#AsuntosPúblicos: REFORMA FRUSTRADA A PENSIONADOS

Los hechos demostraron de inmediato la falta de oportunidad y de trabajo político para lograr consensos en la iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones del Estado enviada por el Gobernador Javier Duarte al Congreso local el pasado jueves.

Ayer el gobierno del estado se vio obligado a retractarse, una derrota política más. Encendió sin prudencia la llama y luego tuvo que apagar el fuego. La diversidad de gremios, magisteriales, pensionados, de enseñanza media y universitarios, coincidieron en el rechazo general, cada uno con su estilo y estrategia, unos tomaron la calle, otro difundieron sus inconformidades en cartas abiertas o declaraciones. Si querían crear un nuevo conflicto lo lograron. No se sabe quién prendió la mecha, pero el que anduvo de bombero ayer fue el secretario de Gobierno, Flavino Ríos.

En el fondo el tema de la reforma es importante, se trata de cómo abordar institucionalmente la realidad del déficit financiero que aqueja el IPE cada mes para el pago de las nóminas de pensionados. Ese faltante no es nuevo, se registra desde hace más de una década y es irreversible para varias generaciones, su causa es estructural y responde a factores de su modelo de beneficios, fuentes de financiamiento, comportamiento poblacional y la relación activos-pencionados, como lo explican los estudios actuariales, pero eso a pocos le importa, cuando se ha estereotipado que la causa del difícil es la mala administración. Y además que el subsidio es enteramente responsabilidad del Gobierno del Estado, lo cual es falso.

El Gobierno del Estado se ha hecho cargo de cubrir el difícil mediante subsidios presupuestales; ha habido años con subsidio de 700 y hasta mil millones. Mientras tuvo solvencia suficiente asumió esa obligación sin chistar; la cual, cabe precisar, no es únicamente suya, de acuerdo con todas las legislaciones del IPE sino compartida con las instituciones o organismos incorporados al sistema pensionario estatal, y no como carga moral, si no como obligación jurídica.

En caso de que los recursos no alcancen

La disposición ha existido en el artículo 98 de las varias legislaciones. La premisa es ”que los recursos del IPE no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas en la ley”, la consecuencia ”el déficit será cubierto”…, la legislación anterior disponía ”por el Gobierno del Estado y organismos públicos incorporados… en la proporción que a cada uno corresponda”, con una condición: “previa celebración de convenios especiales”. La actual ley mantiene la primicia y consecuencias, varía la denominación y engloba al gobierno e organismos como "patrones", y agrega en la parte final que “el Gobierno del Estado será responsable solidario del cumplimiento de esta obligación”.

El tema es importante también, ya que no hay en la ley un procedimiento para determinar el reparto de la carga del déficit y su condicionamiento a los convenios especiales deja una rendija para la resistencia al cobro.

Así mismo no debe perderse de vista que la pretensión de reforma se presenta en medio de un conflicto entre la UV y el Gobierno del Estado, en que ambas partes desconocen algunas de sus obligaciones. En este caso, la UV carece de razón al negarse a cubrir ante el difícil; es decir, la obligación de los organismos o ”patrones”, como ahora se le de nómina, no acaba con el pago de su aportación al IPE, como es claro en el supuesto del déficit -que ya es una realidad-, están obligados a realizar aportaciones extraordinarias en la proporción de sus trabajadores, esto requería igual un estudio histórico de cada subsistema de pensiones.

No se encontró tampoco la mejor fórmula

Como albazo se intentó cambiar la redacción del texto del artículo 98, con el fin de eliminar la condicionante del convenio, pero además, se suprimiría la responsabilidad solidaria por una “subsidiaria" y el déficit no pagaría directamente los patrones a los pensionados, es decir, si no alcanzarán los recursos la obligación de pago no sería ya del IPE en primera instancia, situación que dejaría incertidumbre el pago de las pensiones.

Pero ya dieron marcha atrás y ahora a ver en qué queda. El problema es real, pero equivocaron el momento y la forma –en la coyuntura de un conflicto de adeudos regateados con la UV y los pensionados, al cuarto para las doce, cuando el gobierno de Duarte va de salida y ha perdido legitimidad, sin consenso con nadie.

Por otro lado, juntan la pretensión de Reforma con un manejo del fondo de reservas de Pensiones, que aunque se justificara con una aplicación al pago de pasivos del propio instituto, la desconfianza que hay hacia el gobierno de Duarte hace creíble cualquier versión de que se dará un mal uso; que a cambio se le dará al IPE un paquete de inmuebles, el estadio de fútbol ”Pirata” Fuente que está en comodato, el Velódromo etc., que no contribuirían a darle recursos y mermarán su liquidez.

Hay que llevar la carga

Lo cierto es que el sistema estatal de pensiones es una gran recarga a las finanzas del estado. Algo avanzó la nueva ley para moderar a futuro ciertos elementos del sistema como edad, sueldo tope y aumentos en las cuotas y aportaciones, pero sus efectos son a mediano plazo no resuelven de fondo el problema de desequilibrio entre los ingresos que recibe el IPE y el costo de sus prestaciones.
Es legal y equitativo que la carga se distribuya entre los organismos públicos que deben financiar el sistema pensionario. El problema es que la cabeza no tiene ni pies ni cabeza. Ahí el que viene. Porque habrá que seguirle poniendo, les guste o no. Tendrán que encontrarle nuevas formas de obtener ingresos, porque la carga del pago presente y futuro de las pensiones no acabará. Es un tema inevitable de gobierno en el que deben contratarse nuevas salidas responsables de autoridades, expertos y representantes de los derechohabientes, incluidos otros esquemas de beneficios y financiamiento. La seguridad social es un costo.