+Columna de Eduardo Coronel Chiu, publicada en Diario AZ Xalapa y Veracruz.
Zona Centro
Eduardo Coronel Chiu - 2016-02-18
Si las cosas iban mal para el gobierno terminal de Javier Duarte en la rendición de cuentas por los recursos federales que ha recibido durante su desordenada gestión, desde ayer que se sabe que está peor.
Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su informe rendido a los diputados por la Cuenta Pública 2014, volvió a exhibir los desvíos de recursos del gobierno de Duarte, irremediablemente empantanado en imposibles comprobaciones que se acumulan, además de la recurrencia viciosa en disponer del dinero para fines distintos o simplemente darlos por desaparecidos. por ese comportamiento oscuro y presumiblemente corrupto, se tiene al gobierno de Veracruz como el peor entre las entidades federativas. El año previo ocupó en el ranking del índice de desempeño el lugar 30, ahora se superó, cayó al 32 de 32.
Las irregularidades son las mismas, retención de dinero en ciertas cuentas, omisión de entrega y transferencia indebida de fondos, disposición de rendimientos financieros, omisión de pagos fiscales, aplicación de recursos a fines distintos de los estipulados, falta de documentación comprobatoria del gasto. Los desfondados también son los mismos: los fondos para educación, de aportaciones, de salud, seguridad, etc.
Los datos sobre Veracruz en el informe general de la ASF son demoledores. En el capitulo del gasto federalizado se cuantifica el impacto económico de lo que tiene a cuestas el Gobierno del Estado por las irregularidades en el manejo financiero: la cifra pública es de 35 mil 421 millones 700 mil pesos, para impresionar a cualquiera. Y eso sin asomarse a la doble contabilidad que como empresa clandestina, no institucional, llevan en la Secretaría de Finanzas.
La tabla de entidades con observaciones de impacto económico la encabeza Veracruz. Ni quien se le acerque, los deja atrás por mucho. Tiene Veracruz el anti-mérito en 2014 del monto más alto de observaciones; 14 mil 47 millones de pesos bajo presunción de haber causado daño patrimonial; es también el nivel máximo que le han imputado al estado, rompe sus históricos.
Pero la ASF integra todos los pendientes. Otra de las columnas es el importe de 13 mil 456.4 millones de pesos, lo que se debe de 2011 a 2013 por falta de solventación de observaciones. A estas alturas este monto es una obligación de reintegro de dinero, que pesará todavía más al cierre y, por lo que se ve, al fardo de la herencia ingrata al sucesor.
VÓMITO NEGRO Y MANO DE COCHINO
A diferencia de las anteriores que vinculan las responsabilidad institucional, dos columnas de la tabla de observaciones de impacto económico son devoluciones personalizadas. El importe de procedimientos resarcitorios en por 3 mil 148 millones de pesos (en este rubro sólo superados por Jalisco y Michoacán), son sanciones económicas impuestas a servidores públicos por faltas administrativas que causaron daño patrimonial.
Visto como obligación de pago personal la cifra es elevadísima -¿pues cuánto se comieron a juicio del auditor?-, habrá que ver entre quiénes se distribuye esa carga, un mago de vómito negro, con ejecución fiscal, embargo de bienes, incluidas las cuentas bancarias o el remate; ya que la responsabilidad resarcitoria es equiparable a un crédito fiscal. En este trance (por transas) andan el ex subsecretario Carlos Agarra y el ex tesorero y actual diputado federal Antonio Tarek Abdalá. ¿Quiénes más van a la báscula de Portal. Pronto se sabrá.
La mayor rudeza de la ASF es la denuncia penal relacionada con la simulación de reintegros. El monto del ilícito para servidores del estado es de 4 mil 770.2 millones de pesos. Es muy probable que algunos nombres del cuadro previo (la responsabilidad administrativa de resarcir) se traslapen con la imputación delictiva, que no sólo llevaría la sanción económica sino también la privación de libertad. Hospedaje carcelario.
La ASF busca desde 2014 se castigue la simulación de reintegros, el mecanismo fraudulento que por años permitió que los gobiernos dispusieran discrecionalidad e impunemente de los fondos federales; al recibir la observación y pedimento de reintegro de fondos, simplemente tomaban provisionalmente recursos de la administración del año en curso, hacían un depositó bancario para registrar la devolución, un momento después vaciaban la cuenta. Ese es el origen de las denuncias por simulación de reintegros.
EL DEMORADO BRAZO DE JUSTICIA.
Como para que le piensen de que el sistema anticorrupción puede alcanzar algunos chivos. Ayer se conoció la aprehensión del presidente de la organización Provida, Jorge Serrano Limón, una vieja denuncia de peculado de la ASF.
Hace más de diez años se hizo famoso por el caso en que se le señaló por haber ejercido 25 millones de pesos, asignados para fomento de actividades de la mujer, en pagos de servicios y lujo, improcedentes, y comprar una prenda femenina íntima que se hizo emblemática del escándalo, las tangas de Provida.