+ Acatzingo pertenece al denominado “triángulo rojo” de Puebla, donde autoridades han reconocido que este grupo controla el robo y venta ilegal de hidrocarburos
Zona Centro
La Silla Rota - 2016-06-14
El pasado 12 de mayo policías estatales circulaban por la carretera Acatzingo-Napolucan cuando vieron estacionada una camioneta con placas de Michoacán. Al revisar la matrícula se percataron que tenía reporte de robo y al acercarse recibieron una amenaza de una persona con una escopeta. Era Javier R., conocido en la zona de Acatzingo como “el Príncipe Huachicol”, a quien se le relaciona con el robo de hidrocarburo.
Según el boletín oficial la camioneta “transportaba dos contenedores con rastros de combustible… el hombre portaba accesorios de la Policía Federal, pero se corroboró que no forma parte de esa corporación”. Él fue detenido y se sumó a la lista de presuntos criminales que se dedican a robar hidrocarburos en la zona.
Acatzingo es un municipio poblano ubicado muy cerca del vecino estado de Veracruz. Ahí ocurrió el domingo pasado el asesinato de dos personas en un campo de béisbol en un ataque realizado por un grupo criminal que llegó al lugar a disparar a varios de los asistentes y jugadores.
Según testigos, una camioneta llegó hasta el centro de la cancha de donde se bajaron varios hombres encapuchados que empezaron a disparar.
La cifra oficial habla de seis lesionados, aunque se dice que pudieron haber sido más. “Se habla hasta de 20 personas heridas en distintos hospitales”, confirmó una fuente a La Silla Rota.
La Fiscalía General del Estado informó que los fallecidos fueron José Luis Vélez Robles, de 37 años de edad; y Diego Mauricio Hernández Rojas, de 22 años.
Pobladores de la zona refieren que el ataque pudo deberse a un “ajuste de cuentas” entre pequeñas bandas dedicadas al robo de hidrocarburos.
La fiscalía del Estado ha declaro que indaga el móvil y declinó hablar de algunas líneas de investigación.
Pero lo cierto es que Acatzingo pertenece al llamado Triángulo Rojo, compuesto también por los municipios poblanos de Tepeaca, Quecholac, Palmar de Bravo y Tecamachalco.
En este polígono las bandas criminales extraen ilegalmente el hidrocarburo que corre de Veracruz hacia la Ciudad de México, y es una de las zonas donde más se detectan tomas clandestinas del país.
Según reportes de Petróleos Mexicanos, Puebla es el tercer estado donde más se roban hidrocarburos y especialmente en el Triángulo Rojo.
Las autoridades han reconocido que el cártel de los Zetas opera en esa zona, y controla el robo y venta ilegal.
Víctor Antonio Carrancá, fiscal de Puebla, reconoció en febrero de este año que tras la detención de dos líderes de los Zetas se pudo encontrar que es este cártel el que controla a los criminales en la zona, así como el negocio clandestino.
En 2015 y hasta febrero de 2016 se contabilizaban 91 personas detenidas, 425 unidades que transportaban hidrocarburo robado y 850 mil litros de combustible.
A pesar de que este delito es federal, la autoridad estatal coadyuva en operativos, rondines y puestas a disposición a la Procuraduría General de la República, confirmó a La Silla Rota la fiscalía.
Fuentes locales han señalado que esta actividad ilícita ha ocasionado balaceras por “ajustes de cuentas” y por enfrentamientos con autoridades.
En noviembre del año pasado, en el barrio San Miguel de ese municipio, 20 presuntos criminales se enfrentaron a balazos con policías locales, lo que dejó como saldo siete lesionados, seis de ellos civiles.
Dos meses antes, en septiembre, un grupo de hombres emboscó dos elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) en la junta auxiliar de San Sebastián Villanueva, perteneciente a Acatzingo.
La violencia en la zona es tal que a finales del año pasado se presentó un Punto de Acuerdo en el Congreso de la Unión en el que se solicitaba a titulares de Pemex, Secretaría de Energía, PGR, Marina y Policía Federal para resolver el problema.
El diputado federal priísta Alejandro Armenta señaló en el documento presentado que el robo de combustible en Puebla creció con la presente administración del gobernador Rafael Moreno Valle, al pasar de una toma clandestina hallada a la semana a un total de seis en promedio.
“Otro factor es que una gran parte del combustible robado, es usado para abastecer una más de las redes del crimen organizado, gasolineras “pirata” así como el transporte en general (pasajeros y carga de todo tipo), en unidades sin ninguna verificación y que son auténticos ataúdes rodantes”, señaló en el documento.
