#AsuntosPúblicos: DÍA DE CAMPA

Vino ayer con cara de luto y gesto grave al pequeño Ayotzinapa de Veracruz, el subsecretario de Gobernación en el ramo de derechos humanos, Roberto Campa Cifrián.

Cumplió con el compromiso de descender al hoyo de calor que es Tierra Blanca, adonde estuvo acompañado del fiscal del estado, Luis Ángel Bravo. Ahí rindió un informe de búsqueda infructuosa, que no da avances o resultados, a los familiares de los 5 jóvenes originarios de Playa Vicente desaparecidos desde el pasado 11 de enero por la policía del estado.

La estadística quizá le sirva para justificar que han tenido acción y voluntad, pero no consuela o resigna a los familiares de los desaparecidos ni resuelve el caso globalmente. El recuento enumera tropas, 250 elementos de la gendarmería nacional, modalidades de búsqueda, desde binomios caninos y de caballería, buzos, expertos en áreas confinadas y estructuras colapsadas, hasta monitoreo aéreo con drones; suma acciones 50 patrullajes carreteros, 54 búsquedas con protocolo de la Cruz Roja, 639 operativos a cargo de la Policía Ministerial. Encontrados, igual a cero.

Un dato nuevo es la localización de un rancho denominado El Limón, en Tlalixcoyan, con rastros de chupaductos y transportistas de droga, donde conjeturan, sin más explicación o causa, podrían haber estado los jóvenes desaparecidos.

Están consignados y sujetos a proceso penal 7 policías del estado acusados de la desaparición; uno de ellos, el comandante Marco Conde Hernández, se menciona, ha sido relacionado con desaparecidos en todas las plazas de seguridad pública en las que trabajó, Veracruz, Boca del Río, Cardel y Tierra Blanca.

Capturaron al supuesto jefe de la plaza en Tierra Blanca –el ingeniero “Navarrete”-, exhibido como “promotor del voto priista en la zona” y coordinador de campaña del ex tesorero de Duarte, Tarek Abdalá, diputado federal por Cosamaloapan.

Pero los jóvenes no aparecen, los policías detenidos no confiesan, tampoco se establecen los motivos del secuestro. No hay verdad histórica. Todavía los siguen buscando.

VOCERRATÓN

El ex panista José Ramón Gutiérrez de Velasco, mejor conocido como Joserratón debido a su voracidad saqueadora cuando fue alcalde de Veracruz, en su reciente fase de diputado local del PRI, se ha revelado como un espontáneo aunque interesado vocero de vocación. Vocero y ratón, vocerratón.

Depositado en la curul con la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, Joserratón, hasta no hace mucho todavía, se las daba (las declaraciones) al gendarme Bermúdez. Ahora saca la cara por su socio Mauricio Audirac, el ex secretario de Finanzas inhabilitado y denunciado penalmente por desvíos, su par de la estirpe roedora de fondos públicos, acomodando su nombre para ostentar el mote, Audi-rat.

Trasluce el vocero oficioso la antigua relación de complicidad entre ellos; Joserratón alcalde, Audirat su auditor favorecido, y luego su garantía de impunidad como titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).

Al conocerse la denuncia de la Contraloría del Estado, a cargo de Ricardo García Guzmán contra Audirac por desvío de 1,300 millones de pesos de fondos federales destinados al ramo de salud, vocerratón se apresuró a declarar que aquel trabaja tranquilo y que sus abogados preparan la defensa. Lo que Audirat, habría querido decir…

OTRA QUE VIENE

Hay otro lanzamiento contra Audirac y su banda, que no tardando dará de qué hablar.

Se trata de una denuncia generada en la investigación de una queja de un grupo de solicitantes de placas de taxi que los causan de haberlos defraudado con 20 millones de pesos.

La maquinación, que en otra ocasión detallaremos, es típica de cuello blanco burocrático.

Al igual que la del desvío de fondos federales, la denuncia presentada por la Contraloría encabezada por Ricardo García Guzmán, la tiene la Fiscalía del Estado y está para integrarse por una serie de delitos que incluyen exigencia de dinero a particulares para la gestión, abuso de autoridad, por arrogarse facultades ajenas a su competencia, simulación de operaciones y fraude. Cobraron las concesiones sin ingresar el dinero a la caja, alteraron el sistema informático para generar órdenes de pago sin validez; al final los incautos que pagaron en cash a los Audirats se toparon con que su derecho a obtener concesiones de taxis eran balines.