#AsuntosPúblicos: DESVENTURAS DEL EXTINTO TRIBUNAL ELECTORAL

Remitidos por la ley a la disposición del Poder Judicial del Estado para garantizarles sus derechos laborales, los damnificados integrantes del desaparecido Tribunal Electoral del Estado, los tres magistrados y su plantilla laboral de cerca de 50 trabajadores, no encuentra el lugar y menos pago salarial en el Palacio de Justicia, donde reina pleni-prepotenciario ( lleno de prepotencia) el magistrado Alberto Sosa Hernández.

La reforma política- electoral más reciente a nivel federal y sus adecuaciones en la legislación local, hoy vigente, separó el órgano jurisdiccional de las entidades del Poder Judicial al que pertenecía y otorgó la facultad del nombramiento de nuevos magistrados al Senado de la República. Acabo el juicio de inconstitucionalidad sobre el actual Código Electoral de Veracruz, la sentencia relativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, finalmente se declaró la pertenencia laboral de magistrados y demás personal al Poder Judicial del Estado.

En cumplimiento a la ejecutoria de la Corte, el Congreso Local modificó los transitorios del Código Electoral en los siguientes términos: “Los magistrados que al momento de la entrada en vigor del presente Contigo laboren en el Poder Judicial del Estado continuarán perteneciendo al citado poder en los términos que señale su nombramiento”.

Y sobre el resto del personal en el mismo sentido: “... el personal adscrito al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado se reincorporará ha dicho poder, en este último caso en los mismos términos en que fueron contratados, respetando los derechos y prerrogativas laborales adquiridos, conforme a la legislación aplicable.

A mediados de diciembre pasado, como es sabido, el Senado nombró a los tres nuevos magistrados electorales, desplazando a los tres anteriores que cesaron en sus funciones, Daniel Ruiz Morales, Gregorio Valerio y José Luís Álvarez Montero, Y a partir del regreso a labores este año el resto del personal fue removido por los nuevos integrantes. Quedaron al capricho de la tortuosa (in) justicia Sosa, y además sin espacio ni escritorio ya que al nuevo Tribunal le prestaron el inmueble que ocupaba el extinto tribunal.

Acuerdos sosos

Los ex magistrados electorales acudieron al pleno del Tribunal Superior de Justicia para que les dieran su adscripción y rebotaron con el especial y tortuoso criterio impuesto por el presidente magistrado Sosa.

Al Daniel Ruiz Morales, que presidió el Tribunal Electoral y quien ya era magistrado inamovible antes de ser designado por el Congreso en 2009, aunque le reconocieron esa calidad, lo dejaron en el limbo; se declararon impedidos para darle alguna tarea o adscripción aduciendo que ya están completos numéricamente (son 30) conforme lo dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Además que no podrían pagarle, puesto que carecen de partida presupuestal. Es magistrado sin adscripción ni carga laboral o función, sin escritorio ni pago. Casi honorario. Como gran favor y responsabilidad Sosa, el tribunal pide al Gobierno del Estado y al Congreso una ampliación presupuestal y una reforma a la Ley Orgánica para pagarle a Daniel y darle un lugar.

A los otros dos, Gregorio Valerio y José Luis Álvarez Montero, que tenían un previo nombramiento de magistrados por 10 años previo a la designación al Tribunal Electoral en 2009, por otros 10 años que no se cumplieron, simplemente no les reconocieron la calidad de magistrados. Ustedes no son de aquí les dijeron.

Lo más seguro es que los tres demanden violaciones de derechos en juicio de amparo contra el Tribunal y que terminen ganando –como ha sido el caso de otros similares, como la magistrada Concepción Flores Saviaga o Alfredo Algarín-, tendrían que pagarles y sin haber laborado.

Hoy están citados ante el Consejo de la Judicatura los demás trabajadores del desaparecido Tribunal Electoral. No se hacen muchas ilusiones viendo el trato a los ex magistrados electorales, y el recibido directamente de ese consejo, también controlado por Sosa, desde antes padecieron la hostilización laboral, se las hacían cansada para renovarles contratos y les demoraban sus pagos. A ver con que le salen.

No tiene empacho Alberto Sosa en violar la Constitución del Estado para ser consejero de la judicatura a Pedro Luis Reyes Marín, impedido para hacerlo, pero se escuda en la Ley Orgánica del Poder Judicial, de menos jerarquía que la reforma constitucional y la sentencia de la suprema corte en la acción de inconstitucionalidad del Código Electoral. Así es la justicia sosa.

Palabras mayores

Hoy podría ser el día de las palabras mayores, la revelación del nombre del candidato del PRI a gobernador del estado para el próximo período de dos años.

Los cuatro firmantes del pacto de unidad, los dos senadores Pepe Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa, Alberto Silva y Erick Lagos están convocados a una reunión con el presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, el mensajero de la decisión.

La fallida intentona de frenar la coalición PAN-PRD fue la última mano y dicen, fueron literalmente desplumados y además con cuello torcido; como ironía entrelíneas ayer otra AVE, el partido dos/tres re-destapó a Héctor Yunes Landa, híper destapado ya.

Línea y cargada lista. Ya se verá.