#AsuntosPúblicos: NEO-CACIQUES RURALES

Son pocos los apoyos gubernamentales al campo para que vivales incrustados en el gobierno se los apropien ilegalmente o lucren con las necesidades de los productores rurales.

Dos casos concretos de este tráfico de influencia, denunciados a principios de año por el diputado local presidente de la Comisión de Vigilancia, Francisco Garrido Sánchez, en la tribuna del Congreso, se han quedado hasta ahora sólo como una exhibición de los abusos con los recursos públicos, pero sin que alguna otra autoridad intervenga para verificar la legalidad y obligar a los involucrados a la rendición de cuentas.

El más cabezón y descarado es Juan Cruz Elvira, actual diputado local por el PVEM en el distrito de Acayucan y ex presidente municipal de Isla en dos ocasiones por el PRI, en 2003-2007 y 2011-2013, a quien se vincula con el diputado federal Erick Lagos, como se sabe uno de los políticos encumbrados en los sexenios de Fidel Herrera y Javier Duarte.

Clavelito con la piña

Juan Cruz Elvira, un político de rancho, cuya ficha negra se liga con crímenes políticos en la zona, fosas clandestinas en sus terrenos e incluso con su hermana burrera de coca capturada en Tamaulipas, esta vez enfrenta un asunto exclusivamente de dinero; se le señala de haberse quedado con 45 millones de pesos de un presupuesto aprobado en 2015 por el Congreso local para apoyar a los productores de piña.

Según los pasos del dinero presuntamente desviados, la Secretaría de Finanzas radicó estos fondos en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y está los entregó a dos organizaciones, La Unión de Ejidos ”Alfredo V. Bonfil” y una sociedad de productores rural (igualmente denominada)”A.V. Bonfil”, ambas controladas por Juan Cruz Elvira. El dinero ingresó a las cuentas de estas organizaciones, pero ya no le llegó a ninguno de los 5 mil productores previstos como beneficiarios; Cruz Elvira, a través de sus empleados de la organización, ordenó el traspaso a su favor, los succionó y usó en su propio beneficio. El asunto se destapó precisamente por quejas de los productores de piña de que no recibieron ni un peso de los 45 millones autorizados. Se sabe que recientemente fue a la Sefiplan a intentar comprobar la aplicación del recurso, no con evidencia de haberlo entregado a los 5 mil productores de piña, sino con bienes de su propiedad, obviamente no se lo aceptaron (por ahora). ¿Lo obligarán a entregar el dinero a los productores o a reintegrarlo a las arcas del estado?, ¿Procederán penal o administrativamente en su contra, en este gobierno o se lo dejarán al siguiente? Quién protege a Juan Cruz Elvira.

Insumos en tienda de raya

El otro cacicón tiene la sede de sus negocios agropecuarios en la región de Cardel, pero es al mismo tiempo Subsecretario de Desarrollo Agropecuario del Estado (Sedarpa), Valentín Casas Cortés ha sido subsecretario de Sedarpa en dos ocasiones, ahora lo es por segunda vez –lo rescatan después de un presunto secuestro en su región en 2011; ex presidente municipal de Cardel y empresario agropecuario y comerciantes de productos del campo. El problema con él, según denuncia reiterada del diputado Garrido del Partido Alternativa Veracruzana (AVE) es el conflicto de interés en el que incurre Valentín como funcionario agropecuario y vendedor de insumos a productores del padrón de beneficiarios de los programas del gobierno del estado.

Suministra a crédito los insumos a productores de la zona, a los precios más elevados del mercado, pero cierra la pinza para cobrar, gracias a su información de quiénes son los productores y su gestión para que les otorguen los subsidios, que no bien les han llegado, cuando ya los atrapó la cobranza de Valentín.

Su excusa sin ingenuidad, sino con cinismo, es que los negocios del comercio de insumos agropecuarios no son suyos, son de su familia, sus homónimos descendientes Valentín Casas. El diputado Garrido en varias ocasiones ha pedido su destitución, Valentín sigue ahí.

Desaparición forzada, persiste

Son ya 7 los policías de seguridad pública consignados ante un juez por la fiscalía, pero los cinco jóvenes originarios de Playa Vicente levantados hace 8 días en la carretera a Tierra Blanca siguen desaparecidos.

De no haber sido por sus padres que presionaron a las autoridades y mostraron las evidencias de la participación de la policía del estado en la detención arbitraria de los cinco jóvenes, quizás se habría dicho que andaban de juerga o algo parecido. De acuerdo con videos y testigos los jóvenes fueron intervenidos en el automóvil Jetta en que viajaban en una gasolinera de Tierra Blanca, al lado de un centro comercial; horas después, el auto fue encontrado abandonado en la carretera de Medellín.

La atención nacional está sobre Veracruz por este tema; hace días que intervienen instancias federales, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Después de la última consignación, el fiscal Luis Ángel Bravo admitió que los policías habían entregado a los jóvenes a "la delincuencia organizada" y que se había localizado un vehículo con presuntos restos humanos, sin confirmar que se tratara de los cuerpos de los desaparecidos.

Y todo lo que ha acostado y cuestan la “Fuerza Civil”.