#AsuntosPúblicos: LO DEL AGUA AL AGUA

Ahora le toca pagar la cuenta al restaurantero del Viníssimo Francisco Valencia García.

Tiene encima dos acciones de rendición de cuentas: la oficial, el daño patrimonial determinado por el (Orfis) en 25.6 millones de pesos causados en su gestión como director de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en 2014, una serie de irregularidades resumidas en 6 observaciones.

El detalle de las anomalías por las que podría fincarle responsabilidad al también empresario constructor (disponible en la página web del Orfis dentro del Informe de Fiscalización a la Cuenta Pública de 2004), muestra casos de mala gestión y administración de obra pública –muy comunes en Veracruz-, en los que se puede presumir la complicidad entre los funcionarios que asignan y pagan la obra y los contratistas, alianza clara para lucrar con el dinero público.

En sólo en una obra, la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales Cabeza Olmeca en Veracruz, el ingeniero se fue más cabezón que Olmeca; se embolsaron 11.8 millones de pesos sin documentación comprobatoria, además la obra nunca se inició. Otros pagos de obra improcedentes son: en el sistema de agua en San Andrés Tenejapa por 3 millones 700 mil pesos; al Tratamiento de Aguas Residuales en Camarón de Tejeda por 2.5 millones de pesos; la electrificación de la planta de tratamiento de Poza Rica por casi 2 millones de pesos. Todas estas obras tienen en común que se pagaron anticipos y algunos trabajos, pero en la realidad son fantasmas, no se hicieron. Hay también algunas obras en las que amortizaron con error los pagos, es decir, pagaron en demás o no descontaron lo que había en beneficio del constructor (ahí me llevas). Es el caso del sistema de alcantarillado de Coyutla, donde les resultó una diferencia por 1.5 millones, la obra está abandonada y sin terminar; y en el Sistema de Agua de Pánuco no recuperaron un anticipo de 3.7 millones de pesos.

CUENTA PÚBLICA

La otra cuenta que debe rendir es de fondo políticos, el dinero turbio del erario, de la contabilidad clandestina, dispuesto en efectivo para misiones, sin comprobación documental, en las que es común le apliquen la rasurada a el clavel, otra versión de lo del agua al agua.

Valencia a quien se relaciona desde el sexenio anterior como prestador de servicios al PRI dentro del PRD –entonces se hizo socio del priista Jorge Carballo- fue designado por el gobernador Duarte Secretario de Comunicaciones y luego reacomodado como director de la CAEV.

En el mes de noviembre pasado Valencia renunció. Supuestamente por un proyecto político, buscaría la candidatura a gobernador por el PRD. Cuentan de adentro que le dieron 100 kilos al ingeniero para que infiltrara al PRD, confiando en sus relaciones al interior de ese partido, al que en otros momentos había sobornado por cuenta del priismo; su objetivo era impedir que los consejeros nacionales aprobaran ir en coalición con el PAN en la elección de gobernador, Fracasó, la coalición se tambaleó, pero finalmente fue aprobada en la primera quincena de enero.

Valencia volvió unos días y se perdió de nuevo.

El Orfis, sí le notificará por los 25.6 millones de pesos (si es que lo encuentran). ¿Rendirá cuentas por los 100 que le dieron para el PRD?

CONTRA EL BORRÓN Y CUENTA NUEVA

Prende el ejemplo la rectora de la UV Sara Ladrón de Guevara de hacer pública la omisión del Gobierno del Estado en la entrega de los recursos presupuestados, así como la decisión de pasar al cobro ante instancias políticas y judiciales.

La semana pasada se conoció el acuerdo de los consejeros del Órgano Público Local Electoral (OPLE), antes IEV, de propalar el adeudo que tiene “la Secretaría de Finanzas y Planeación” por ejercicios fiscales anteriores, que suman 40.7 millones de pesos de 2013 a 2015. La comunicación en la que exhortan al pago la enviaron a la Cámara de Diputados –ahí le dieron lectura-, pero tapó esa nota la demanda de renuncia y juicio político al Gobernador Javier Duarte, promovida por legisladores de Morena y el PRD. También la hicieron llegar al Senado, a la Auditoría Superior de la Federación (que hoy sin duda tundirá al gobierno de Duarte), entre otros. No hay certidumbre de que cobrarán, ni la UV ni el OPLE, pero lo que se advierte es un rechazo al borrón y cuenta nueva de la visión gubernamental. En esta cómoda postura el compromiso presupuestal, el monto de la partida asignada y aprobada por el Congreso local, se le considera convenencieramente una dádiva o una previsión que puede o no realizarse –te doy si tengo, si no, te aguantas- y cerrado el año fiscal, se cancelan. Borrón y cuenta nueva.

Los reclamantes al menos salvan su responsabilidad como representantes de la institución, aunque del lado de los que manejan el dinero les aplica la ley del embudo. Extrañamente ayer se asomó un potencial cobrón. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura refirió, sin cuantificar, que también a ellos les deben (¿a quién no?), Y que podrían ejercer alguna acción legal de cobranza. Dicen que les debe unos 400 millones de pesos, pero si se atreve no se duda le van a revirar con los cerca de 500 millones que el Poder Judicial no le ha pagado al IPE. Al principio de la presidencia de Alberto Sosa, se recuerda le dejaron hacer el negocio de la construcción del Palacio de la Justicia, como pomposamente gustan llamarle al edificio, obra adjudicada con sobreprecio con una empresa arreglada con nexos políticos con los fideles. También le dio facilidades para el control de la manada, el sistema jubilatorio de excepción a magistrados, además hubo intervención para operar su reelección. Y ahora tiene la zanahoria de la autonomía presupuestal que es más bien atole con el dedo. Agachado y servil como ha sido Sosa con el gobernador, pareciera más una actuación para que su sucesor(deja el cargo en diciembre próximo) no diga que no gestionó el cobro.