No puede considerarse casual o inocente, ajeno al móvil delictivo de beneficiarse directa o indirectamente con los recursos públicos (peculado y tráfico de influencia, entre otros), la creación de las empresas y su contratación con favoritismo. 25 empresas comercializadoras, todas creadas recién iniciado el gobierno de Duarte, no puede tomarse como una coincidencia, tampoco pueden alegar como coartada los operadores –directores administrativos, jefes de compras, oficiales mayores– que sólo sabían de su “existencia legal” por sus actas constitutivas, no se puede justificar que a empresas recién creadas les concedan contratos millonarios sin licitación pública, sino por adjudicación directa o bien seleccionadas entre tres empresas invitadas. ¿Cómo darle esos contratos a empresas apenas creadas, sin ninguna acreditación de presencia en el mercado? ¡Eso no se los cree ni el más tonto del pueblo!
Notarios promotores, de Córdoba

Por otro lado, está el hilo de los notarios públicos que investiga el SAT, los que constituyeron la red de empresas y los nombres usados para crear los socios fantasmas. El notario promotor, el que surtió a los demás “colegas”, es casualmente de Córdoba. Además, las personas de las colonias populares a las que los “promotores” engancharon para usar sus identidades.

La apariencia de legalidad en que se quieren escudar es muy endeble. La revisión que mencionan del Orfis y la aprobación de cuenta pública no es definitiva, pues ahora el tema, con presunción de fraude, sabiendo de la falsedad fiscal de las empresas, condiciona otro tipo de fiscalización, además que la aprobación de una cuenta pública no cancela la posibilidad de una investigación administrativa o penal.

Impunidad imperfecta

El cálculo de la impunidad no es perfecto en escenarios de incertidumbre. El blindaje y los candados que dejará Duarte a lo mejor le alcanzan para contener las acciones punitivas locales los próximos dos años, pero será vulnerable en la estructura de poder mayor, en la esfera federal donde es un jugador declinante y apestado. Más allá del blindaje local, están otros cazadores de corruptos; estaba la ASF y ya se sumó el SAT.