Entregó Pablo Salazar vivienda inhabitable

Para miles de familias, el huracán Stan no sólo los despojó de sus hogares, también les arrebató su origen. A casi seis años de la catástrofe, los desplazados no han podido rehacer su vida; son rechazados en todas partes. “No somos ni de aquí ni de allá”, dicen.

Los efectos de Stan se comenzaron a sentir en Chiapas el 3 de octubre de 2005. Las torrenciales lluvias provocaron el desbordamiento de 98 ríos, que afectaron 800 localidades de 41 municipios. Más de 92 mil personas fueron desalojadas de sus comunidades y trasladadas a refugios temporales. Además, se registraron 86 muertes.

Las cifras negras en Chiapas motivaron que empresarios, organizaciones civiles y la sociedad se organizaran para apoyar a los damnificados. Estados Unidos ofreció su colaboración y los gobiernos federal y estatal prometieron dotar de casas a los afectados.

Al paso de los días, Chiapas quedó en el olvido y las promesas en el aire. Administradores del Centro de Derechos Fray Matías de Córdova aseguran que las miles de personas que se encontraban en albergues hasta principios de 2006 fueron obligadas a dejar los refugios temporales, para que buscaran ayuda por su cuenta o con familiares, hasta que se les otorgara su vivienda.

La tierra prometida

Pablo Salazar (2000-2006) estaba en el último año de su gobierno cuando recibió más 11 mil millones de pesos a un fondo, entre aportaciones federales y estatales, destinados a la reconstrucción de las áreas devastadas por el huracán Stan.

Impulsó un ambicioso programa de vivienda, que llevó a construir en pocos meses 11 mil 279 viviendas en La Frailesca, Sierra, Costa y Frontera.

A los damnificados se les prometió una vivienda familiar, tierras para cultivo y recursos para proyectos; de ésto, nada se cumplió, denuncian.

Las viviendas medían 30 metros, para familias de hasta 12 miembros. En un área de seis por cinco metros, tendrían que establecer la sala, recámara, lavadero, baño, cocina y comedor. La mayoría optó por abandonarlas.

Por ejemplo, en la comunidad Pamalá, ubicada al sur de Comitán, se erigió una unidad habitacional con 186 casas, para damnificados de los municipios de Motozintla, El Porvenir, Siltepec y Maza de Madero. Sólo 30% de las viviendas están ocupadas; el resto de las familias regresó a sus comunidades o emigró a otras entidades y a Estados Unidos, dice el líder de esa unidad habitacional, Mario Pérez Muñoz.

Para las 50 familias que decidieron quedarse, sus problemas iniciaron el mismo día que recibieron la vivienda. Las fosas sépticas de uno por 1.5 metros de profundidad colapsaron. “No filtra el agua. Están mal hechas”, dice Crispín Velázquez, miembro de la mesa directiva de la unidad habitacional. Las familias dejaron de usar los baños de sus casas. “Teníamos que hacer nuestras necesidades fisiológicas en los terrenos de enfrente”, explica.

Piden recursos

A casi seis años después del paso del meteoro, Pérez Muñoz considera que los desplazados continúan en el “olvido de las autoridades”.

Con escasos recursos económicos construyeron espacios de madera que habilitaron como cocinas o lavaderos; aplanaron las paredes, arreglaron las fachadas y ampliaron ventanas.

En un afán por mejorar las calles, han solicitado a las autoridades recursos para un programa de revestimiento, para paliar los lodazales en que se convierten las avenidas en temporada de lluvias, pero siguen sin respuesta.

Pérez Muñoz dice que cuando se ha plantado frente a un funcionario le dicen que turne su petición en el municipio de donde es originario, pero si regresa a su comunidad, las autoridades le reprochan: “Tú ya no vives aquí”.

Desde diciembre de 2005, cuando los damnificados por “Stan” recibieron la unidad habitacional en Pamalá, el lugar no ha recibido mantenimiento. La red de distribución de fluido eléctrico a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presenta hundimientos y aunque hay luz de manera constante, temen que se dañen los transformadores y quedar en la penumbra. “Se necesita maquinaria adecuada y ninguna institución la puede ofrecer”, considera Henoch Valdemar Velázquez, habitante de la comunidad.

En estos casi seis años, consideran las personas afectadas han “vivido discriminados por el gobierno”, que parece no escucharlos “ante tantas necesidades que se tienen en este lugar”, ya que ni escrituras de las casas han recibido los “beneficiados”.