+Columna de Eduardo Coronel Chiu, publicada en Diario AZ Xalapa y Veracruz.
Zona Centro
Eduardo Coronel Chiu - 2016-02-12
Aunque no es la primera vez que partidos políticos y organizaciones civiles piden o exigen la renuncia de Javier Duarte, señalado incompetencia o corrupción, a diferencia de las precedentes, en esta coyuntura que combina explosivamente una crisis de inseguridad con la quiebra de las finanzas públicas, en un escenario de elecciones para gobernador y Congreso, la caída no se ve imposible
En el estado hay numerosos signos de ingobernabilidad que se reflejan en los discursos de actores políticos de oposición, pero también en la percepción de la gente de la calle e incluso en actores del mismo partido del gobernador, el PRI.
De ambos lados del espectro político hay motivos de conveniencia en su salida.
Y es que lo empuja la oposición, como leña de campaña. Aprovechan sus debilidades, hacen una campaña fácil señalado al estado de deterioro en diversos ramos de la administración, con énfasis en lo más obvio: la inseguridad y resurgimiento de la violencia criminal; la insolvencia y endeudamiento, sus comisiones de pago a pensionados, empresarios, prestadores de servicios, constructores, a la Universidad Veracruzana, a dependencias y a un largo etcétera; las carencias en Veracruz, pobreza y empleo, ingresos, contrastando con la riquezas de la camarilla y socios.
Pero también es un estorbo al PRI. Objetivamente, con tal cantidad de frentes abiertos e innumerables segmentos sociales agraviados y excluidos, seguro voto de castigo, el gobierno de Duarte se ha convertido en el peor lastre para el candidato del PRI al gobernador Héctor Yunes Landa.
De acuerdo con la información de un destacado militante del PRI cercano al grupo político del candidato Héctor Yunes Landa, el escenario de derrota no se descarta, si no hay de inmediato un viraje que recomponga la gobernabilidad. Este arreglo tiene como premisa una transición sin Duarte y una inyección financiera. Según sus encuestas reveladas, el 80% no votaría por el PRI, y la aprobación del Gobernador Javier Duarte es inferior al 5%.
Y la elección está a la vuelta de la esquina, a tres meses y medio, el 5 de junio.
En el Congreso de La Unión.
Ayer en el Congreso de la Unión resonó la demanda política de que Javier Duarte se separe del cargo de gobernador. En la Cámara de Diputados abrió fuego en tribuna el partido Morena por conducto de su vicecoordinador Virgilio Caballero, y se le sumaron diputados del PRD, que por cierto tienen una demanda de desafuero de Duarte –congelada- que buscan reactivar.
Justificaron el debate y el petitorio los recientes hechos de inseguridad en Veracruz: el caso de los cinco jóvenes víctimas de desaparición forzada por la policía del estado en Tierra Blanca, el Ayotzinapa jarocho, el hallazgo del cementerio clandestino en el rancho El Limón en Tlalixcoyan y un crimen más en el medio periodístico, el de la reportera Anabel Flores Salazar levantada en su domicilio de Ciudad Mendoza y hallada muerta con huellas de tortura en una carretera de Puebla; la quinceava víctima del oficio de la comunicación en la gestión de Duarte es un hecho que refuerza la visión de ausencia de garantías para ejercer el periodismo.
Se apropiaron del tema, aun fuera de agenda legislativa. El legislador de Morena, Caballero, usó su tiempo de un asunto de trabajo y se lanzó a la reseña de hechos, lectura de una carta de periodistas del estado, para luego requerir al secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, una respuesta a la solicitud de declarar a Veracruz en estado de emergencia ante la crisis de inseguridad; a la PGR, que investiguen los nexos de seguridad pública con la delincuencia organizada y al Presidente de la República que actúe como jefe de estado ante la crisis de Veracruz, que deje de proteger con el silencio a Duarte, exigieron justicia y que renuncia el gobernador. Desde su curul apoyó la diputada por Coatzacoalcos, Rocío Nahle, y el diputado por PES, también de esa región, Gonzalo Guízar Valladares –cuyo hermano fue asesinado hace unos días-, quien pidió se nombre un comisionado federal, como lo hubo en Michoacán. En el mismo acto, militantes de Morena del PRD se apoderaron de la tribuna y exhibieron carteles de denuncia con textos alusivos a la inseguridad y la renuncia de Duarte. Del PRI no hubo quien saliera a la defensa. Los diputados federales del PRI por Veracruz, se sumieron.
En el Senado, por su parte, Fernando Yunes Márquez, el hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, el candidato de la coalición PAN-PRD, pegó en blandito; como presidente de la Comisión de Justicia, controló al presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento a Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, Marco Antonio Blázquez, del PT, y se jaló a algunos otros senadores del PAN; puso el guión de la delincuencia e impunidad y propuso que proceda el desafuero de Javier Duarte como gobernador.
¿Montaje?
Con la tunda política mediática al gobernador Javier Duarte en medios nacionales y locales, remata en el Congreso de La Unión con las demandas de su desafuero por incompetencia en asuntos de seguridad pública, como entorno informativo del día, llamó la atención la sorpresiva resolución exprés de un presunto secuestro de cuatro jóvenes del puerto de Veracruz.
En unas cuantas horas, difundieron la noticia del secuestro del grupo en un puesto de tacos de un fraccionamiento porteño, supuestamente ejecutado por miembros de la ”delincuencia organizada”, pero como aplicaron el ”código rojo” forzaron a que los delincuentes abandonaran a sus presas.
En las redes sociales pusieron en duda la versión oficial; los más suspicaces apuntaron al montaje. Y es que ya nadie les cree.
Aparte de la crisis de seguridad y de finanzas públicas, hay también una crisis de confianza, de credibilidad. En esta crisis múltiple, anote usted cual otra percibe. ..