El Gobierno de Veracruz desvió 35 mdd a empresas fantasma; es falso, revira vocero

Entre 2012 y 2013, el Gobierno de Veracruz, en México, firmó contratos con empresas fantasma por servicios que nunca prestaron. Altos funcionarios estatales organizaron al menos 73 licitaciones amañadas con un grupo de 21 empresas, la mayoría auspiciadas por las secretarías de Desarrollo Social, Sedesol y de Educación. El Gobierno de Veracruz repartió así 35 millones de dólares, de acuerdo a una investigación del portal mexicano animalpolitico.com.

Las 21 empresas, explica la nota, tienen diversos elementos en común: se fundaron al mismo tiempo, cerraron al conseguir un contrato “o –como ocurre con 13 de ellas– los socios están relacionados entre sí”. Además, una docena se dieron de alta ante el Gobierno estatal con las mismas dos direcciones de correo electrónico y las sedes de 11 están en un barrio popular del Puerto de Veracruz. “En todos los casos”, sigue el texto, “las direcciones fiscales son casas, vecindades, lotes baldíos, panaderías o herrerías, en las cuales los dueños o inquilinos aseguran que nunca ha existido una empresa y menos aún que reciban contratos millonarios”.

Los funcionarios del Gobierno implicados dieron los contratos a dedo u organizaron “licitaciones simplificadas”, concursos cerrados a tres firmas invitadas por la administración.

De acuerdo a los contratos, las empresas debían proveer de útiles escolares, mantas, comida o material de construcción a personas pobres o víctimas de desastres naturales. El texto de la investigación asegura que nadie recibió nunca nada.

Las empresas debían proveer de útiles escolares, mantas, comida o material de construcción a personas pobres o víctimas de desastres naturales. Nunca recibieron nada

Hace unos meses, la Auditoria Superior de la Federación ya detectó en su informe anual irregularidades en el manejo de fondos federales por parte del Gobierno de Veracruz, en manos de Javier Duarte, del PRI. De 2011 a 2014, los auditores señalaban malos manejos del Gobierno estatal en 1900 millones de dólares provenientes del presupuesto federal.

La investigación implica principalmente a cuatro altos funcionarios del Gobierno de Veracruz. Uno, por ejemplo, es Vicente Benítez González, subsecretario de Desarrollo Social en 2013. En ese año, la Sedesol local firmó 45 contratos con empresas de la red por un valor de trece millones de dólares. Las mismas empresas competían, a veces ganaban y a veces perdían.

Benítez saltó a la prensa nacional en 2012, cuando era tesorero de la secretaría de Finanzas del estado, cargo que el propio gobernador, Javier Duarte, había ocupado en el mandato de su antecesor, Fidel Herrera. En enero de 2012, la policía detenía a dos funcionarios de Finanzas con 1.350.000 dólares en una maleta, en un aeropuerto en México. Benítez salió de la tesosería, pero Duarte lo colocó poco después en la Sedesol.

Otro caso es el del diputado federal Tarek Abdalá, sucesor de Benítez en la tesorería, investigado por la fiscalía federal por desviar presuntamente más de 100 millones de dólares en los meses que estuvo al frente de la oficina. Abdalá estuvo al frente del sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF. La entidad organizaba concursos cerrados, a los que invitaba a tres empresas de la red. La ganadora debía comprar y repartir pañales, juguetes, mochilas o útiles de limpieza. De nuevo, nada de eso se hizo.

Este nuevo escándalo trasciende a dos semanas de las elecciones a Gobernador en Veracruz. Los candidatos de la alianza PAN-PRD –derecha e izquierda– y Morena –izquierda–, Miguel Ángel Yunes y Cuitlahuac García, aspiran a sacar al PRI del poder, en un estado que desconoce la alternancia política. La guerra sucia ha dominado la campaña, entre acusaciones de desfalco, robo e incluso pederastia.

RESPUESTA DEL GOBIERNO DE VERACRUZ

No existe ninguna irregularidad en contratos a proveedores

Respecto al reportaje presentado el día de hoy sobre empresas proveedoras de la presente administración estatal, el Gobierno de Veracruz precisa que todas las empresas con las que se trabaja se tienen que registrar en un padrón de proveedores y contratistas, el cual requiere documentación oficial como un acta constitutiva, alta en Hacienda (RFC), comprobante de domicilio de la empresa, estados financieros auditados del ejercicio inmediato anterior y currículum vitae, entre otras.

Con lo anterior, todos los contratos se licitan conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Adquisiciones del Sector Público.

Las empresas mencionadas por dicho reportaje siguen activas, declarando impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT); y en el momento de su contratación contaban con la documentación necesaria para participar en una licitación estatal.

Cabe también aclarar que los servicios prestados por estas empresas cumplieron satisfactoriamente con las metas del contrato y el Gobierno del Estado pagó de manera puntual las obligaciones.

Los bienes productos y servicios contratados fueron debidamente aplicados en los programas correspondientes y existe soporte documental y fotográfico.

Otro lineamiento administrativo es que cada empresa tiene una CUENTA POR LIQUIDAR (CL, un tipo de número de proveedor) que está cargada en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV) y debe cumplir con requisitos como un contrato, una fianza y un proceso licitatorio.

Así mismo, en general, todas las empresas pasan por comités integrados por la iniciativa privada y el sector público.

Dicho proceso es transparente y hasta el momento no existen señalamientos por parte de organismos como la Contraloría General del Estado o el Órgano Fiscalizador del Estado como irregular o con daño patrimonial, toda vez que todas las inconsistencias observadas han sido solventadas en tiempo y forma.

La tesis del trabajo periodístico en el sentido que existen empresas que recibieron recursos públicos sin cumplir con el servicio o servicios correspondientes es absolutamente falsa.