TUXTLA GUTIERREZ: Seguro, “disfraz” para desvío: PGJE

La adquisición de pólizas de seguro individualizado por 104 millones de pesos para el ahora encarcelado ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y varios de sus ex colaboradores de primer nivel, sirvió para disfrazar una operación de “puente” que concluyó en el desvío de recursos, según informes de la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE).

La mecánica utilizada para ello, de acuerdo con reportes de esa dependencia, fue que durante el último año de la gestión del ex mandatario estatal se autorizó la contratación de un seguro con la empresa Allianz de México para Salazar Mendiguchía y varios de los funcionarios de su gabinete, cuyo costo fue del monto antes señalado.

De esta forma, se acordó contratar la póliza denominada Vidadot-2-2 que abarcaba cobertura básica por fallecimiento, cobertura por supervivencia y cobertura por gastos funerarios por el periodo del 19 de diciembre de 2005 al 7 de diciembre de 2006, es decir, hasta un día antes del término de la administración del ex mandatario estatal.

El contrato establecía que si al final de la vigencia del mismo no existían casos de siniestro, la compañía aseguradora devolvería una prima de dinero a los asegurados. Así, cuando los servidores públicos que quedaron dentro de la póliza dejaron sus cargos un día después, ya convertidos en particulares, recibieron los pagos correspondientes y presuntamente quedaron eximidos de hacer cualquier reporte.

Según la información oficial, el ex gobernador y quien hoy enfrenta proceso penal por los delitos de peculado por 104 millones de pesos y cuatro cargos más, utilizaron ese seguro presuntamente hecho “a modo” para hacerse ilegalmente de dinero proveniente del erario.

La defensa de Salazar Mendiguchía rechazó que el contrato del seguro sea ilegal, ya que fue autorizado y validado por las instancias correspondientes. El abogado defensor Alfredo Domínguez dijo que además no hay delito de peculado, pues la empresa aseguradora regresó a los contratantes del servicio el dinero cuando ya éstos no eran servidores públicos, por lo que es “ un acuerdo entre particulares”.

Catean restaurante

Policías ministeriales y de Seguridad Pública Estatal catearon y aseguraron en esta capital un restaurante-bar de la familia Álvarez Puga, confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Los hermanos Víctor Manuel y Alejandro Álvarez Puga, quienes han sido investigados por presuntas prácticas de evasión fiscal, han sido vinculados con el ex gobernador Salazar Mendiguchía.

Se informó que el negocio en la zona comercial poniente de la ciudad pertenece a la familia Álvarez Puga, cuyo despegue económico coincidió con la administración del ex mandatario de Chiapas y quien permanece sujeto a proceso penal en la prisión de El Amate.

En tanto, en Tapachula, Martha Isabel Herran Chiu, quien se presentó como hija de Mariano Herrán Salvatti, también ex funcionario detenido por presunta corrupción, denunció que varios servidores desviaron recursos destinados a la reconstrucción por los daños tras el huracán Stan.