#AsuntosPúblicos: LA CAÍDA DE MOCTEZUMA (Y DEANTES)

El inesperado golpe del Tribunal Electoral del Estado, la revocación del nombramiento de Víctor Moctezuma como Secretario Ejecutivo del Órgano Público Electoral (OPLE), determinada en su sesión de ayer, representa un viraje en el signo político jurisdiccional contrario a los intereses del PRI y del grupo en el poder del Estado.

La sentencia aprobada ayer por los tres magistrados, propuesta por José Oliveros Ruiz concede la razón a 4 partidos políticos adversarios al PRI: PAN, PRD, Morena y PT, en apelación y juicio ciudadano, el último round del largo forcejeo sobre la permanencia o no Moctezuma en el cargo de Secretario Ejecutivo del OPLE, golpe que finalmente envía a éste a la lona y a sus padrinos políticos a la reflexión de que en ciertas áreas del estado ya les llegó la barredora.

Contra viento y marea sostuvieron a Moctezuma, como si fuera la pieza clave del salvamento electoral en el órgano organizador del proceso; su hombre dentro del árbitro; como lo era en los tiempos del IEV de Carolina Viveros. Lo empujaron en el Código Electoral estableciendo que lo nombrara el Congreso: le buscaron la vuelta para volverlo a proponer después de los efectos de la acción de inconstitucional que definió debía nombrarlo el consejo del OPLE, y resistieron todavía al primer revés de que se cumpliera con la paridad de género en el acompañamiento de su nombramiento. Pero ayer cayó, y es irreversible, al menos para el proceso electoral en curso.

Aunque la vinculación de Moctezuma con el grupo del gobernador Javier Duarte, y más directamente con Gabriel Deantes –su enriquecido operador electoral- es conocida y muy mencionada, se pensaría que es difícil demostrarlo en un proceso judicial con los medios probatorios aceptados.

REPROBADO EN BUENA REPUTACIÓN

Pero los nuevos magistrados se las gastan; lo echaron bajo premisas de difícil sustentación legal, mostrando que la argumentación es retórica y que todo se puede concluir y dar por demostrado si se le acomoda en apariencia lógica. La causa determinante es que Moctezuma es inelegible para ser designado como secretario ejecutivo “por no cumplir con el requisito de gozar de buena reputación”.

Echan mano de viejos ex presidentes administrativos del IFE sobre sanciones al aludido como servidor público de 2008, por improcedentes comprobaciones de viáticos y falsa ostentación de grado académico (que dicen sus defensores fueron solventadas) y hasta de versiones periodísticas, notas y columnas que cuestionan su probidad. Además de una denuncia penal abierta ante la Fepade a una asociación de la que es fundador por intentar intervenir electoralmente, que no está resuelta ni tiene definitividad.

Controvertibles los puntos, el Tribunal se agarra a un hilo argumental frágil y se impone, como si de consigna política se tratara.

Como sea el golpe está dado. El consejo del OPLE no tiene alternativa. Carece de recursos para impugnar la sentencia del Tribunal, así está el marco normativo –es un golpe calculado de superioridad del Tribunal que incluso ordena que Moctezuma no participe en el nuevo nombramiento que debería darse en breve.

Moctezuma sí tiene acción para impugnar la sentencia del Tribunal, pero el alcance inicial no detiene los efectos de su lanzamiento, no hay suspensión en materia electoral. Adelantan que procederá sólo por orgullo, que tiene fácil combatir la sentencia del Tribunal, más no regresará (menos devolverá) sólo “limpiará su imagen”.

Por lo pronto esta batalla la gana el Tribunal y los poderes detrás de ellos, es claro el triunfo de los partidos promoventes. Un Tribunal empanizado y amarillo, politización de distinto signo. Sigue la tempestad que no pocos ya ven como alertas de la alternancia.

EL JUICIO POLÍTICO CONTRA DUARTE

Muchos actores sociales de distintas filiaciones partidistas sostienen que Javier Duarte ha fallado como gobernador a tal grado que debe fincársele responsabilidad política por sus graves omisiones y acciones, lesivas al interés público fundamental del estado y por haber utilizado indebidamente fondos y recursos federales.

Esos supuestos de procedencia bastan para instaurarle un juicio político conforme a las constituciones políticas del estado y la República, mismos que ya se presentaron tanto en el Congreso de la Unión como en el Congreso del Estado.

En el ámbito federal la impulsan varios partidos, el PAN, el PRD y Morena. En el local, ayer abrió fuego el PAN.

La sanción por juicio político al servidor público que resulta responsable es la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Es claro que por las características del juicio político, la composición partidaria de las legislaturas federales y estatal y el escaso tiempo que queda para que se vaya Duarte, el objetivo no es que lo destituyan, sino explotar el tema políticamente.

Las acciones de estas fuerzas políticas en el plano nacional y del estado, como otros elementos de su estrategia convergen en colocar el Gobierno de Duarte como referente de corrupción y fracaso en la gobernabilidad. Durante la campaña electoral en marcha, el lastre Duarte carga a su partido otra propaganda negativa, estar sujeto a la prosecución de un juicio político por mal gobierno. No podemos decir ¡En que vino a acabar Duarte!, porque su final apenas está comenzando. No, si se sufre cuando el poder se acaba. Y más que a diferencia de su antecesor Fidel Herrera, él no tendrá a nadie que lo encubra.